Gabriel Hernández está en una tarima frente a decenas de inversionistas, empresarios y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico que, ese 14 de febrero de 2019, llegaron temprano al Hotel San Juan de Isla Verde para participar del Puerto Rico Investment Summit. Está sentado al borde de un moderno sillón gris, con sus manos juntas entre las rodillas. Lleva corbata violeta y se proyecta relajado. Va a comenzar una presentación sobre los beneficios de la Ley 22 para “Incentivar el traslado de individuos Inversionistas a Puerto Rico”, que ahora es parte del Código de Incentivos Contributivos. “Lo más importante para todo el mundo en esta sala es que desde el comienzo de este programa [ley 22] hemos manejado probablemente más de 600 de estas mudanzas de individuos [inversionistas] a la Isla.

Una compañía de Hamed R. Wardak fue investigada por el Congreso en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico. En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la Isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.