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El establecimiento de la oficina surge tras la aprobación en abril de la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa.

La Oficina del Inspector General señaló que de manera inusual el DCR adquirió los servicios profesionales de esta compañía mediante órdenes de compra, en algunas ocasiones no le hizo las retenciones contributivas y pagó facturas que no detallaron los servicios prestados.

La investigación federal comenzó hace cinco años y comprende un período en que el Senador estuvo en la alta plana del Departamento de Educación, fue contratista en la CEE y Comisionado Electoral de Pedro Pierluisi, según fuentes.

El súper PAC gastó $2.3 millones principalmente en servicios provistos por DEP Publicidad, una agencia usada exclusivamente para hacer negocios con este comité empresarial, pero la corporación detrás de la estrategia publicitaria es Guardarraya Communications, una empresa establecida por el fundador de ARCO Publicidad.

Un ambiguo reglamento que aprobó el Senado mantiene al Secretario del Departamento de Educación como figura central en la toma de decisiones y no garantiza la participación de la comunidad.

Luego de que la CEE les permitió a los representantes de ES&S estar como observadores de las primarias, esta compañía presentó un estimado de $56 millones para venderle máquinas de escrutinio.

A pesar de las promesas de enmendar el Código Electoral de 2020, el ciclo electoral inició con el estatuto prácticamente intacto debido a la falta de liderato y las luchas dentro del Partido Popular Democrático así como a la renuencia del Partido Nuevo Progresista a reducir su control sobre la Comisión Estatal de Elecciones.

Desde que entró en vigor la nueva ley, quien ocupa la presidencia ejerce la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de la Comisión.

Los partidos que se presentan como opción en las próximas elecciones prefirieron evadir su responsabilidad de presentar sus propuestas sobre la crisis climática.

Héctor Joaquín Sánchez Álvarez convocó a cuatro empleados del Departamento de Educación, que servían de jurado en el Premio de Maestro y Director del Año 2022, para decirles a quiénes debían favorecer.

Víctor Fajardo toma un café en algún rincón del área metropolitana. Antes del cortadito, el exfuncionario de la administración de Pedro Rosselló González advierte que ha estado apartado de los medios desde su salida de la cárcel en el 2013. “Por la familia”, dice. Cumplió diez años tras las rejas a nivel federal y dos […]

La Junta de Control Fiscal (JCF) nombrada por el gobierno federal firmó un contrato con la empresa de consultoría en comunicaciones Forculus Strategic Communication, pero ni los miembros de la Junta ni el director ejecutivo de la empresa saben dónde se debe registrar el mismo ni lo han querido hacer público. “Precisamente ese es el […]

VEREDICTO: FALSO El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, afirmó el pasado 22 de agosto en entrevista con El Nuevo Día que el gobierno de Puerto Rico gasta de $300 millones a $400 millones en contratos externos de tecnología que serían mejor invertidos en su propuesta de crear la nueva dependencia gubernamental, […]

En momentos en que se cuestiona el buen juicio de algunos partidos en los procesos de avalar a sus candidatos, el Centro de Periodismo Investigativo encontró que no se atienden las violaciones o posibles violaciones a la ley electoral durante la evaluación.

En Estados Unidos, los mega donantes han ido cambiando el tablero de las campañas electorales a partir de cambios en el marco legal que equiparan un donante individual a una entidad jurídica y en la práctica eliminan los topes de donativos. En Puerto Rico, ya se anticipa el rol activo que tendrán los grandes donantes en las elecciones 2016 mediante las campañas “independientes” y “no coordinadas”. La controversia sobre su legitimidad no se hace esperar.

La Ley 222 aprobada en el 2012, promovida por la administración de Luis Fortuño, redujo y eliminó la inmensa mayoría de las penalidades y delitos contenidos en la pasada ley electoral, lo que dificulta imponer sanciones a los políticos que no manejen correctamente el dinero recaudado. Al presente, se le permite a los candidatos señalados simplemente enmendar sus informes múltiples veces y en casos mayores viabiliza la imposición de multas administrativas u ordenar la devolución del dinero.