La quiebra de Puerto Rico le ha costado al pueblo más de $225 millones en un año, solamente en abogados y consultores financieros. Se proyecta que el gasto ascenderá a $1,200 millones durante los próximos seis años, incluyendo los gastos de la Junta de Control Fiscal. Empujé líneas como estas, con sus variaciones, como apuesta para comenzar una serie de historias que indagara en la facturación en servicios profesionales dentro del proceso de bancarrota que enfrenta la isla. No tuve éxito. Cuando se habla de cientos de millones de dólares, cifras por sí solas no alcanzan a explicar la magnitud del asunto.

Como parte del proceso de quiebra de Puerto Rico, dos comités representan a los pensionados y a los acreedores no asegurados, un grupo que incluye empleados públicos, maestros, contratistas del Gobierno y todo aquel que tenga reclamaciones de dinero contra el Estado.

Aunque PROMESA empodera a la Junta como único representante de Puerto Rico — la tutora legal del Gobierno — en los casos de quiebra, la administración Rosselló Nevares cuenta con su propio batallón de abogados y consultores que participan activamente en el proceso. Esta duplicidad de trabajo por parte de los abogados y consultores de la Junta y el Gobierno le ha costado, por lo menos, $150 millones al erario en tan solo un año.

Después de un año de los casos de quiebra de Puerto Rico, los bufetes y firmas de la Junta, el Gobierno y comités que representan pensionados y acreedores no asegurados han facturado más de $220 millones. La cifra ya supera lo que se facturó en los casos de quiebra de Detroit, Jefferson County en Alabama y Orange County, California.