Una compañía de Hamed R. Wardak fue investigada por el Congreso en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico.

En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la Isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.

El año pasado, Wardak fue acusado por su ex pareja de violación mediante una demanda presentada en Nueva York. Wardak, ahora un productor de música, negó los hechos. 

Aaron Vick, un contratista estadounidense, fue referido al Departamento de Justicia luego de que su firma apareciera en la venta fallida de un millón de pruebas de COVID-19 al Gobierno de Puerto Rico. Dos meses después, todavía bajo investigación, Vick obtuvo un decreto de Ley 22.

En el 2019, fueron acusados de fraude, en casos separados, Lancelot Patrice Michel De Montsegur y Michael Williams, ambos beneficiarios de Ley 22. De Montsegur se declaró culpable de procesar pagos fraudulentos con tarjetas de crédito. A Williams le fue asignado un síndico y sus cuentas bancarias fueron congeladas luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) lo acusara de apropiarse ilegalmente de fondos de sus clientes.

Rishi Shah y Shradha Agarwal obtuvieron decretos de Ley 22 en el 2019. Ese mismo año, fueron acusados de fraude por la SEC por mentir a inversionistas, clientes y auditores de su compañía. Shah y Agarwal, quien no reside en la Isla, tienen más de $10 millones embargados por el Gobierno de EE. UU., incluyendo dinero que está en bancos de Puerto Rico.

Una investigación colaborativa de varios medios reveló en octubre de 2020 que Euro Pacific Bank, una entidad registrada en Puerto Rico, está bajo investigación por un presunto vínculo con una red internacional de lavado de dinero. Los socios principales del banco, Peter Schiff y Mark Anderson, tienen decretos de Ley 22 desde 2017.

Christopher Johnston, acogido a la Ley 22 en el 2017, fue acusado en septiembre pasado por la fiscalía federal de New Jersey de fraude y robo de identidad junto a dos de sus socios. Johnston está libre bajo fianza y no puede viajar a Puerto Rico.

Keith St. Clair, otro beneficiario de Ley 22, anunció más de $200 millones en inversiones para la Isla. Seis años después, los cuatro proyectos hoteleros y un “film district” que prometió están sin comenzar o sin terminar. El inversionista además enfrenta demandas por cobro de dinero, una disputa financiera con el contratista de uno de los hoteles y una querella del Departamento de Asuntos del Consumidor.

En mayo se radicaron cargos criminales contra Salil Zaveri por matar de varios disparos a un perro en un campo de golf con un arma Glock. Zaveri, quien se acogió a Ley 22 en 2016, dijo que se declarará culpable.

En casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) nunca auditó a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015, según el estatuto.

La agencia no verificó los informes anuales que cada beneficiario debe rendir cada año, su única herramienta de fiscalización. Esta semana, el DDEC envió por primera vez 1,086 notificaciones de incumplimiento a beneficiarios de Ley 22 por no entregar estos informes, reconoció la agencia al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La agencia nunca ha revocado uno de estos decretos. El estatuto permite cancelaciones solo cuando se solicita la exención contributiva mediante fraude o información falsa. El historial de algunos beneficiarios del incentivo refleja además fallas en la verificación del trasfondo de las personas que solicitan un decreto.

“Inversionistas” que no invierten

El fracaso de la Ley 22 no se debe solo a manzanas podridas. Una muestra al azar de 304 beneficiarios de este incentivo, un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local.

Entre los negocios que sí han creado se repiten las pequeñas compañías de asesoría financiera, manejo de inversiones o bienes raíces, domiciliadas en casas y apartamentos, revela la investigación del CPI. De las casi 400 empresas identificadas en la muestra, un 27% fueron canceladas o disueltas al poco tiempo de haber sido creadas. Y hay 115 beneficiarios, o un 37%, que no tienen ningún negocio registrado bajo su nombre en el Departamento de Estado.

Además, se identificó que al menos 91 “inversionistas residentes” de la muestra tienen familiares que también obtuvieron decretos de Ley 22 a título personal solo por estar emparentados con el inversionista principal, sin que el Gobierno conociera en qué invierten, si en algo. Hay personas retiradas y empleados de compañías de tecnología, bienes raíces, financieras, startups y bufetes que se mudan a la Isla para trabajar remoto, sin realizar mayores inversiones o ningún negocio aquí.

El economista José Caraballo Cueto dijo que los hallazgos demuestran el impacto raquítico que tiene la Ley 22 en la economía y la necesidad de hacer cambios al incentivo para sacarle provecho.

“¿Que hay sectores que se han visto beneficiados? Sí, bienes raíces, por ejemplo, ha hecho su agosto. Pero en el aspecto macroeconómico, el impacto es sumamente limitado”, apuntó.

Para él, no es lo mismo traer a un inversionista con un negocio que crea decenas de empleos — y que no compite con empresas puertorriqueñas — que a un individuo que solamente pasa tiempo en la Isla. “No pueden recibir los dos el mismo incentivo”, dijo Caraballo Cueto. Y bajo ninguna circunstancia alguien debe recibir una exención de 100% como ofrece la Ley 22, agregó.

La idea original cuando se propuso el incentivo era atraer capital nuevo de inversionistas que no tuvieran relación previa con Puerto Rico. En la muestra analizada, se encontró casi una veintena de casos de personas que obtuvieron el decreto a pesar de que ya tenían negocios en la Isla. Por lo tanto, establecerse aquí no dependía de haber recibido el incentivo.

Por ejemplo, Richard Shinto fundó la Asociación de Productos Medicare y Medicaid de Puerto Rico (MMAPA) en el 2008 y es el principal oficial ejecutivo de MMM desde hace más de una década. Jim O’Drobinak es el principal ejecutivo de MCS desde el 2011. Ambos obtuvieron decretos de Ley 22 en el 2016.

En ese momento, la ley exigía que la persona que solicitaba el decreto no hubiera residido en Puerto Rico los 15 años anteriores; este requisito se redujo a diez años en 2019.

Shinto no contestó preguntas de este medio.

O’Drobinak dijo al CPI que se mudó a la Isla en el 2016. Su biografía en la página de MCS dice que vive en Condado desde el 2012 y que presidió MMAPA del 2012 hasta el 2016. Al ser confrontado con este dato, el ejecutivo dijo que trabaja en Puerto Rico desde el 2011, pero viajaba a la Isla desde su residencia en EE. UU.

¿Se habría mudado O’Drobinak a la Isla sin el incentivo de la Ley 22?

“Definitivamente. Trabajo para MCS desde el 2011, aunque mantuve mi residencia en Tampa. No obstante, me enamoré de Puerto Rico, de su gente y de la compañía para la que trabajo y decidí mudarme y establecerme aquí junto a toda mi familia en el 2016”, contestó. Liana O’Drobinak, su esposa, también tiene un decreto de Ley 22.

Nadie vigila: el atractivo de la pobre fiscalización

Son muchos los que han promocionado la Ley 22 desde una tarima, pero la audiencia es distinta esta vez. Anarchapulco es una convención anual dirigida a personas que piensan que el libre mercado debe regirlo todo y el Estado no interferir en nada, una visión política que se ha denominado como anarcocapitalismo.

Puerto Rico, según Sam Wolanyk, es una oportunidad única para estas personas.

“No es un país del tercer mundo, [Puerto Rico] es como América lite. El Gobierno está totalmente en bancarrota, pero eso es una ventaja porque no pueden pagar a nadie para que te vigile. A mí me gusta”, dijo Wolanyk en el 2018, dirigiéndose a inversionistas de monedas virtuales como el Bitcoin, un tipo de dinero digital no regulado.

“No recomendaría esto porque no estoy cien por ciento seguro, pero creo que está bien si pasas tres meses en Estados Unidos, cuatro en Puerto Rico y cinco paseando por Europa comiendo croissants. Lo que sí les aseguro es que nadie está vigilando”, dijo Wolanyk en Anarchapulco. Es surfer, vive en Rincón y alquila propiedades en Airbnb, aunque no hay ninguna compañía registrada bajo su nombre en la Isla. En el 2014 consiguió su decreto, un contrato con el Gobierno que le otorga el beneficio de la Ley 22 hasta el 2035.

Un correo electrónico a Wolanyk con preguntas sobre sus gestiones como “inversionista residente” en la Isla y solicitando una entrevista no fue contestado.

Hasta el año pasado, la antigua Oficina de Exención Contributiva Industrial (OECI) administró la Ley 22 y otros nueve incentivos con poco más de una docena de empleados. La OECI recibía los informes anuales que requiere la ley y que nunca fueron auditados.

Este documento debe incluir, entre otros datos, el capital neto o “net worth” del individuo, si alquila o compra alguna propiedad, en qué municipio reside, copia de la planilla contributiva, cuántos empleos genera, un estimado de los gastos que realiza anualmente y cuántos días del año estuvo en la Isla, pues se les exige vivir al menos seis meses al año en Puerto Rico.

En abril, el CPI demandó al DDEC para obtener parte de la información de los informes recibidos, pero el Gobierno intenta argumentar que son confidenciales y que su publicación ahuyentaría a los inversionistas.

En una entrevista con El Nuevo Día, el DDEC aceptó fallas en su fiscalización de la Ley 22 y anunció una auditoría para este año. La agencia dijo al CPI que espera tener sus primeros hallazgos antes de culminar el 2021. La auditoría del DDEC incluye corroborar si residieron en Puerto Rico, si donaron $5,000 a una organización sin fines de lucro y si rindieron sus planillas contributivas e informes anuales.

El DDEC dijo además que creará una división de fiscalización y cumplimiento que se dedique exclusivamente a la revisión del cumplimiento de los decretos. Pero en mayo, el secretario de la agencia, Manuel Cidre, dijo en una vista presupuestaria que los recortes de casi $50 millones al DDEC para el próximo año por parte de la Junta de Control Fiscal ponen en riesgo este tipo de esfuerzo.

La organización Act 20/22 Society, que agrupa a beneficiarios de los incentivos en la Isla, no contestó una solicitud de reacción a los hallazgos de la investigación del CPI.

Desfase entre los números del DDEC y los de Hacienda

La cantidad de planillas de contribución sobre ingresos radicadas por los beneficiarios de la Ley 22 no cuadra con el número de decretos otorgados, identificó el CPI al recibir los datos como resultado de la demanda de acceso a información pública.

Para el año contributivo 2019, Hacienda recibió 1,044 planillas de individuos con el incentivo, mientras que para esa fecha, el DDEC tenía más de 2,400 decretos vigentes. Es decir, había sobre 1,350 planillas menos que los decretos emitidos.

Las explicación de ambas agencias para este desfase es que algunos individuos rinden planillas en conjunto con su pareja y que el decreto se otorgó a personas que no se han mudado a la Isla o que desistieron del proceso, por lo que no tenían que rendir planillas. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Francisco Parés aceptó que “de igual manera pudo haber incumplidores”.

El Código de Incentivos, al que se integró la Ley 22 en 2019, les requiere a los beneficiarios rendir una planilla anual ante Hacienda. Antes de la integración, la ley tenía el mismo requisito. Por lo tanto, el número de planillas sometidas debería guardar relación directa con la cantidad de decretos vigentes al cierre de cada año contributivo. La diferencia entre planillas y decretos existe desde el comienzo del programa en el 2012 y cada año es más marcada, según los datos evaluados.

Desde febrero, Hacienda anunció que, al igual que el DDEC, fiscalizará directamente el cumplimiento de las personas acogidas a la Ley 22. El secretario Parés, quien ocupa el cargo desde el 2019, dijo que no auditó el cumplimiento de beneficiarios de la Ley 22 antes porque quiso priorizar sus recursos en la digitalización de la agencia.

Hacienda está en espera de que el DDEC tenga “mejor visibilidad” sobre quiénes tienen decretos vigentes bajo esta ley. “Una vez tengan esa información, vamos a proceder a comparar con nuestros récords”, dijo Parés.

Según él, la agencia que dirige procesa las planillas de la Ley 22 sin ningún tipo de escrutinio más allá de los controles normales que aplica ordinariamente y solo cuenta con un estimado de planillas que deben recibir de aquellos acogidos al beneficio contributivo. El CPI pidió estos estimados, pero la agencia no los proveyó.

Bajo la lupa del IRS

“El Gobierno no te sigue, no te supervisa, y el IRS no nos ha hecho nada. Es una oferta única”, dice en un video Lobo Tiggre, un inversionista de la industria de la minería de metales con decreto bajo la Ley 22. Llegó a la Isla en el 2014 y describe su experiencia como vivir “en un paraíso con bolsas de basura flotando en el viento”.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) federal ya advirtió que vigila de cerca el uso de este incentivo. En febrero, la agencia incluyó a los beneficiarios de la Ley 22 en una lista de exenciones contributivas con prioridad para ser fiscalizadas. Un abogado que pidió permanecer anónimo dijo al CPI que conoce de múltiples órdenes de parte de autoridades federales, en las que requieren información financiera de varias de estas personas.

“La queja que tiene el IRS es que Puerto Rico no está monitoreando tanto como a ellos les gustaría”, dijo por su parte el CPA Kenneth Rivera.

Para no pagar contribuciones en EE. UU., los beneficiarios de la Ley 22 deben convertirse en residentes bona fide en la Isla y enviar una notificación formal al IRS. También deben demostrar que no mantienen una conexión más cercana con cualquier otro lugar en EE. UU. En la muestra analizada, se identificaron al menos una decena de casos de beneficiarios con negocios principales fuera de Puerto Rico o que no identifican a la Isla como su lugar de residencia.

“No pueden tener una conexión directa. Por ejemplo, no debe votar en Estados Unidos; no debe tener licencia de conducir de Estados Unidos; la familia, lo ideal es que esté acá en Puerto Rico; y una serie de factores que, como un checklist, [el IRS] va mirando para demostrar si tienen más conexión con Estados Unidos o con Puerto Rico”, explicó Rivera, en referencia a la metodología que usa la agencia federal para fiscalizar la residencia de una persona.

Tyler R. Hatcher, agente especial del IRS en Miami, oficina con jurisdicción sobre Puerto Rico, dijo al CPI que “el IRS ha priorizado los esquemas que abusan de estos incentivos y está persiguiendo enérgicamente a los contribuyentes y profesionales de impuestos que se enriquecen fraudulentamente de programas de incentivos contributivos del gobierno”. Hatcher no respondió preguntas más específicas que se le hicieron sobre la Ley 22.

De las inversiones de Prouty a los videos de los hermanos Paul

Entre 2013 y 2014, el inversionista Nicholas Prouty fue el personaje símbolo de la Ley 22. Oriundo de Nueva York, obtuvo el beneficio de la exención contributiva en 2013 y se mudó a Puerto Rico. Anunció inversiones millonarias y empleos. Adquirió el complejo de viviendas Ciudadela en Santurce, el cual se encontraba en quiebra, y la Marina Puerto del Rey en Fajardo.

Cinco años después, la imagen de Prouty fue sustituida por los “Crypto Guys” capitaneados por Brock Pierce, negociante de las criptomonedas, y más recientemente, por los personajes de internet y ahora boxeadores, los hermanos Logan y Jake Paul.

En el 2017, la administración de Rosselló Nevares enmendó la ley para flexibilizar el proceso de solicitud del incentivo y eliminó el requisito de auditoría de la OECI. También estableció una aportación anual de $5,000 a organizaciones sin fines de lucro.

“La aspiración de nuestra administración es que en los próximos cuatro años podamos saltar de lo que siempre han sido unos cuantos decretos, [casi] 1,000, a 10,000 decretos de personas que vengan a aportar, a traer capital nuevo, que no estaban en Puerto Rico y que vengan a potenciar la economía”, dijo Rosselló Nevares en verano del 2017. 

Cuatro años más tarde, la expectativa de Rosselló Nevares no se cumplió. La cantidad de decretos otorgados a junio 2020 era de 3,040, un 30% del objetivo. Pero con la ley más laxa y la falta de fiscalización, el perfil del beneficiario de Ley 22 cambió del ejecutivo en corbata a la de un turista en vestimenta de playa.

En vez de anunciar empleos o inversiones, Jake Paul aparece en las redes sociales en un puente mostrando sus nalgas o corriendo un Jeep por la playa a alta velocidad sobre el área de anidaje del tinglar. Saveri mata un perro de varios tiros en un campo de golf.

La socióloga Miriam Muñiz Varela señala el contraste que existe entre los incentivos de la Ley 22 para atraer extranjeros, por una parte, y por otra, la migración masiva por falta de empleos y servicios gubernamentales; impuestos regresivos a la ciudadanía como el IVU de 11.5%; recortes al gasto público como la Ley 7 de 2009; limitaciones a las pensiones y reducción de derechos a la clase trabajadora por medio de la reforma laboral de 2017. Para Muñiz, esas políticas implementadas a partir de la crisis de la deuda gubernamental son “formas violentas de destrucción social”.

“La violencia de la que hablo es la de un modelo económico que no permite que la vida se sostenga y reproduzca dignamente”, dice la catedrática del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Considera que el comportamiento de algunos beneficiarios de la Ley 22 refleja “condescendencia y desprecio hacia un lugar y a una población a la que se le considera inferior”.

“Eso es muy propio de las formas del poder supremacista blanco con respecto a los que tienen otra coloración de piel. Por supuesto, también en los machismos que se manifiestan con el patriarcado. Las marcas raciales y sexuales han sido parte de las formas del poder colonial que Europa estableció con la conquista americana hace más de 500 años. Sabemos que eso sigue  reproduciéndose en Puerto Rico”, dijo Muñiz, autora del libro Adiós a la economía.

¿Era este el tipo de “individuo inversionista” que quería atraer el Gobierno con la Ley 22?, le preguntó el CPI al DDEC y a los ex gobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.

Fortuño no contestó. El DDEC dijo que la ley va dirigida a todo aquel que cumpla con los requisitos. García Padilla dijo que su administración buscó al inversionista que crea “cientos de empleos”.

“Esta ley tiene un lado malo y uno bueno. Al permitir que sean personas que vienen a Puerto Rico sin invertir, sin crear empleos, se elimina la parte buena de la ley”, añadió. El incentivo, aún bajo su administración, nunca ha tenido requisitos de inversión o empleos, más allá de la compra de una vivienda.

Según García Padilla, un ejemplo del lado bueno de la Ley 22 es el bufete Sanders Phillips Grossman (SPG). “Creo que tienen más de 100 empleados en Puerto Rico. […] Son personas que efectivamente crean riquezas en Puerto Rico”, dijo.

El ex gobernador es consultor de este bufete. Llegó allí a través de uno de los socios de SPG, Marc D. Grossman, beneficiario de Ley 22 desde el 2015. García Padilla aseguró que no conoció a Grossman hasta después de salir de La Fortaleza. Aunque presupone que estaba acogido a la Ley 22, dijo que nunca le preguntó a Grossman si tenía el incentivo.

Los beneficiarios de Ley 22 como Grossman y el millonario desarrollador Prouty se convirtieron en la excepción. Y esto se sabe desde el 2019, cuando el mismo Gobierno reconoció que más del 80% de los beneficiarios cuentan con menos de $10 millones en su chequera, según un informe de ese año de la firma Estudios Técnicos.

“Aquí viene mucha gente normal [bajo esta ley], que no tiene tantos chavos y lo que están es medio especulando. ‘Mira, yo compro $100,000 en criptomonedas y si doy un palo y sube a $10 millones, pues no pagué contribuciones por eso’. Pero una persona que viene con $100,000 no es el tipo de persona que te va a mover la aguja”, sentenció el CPA Kenneth Rivera, quien presidió el Colegio de CPA y la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

En el 2019, tras una reunión con la ex gobernadora Wanda Vázquez, Prouty dijo que la Ley 22 necesitaba ser evaluada. “Lo que me gustaría ver es más inversión de esa comunidad en Puerto Rico”, dijo en aquel momento.

El CPI solicitó una entrevista a Prouty, pero no respondió.

No mueven la aguja

Wolanyk contó en Anarchapulco que, cuando llegó a Puerto Rico en el 2014, preguntó dónde vivían los hippies y los artistas en la Isla. Le dijeron que en Rincón.

“En dos semanas compré un carro y una casa, la puse en Airbnb, y desde entonces todo ha sido mayormente rosas y unicornios”, dijo en el 2018.

Dos años después, Wolanyk demandó al Gobierno de Puerto Rico. Quería que se anulara el toque de queda establecido por la gobernadora Wanda Vázquez por la pandemia del COVID-19. La demanda decía que Wolanyk no podía disfrutar de la playa como aficionado al surfing, y que la orden afectaba sus negocios de Airbnb y seis empleos de construcción que tenía en una propiedad de Aguada.

Entre 2015 y 2019, los casi 2,000 beneficiarios de Ley 22 que había crearon poco más de 4,400 empleos directos, según Estudios Técnicos. Es decir, menos de tres empleos por cada decreto. La misma firma estimó que, entre 2012 y 2015, casi 500 beneficiarios de Ley 22 crearon 2,500 empleos.

A pesar de que cada beneficiario debe precisar el número de empleos creados cada año, el Gobierno no ha querido publicar este dato más allá de los estimados de Estudios Técnicos. El Código de Incentivos exige al DDEC que divulgue esta información anualmente mediante un informe sobre todos los incentivos contributivos. El último y único informe de esta naturaleza, correspondiente al año fiscal 2019-20, deja en blanco el renglón de empleos creados o comprometidos bajo la Ley 22.

“El mismo informe de Estudios Técnicos dice que la creación de empleos está mayormente atada a la Ley 20 y no a la Ley 22”, recordó el economista Caraballo Cueto.

Al inicio, el Gobierno hablaba de la Ley 22 en conjunto con la Ley 20, que impone una tasa contributiva reducida de 4% a compañías que exportan servicios desde aquí. El paquete de leyes era “la punta de lanza de un programa de justicia social y económica para los ciudadanos norteamericanos que viven en Puerto Rico”, dijo el ex secretario del DDEC Alberto Bacó en el 2013. Su predecesor y autor intelectual de ambas leyes, José Pérez Riera, las llamó “yin y yang”.

“La Ley 22 traerá personas que comprarán propiedades, lo que ayudará a la construcción. También comprarán carros y gastarán dinero en tiendas y restaurantes. Y la Ley 20 traerá desarrollo económico y, lento pero seguro, una nueva fuente de ingreso para el Gobierno”, añadió Bacó entonces.

Pero en la mayoría de los casos, no hay un yin y yang. En la muestra de 304 beneficiarios de Ley 22, el CPI identificó a poco más de 90 con negocios bajo la Ley 20, apenas un 30% de la selección. Los datos de Estudios Técnicos publicados en el 2019 lo anticipaban: entre 2015 y 2019, solo el 27% tenía negocios acogidos a la Ley 20.

“Hacia dónde tenemos que movernos no es hacia sobreestimar las migajas que pueda dejar un incentivo, sino mirar cómo sacarle el máximo”, dijo Caraballo Cueto.

Una manera de hacerlo, según el economista, es exigir un mínimo de empleos. El Gobierno también debe imponer la tasa contributiva apropiada. “No sé de dónde el Gobierno saca tasas de 0% o 4%. ¿De dónde salen esos números? Es algo que es bastante arbitrario. Creo que hay que buscar mejor cuál es la tasa contributiva óptima para sacarle provecho al incentivo”, dijo.

Kenneth Rivera, por su parte, recomendó monitorear más quién recibe el beneficio y exigirle una inversión mínima en la Isla a cambio. “Tal vez se debió haber sido un poquito más formal en los requisitos de a quién le vamos a dar esto, y decir, ‘espérese, usted tiene que venir con un millón de pesos [para invertir]’”, opinó el CPA y abogado.

A finales de abril, la Cámara de Representantes dio paso a una investigación sobre el cumplimiento y rendimiento de la Ley 22, con el fin de determinar si el estatuto debe modificarse o derogarse. La comisión cameral debe informar sus resultados en o antes de seis meses. En el Senado, María de Lourdes Santiago y José Vargas Vidot presentaron un proyecto a principios de cuatrienio para derogar las leyes 20 y 22, pero no ha sido atendido en la Comisión de Hacienda de ese cuerpo legislativo que preside el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza.