Héctor Joaquín Sánchez Álvarez convocó a cuatro empleados del Departamento de Educación, que servían de jurado en el Premio de Maestro y Director del Año 2022, para decirles a quiénes debían favorecer.
Héctor Joaquín Sánchez Álvarez convocó a cuatro empleados del Departamento de Educación, que servían de jurado en el Premio de Maestro y Director del Año 2022, para decirles a quiénes debían favorecer.
Víctor Fajardo toma un café en algún rincón del área metropolitana. Antes del cortadito, el exfuncionario de la administración de Pedro Rosselló González advierte que ha estado apartado de los medios desde su salida de la cárcel en el 2013. “Por la familia”, dice. Cumplió diez años tras las rejas a nivel federal y dos bajo supervisión condicionada por estar involucrado en un millonario esquema de corrupción en el Departamento de Educación (DE). Vino para hablar del programa de la Carrera Magisterial y las Escuelas de la Comunidad, ambos parte de la Reforma Educativa que implantó (1993-1999).
La Junta de Control Fiscal (JCF) nombrada por el gobierno federal firmó un contrato con la empresa de consultoría en comunicaciones Forculus Strategic Communication, pero ni los miembros de la Junta ni el director ejecutivo de la empresa saben dónde se debe registrar el mismo ni lo han querido hacer público. “Precisamente ese es el problema. En estos momentos la Junta está haciendo una evaluación para determinar dónde y cómo se va a llevar a cabo el proceso de registro y divulgación de los contratos. Va a ser cuestión de días”, admitió Francisco Cimadevilla, director ejecutivo de Forculus, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Cimadevilla trabajó para la administración de Pedro Rosselló de 1993 al 1999, y entre 2011 y 2016 donó $11,153 al Partido Nuevo Progresista (PNP), según la Oficina del Contralor Electoral.
VEREDICTO: FALSO
El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, afirmó el pasado 22 de agosto en entrevista con El Nuevo Día que el gobierno de Puerto Rico gasta de $300 millones a $400 millones en contratos externos de tecnología que serían mejor invertidos en su propuesta de crear la nueva dependencia gubernamental, la Puerto Rico Technology Innovation, que “recopilará y conectará” a todas las agencias públicas. La iniciativa sería costeada con el ahorro que el gobierno generaría al eliminar dichos contratos. El gasto en contratos externos fue tomado por Rosselló y su equipo de la fuente oficial sobre el tema de los contratos, el registro de contratos públicos de la Oficina de Asuntos del Contralor de Puerto Rico, según informó el director de campaña del candidato Elías Sánchez. En efecto, las tablas que usaron como base para el cómputo, provistas por Sánchez, surgen directamente de la fuente primaria, la Oficina del Contralor, según fue confirmado, y suman $326 millones en contratos para el año fiscal 2015-2016. Pero de las propias tablas se desprende que utilizaron para el cómputo algunas categorías de contratos que no son propiamente de tecnología, como servicios de clasificación y almacenaje de documentos, servicios de facturación médica para los hospitales y clínicas del gobierno, servicios de procesamiento de pagos, y fotocopiadoras.
En momentos en que se cuestiona el buen juicio de algunos partidos en los procesos de avalar a sus candidatos, el Centro de Periodismo Investigativo encontró que no se atienden las violaciones o posibles violaciones a la ley electoral durante la evaluación.
En Estados Unidos, los mega donantes han ido cambiando el tablero de las campañas electorales a partir de cambios en el marco legal que equiparan un donante individual a una entidad jurídica y en la práctica eliminan los topes de donativos. En Puerto Rico, ya se anticipa el rol activo que tendrán los grandes donantes en las elecciones 2016 mediante las campañas “independientes” y “no coordinadas”. La controversia sobre su legitimidad no se hace esperar.
La Ley 222 aprobada en el 2012, promovida por la administración de Luis Fortuño, redujo y eliminó la inmensa mayoría de las penalidades y delitos contenidos en la pasada ley electoral, lo que dificulta imponer sanciones a los políticos que no manejen correctamente el dinero recaudado. Al presente, se le permite a los candidatos señalados simplemente enmendar sus informes múltiples veces y en casos mayores viabiliza la imposición de multas administrativas u ordenar la devolución del dinero.
