DDEC

Mientras la cantidad de cruceristas en el Viejo San Juan aumentó 11% de 2015 a 2025, vecinos alertan que se pone en jaque la infraestructura pública y la vida en comunidad.

Organizaciones ambientales y cívicas dicen estar abrumadas ante las múltiples medidas legislativas que trastocarían el sistema de permisos, afectarían el medio ambiente y limitarían su participación en los procesos de evaluación e impugnación de proyectos.

El Tribunal falló contra el Departamento de Hacienda y le ordenó notificar por qué no le dio el contrato millonario de publicidad.

A principios de año, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio reclamó como un logro la cancelación de 23 decretos en el 2025, tras auditar a casi 2,000 beneficiarios bajo el Código de Incentivos. Pero no revocó el decreto de este inversionista residente, que había sido hallado culpable de fraude en California desde el verano pasado.

Según la Compañía de Turismo, las unidades de vivienda propuestas en el proyecto duplican en número las de hospedería turística. La agencia recomendó al proponente reducir la cantidad de viviendas para que pueda acogerse a más créditos contributivos.

Por no entregar datos públicos sobre incentivos, exenciones y decretos otorgados a corporaciones relacionadas con la industria turística bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó este martes al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

San Juan, PR – El Tribunal de Primera Instancia en San Juan recibió ayer una petición de mandamus del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que ordene a Manuel Cidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entregar la base de datos que dio pie al más reciente informe presentado por el […]

La Ley 22 requiere a los inversionistas residentes donar anualmente a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. Una investigación del CPI que tomó como muestra los datos del año 2022 encontró múltiples violaciones a esta exigencia que se hace para obtener el privilegio contributivo.

El Gobierno prometió mano dura contra los infractores, una auditoría a cada beneficiario y cambios a la ley para requerir mayor inversión en Puerto Rico para otorgar el incentivo.

Ya son cuatro jueces que ordenan la entrega al Centro de Periodismo Investigativo de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley 22.

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio debe entregar informes de beneficiarios sobre Ley 22 sin información personal

La iniciativa gubernamental para atender los problemas de permisos a nuevos negocios tiene dos años de atraso y su reglamento no ha sido aprobado. La página de Internet no funciona, faltan inspectores y algunos incentivos han sido eliminados.