La actualización del mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tendrá que esperar al menos hasta el año 2026, a pesar de que en el pasado verano, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció que el producto final de la nueva versión de este modelo cartográfico podría estar listo para el 2024.
“USGS [Servicio Geológico de los Estados Unidos] no ha actualizado los modelos para Puerto Rico desde el año 2003. El año pasado incluimos lenguaje dirigiendo a la agencia federal a actualizar los modelos y mapas de riesgo sísmicos para Puerto Rico y USVI. Con esta enmienda a la que el Comité dio paso, aseguraríamos que tengan los fondos para comenzar a hacerlo y tener un producto final para el año 2024”, dijo la Comisionada Residente en un comunicado de prensa.
Aunque la funcionaria electa puertorriqueña logró en la capital federal que la Cámara de Representantes aprobara una enmienda para que en el año fiscal 2022 se aumenten en $650,000 los fondos del Programa de Riesgos de Terremotos (EHP, en inglés) del USGS, la falta de presupuesto para contratar nuevos investigadores en la Universidad Puerto Rico (UPR) y la incertidumbre en torno a si el Congreso aprobará esa misma cantidad dinero anual para los tres próximos años fiscales ponen en entredicho la viabilidad de la meta presentada por González Colón.
“USGS nos informó que ya no habría suficiente tiempo para actualizar el mapa/modelo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes para finales del 2023, junto a la actualización de los Estados Unidos continentales, Alaska y Hawái, dado el número de pasos que tiene el proceso. Sin embargo, nos indicaron que un incremento de fondos de $650,000 para el EHP anualmente, empezando en el año fiscal federal 2022, permitiría que USGS actualice el mapa dentro de un período de tres años, para el 2024. Igualmente, nos indicaron que esto les ayudaría a cumplir con su objetivo de alinear futuras actualizaciones de los mapas de riesgo sísmico de los territorios junto al resto de la nación”, dijo González Colón al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“Fue el mismo USGS quien nos dijo que un aumento de $650,000 anualmente por los próximos tres años permitiría actualizar el mapa para el 2024. De ahí surge nuestra enmienda [al H.R. 4502], para proveer este aumento inicial en el año fiscal 2022, la cual fue aprobada en la Cámara de Representantes federal”, añadió la Comisionada Residente.
El mapa de amenaza sísmica para los 48 estados continentales fue actualizado por última vez en el 2018 y actualmente se trabaja en una versión nueva que estará lista para finales del 2023, e incluirá a Hawái y Alaska. Para Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses, no se actualiza desde 2003 y en el caso de los territorios del Pacífico, Guam, Samoa estadounidense y las Islas de Mariana del Norte, la última revisión se hizo en el 2012.
A pesar de la aprobación de la enmienda presentada por González Colón en el verano del 2021, la funcionaria destacó que el Congreso todavía no ha llegado a un acuerdo en torno a cuál será el presupuesto final para el Gobierno federal durante el año fiscal 2022.
El pasado 10 de febrero, la Comisionada Residente envió una carta a los líderes de los comités de asignaciones tanto de la Cámara de Representantes como del Senado federal donde aboga nuevamente por la inclusión de los $650,000 en la versión final del proyecto de ley presupuestario para el año fiscal 2022.
Si bien la Cámara aprobó la medida, el Senado aún no ha celebrado vistas ni llevado a votación el proyecto. La carta de González Colón busca evitar que el Senado elimine los fondos solicitados para el EHP, según indicó al CPI la oficial de prensa de la Comisionada Residente en Washington, Marieli Padró Raldiris.
Asimismo, la meta de tener la nueva versión del mapa lista para el 2024 dependerá también de que la cantidad de otros $650,000 para el EHP, también sea incluida en el presupuesto federal de los años fiscales 2023 y 2024, según explicó al CPI la Comisionada Residente.
“Asumiendo se mantenga el mismo nivel de financiamiento [actual] para el Earthquake Hazards Program de USGS, la agencia nos indicó que estaría en una posición de actualizar los modelos para los cinco territorios para el 2026”, mencionó González Colón sobre la proyección para los dos territorios estadounidenses en el Caribe y los tres en el Pacífico si no se aprobara en el Congreso un aumento en los fondos para el EHP en los próximos años fiscales. Esta aclaración hecha por la Comisionada Residente al CPI contrasta con el optimismo del comunicado que su oficina divulgó el 27 de julio de 2021, y en el que anunciaban que con los fondos asignados al USGS para actualizar el mapa, se tendría un “producto final para el año 2024”.
Incompleta la asignación de fondos
Para el profesor del Departamento de Ingeniería Civil del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, José Martínez Cruzado, los fondos gestionados por González Colón en Washington son importantes y representan un adelanto en el objetivo de actualizar los modelos sísmicos de Puerto Rico. Sin embargo, a su juicio, mientras no aparezca dinero para que la UPR contrate más investigadores que puedan indagar en el tema de las nuevas fallas sísmicas, no se podrán encaminar estos cambios en el mapa.
“La Comisionada Residente de Puerto Rico ha conseguido fondos para actualizar el mapa, pero este no se va a actualizar lo más probable hasta el 2026. Otro punto del mapa es que si usted no tiene localizada la falla sísmica, si usted no ha podido caracterizarla, el USGS no la viene a buscar. Ellos vienen a hacer un mapa con lo que ya esté publicado, con lo que se ha trabajado, pero ellos no van a buscar las fallas sísmicas. Eso nos toca a nosotros [en la UPR] o buscar gente experta que lo pueda hacer y es un asunto que hay que atender y que la Comisionada debe estar consciente de eso. No es solamente conseguir los fondos, es que hay que hacer un trabajo arduo al respecto”, expresó Martínez Cruzado durante el foro virtual titulado Las nuevas fallas sísmicas de Puerto Rico.
“Hay personal del USGS que sabe hacer eso, pero cuando les pagas para hacer el mapa, es para hacer el mapa, no es para buscar las fallas. Necesitamos gente que investigue esas fallas. Eso es un peritaje bien difícil de conseguir”, añadió el también director del Programa de Movimiento Fuerte de Puerto Rico.
Al preguntársele si sus gestiones en Washington han incluido la solicitud de fondos para que la UPR y la Red Sísmica de Puerto Rico puedan contratar científicos que trabajen con investigaciones relacionadas a las fallas sísmicas, la Comisionada Residente expresó que “nuestra oficina está en la mayor disposición de apoyar, abogar y darle seguimiento a cualquier propuesta federal que someta la Red Sísmica y la Universidad de Puerto Rico ante USGS u otra agencia federal para apoyar sus investigaciones y trabajo”.
En un reportaje publicado por el CPI, el USGS reconoció que los trabajos relacionados a la actualización del mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses no comenzarán antes del 2023. Esta proyección supone que en un año se cumplirá con la meta de terminar un proceso complejo que requiere investigación, trabajo de campo y mejores equipos de los que hay disponibles, según admitieron al CPI varios científicos.
Tras la secuencia sísmica que impactó principalmente municipios del sur y suroeste de Puerto Rico en el 2020, la necesidad de actualizar el mapa de amenaza sísmica en el País ha sido tema de discusión en foros y en la discusión pública. Aunque el Código de Construcción de Puerto Rico fue enmendado en el 2018, los criterios sísmicos de dicho documento todavía utilizan como referente un mapa que no se ha actualizado desde el 2003. Si bien hay investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico que llevan años haciendo trabajo de campo y publicando artículos científicos sobre las nuevas fallas que podrían incluirse en la revisión del mapa, el poder para aprobar una versión actualizada de ese modelo cartográfico no recae en ningún funcionario o académico local. Debido a la realidad colonial de Puerto Rico, la aprobación y posterior divulgación de un nuevo mapa de amenazas sísmicas recae en el USGS.
El CPI contactó al USGS para dar seguimiento a los planteamientos hechos por González Colón y saber si la meta del año 2024 es viable, y si dicha proyección está sujeta a la condición de conseguir un aumento anual de $650,000 para los años fiscales del 2022, 2023 y 2024. Un portavoz de la agencia federal indicó que no emitirían comentarios relacionados a las preguntas enviadas por el CPI.
“El Mapa Nacional Sísmico es un producto del cual el USGS está comprensiblemente orgulloso, dada su utilidad y aplicabilidad, tanto en comunidades como para quienes toman las decisiones en todos los niveles del Gobierno. Actualmente, no estamos en posición de comentar sobre legislación pendiente que se relacionen a esta u otras actividades del USGS. Sin embargo, el USGS está listo para responder a todas las preguntas que tenga el Congreso sobre la evaluación y monitoreo de terremotos”, dijo al CPI el especialista en comunicaciones del USGS, Drew La Pointe.
La agencia federal ofreció declaraciones sobre el tema a la Comisionada Residente en Washington DC.
“Un componente crítico de la actualización que se anticipa que el USGS le hará al Mapa de Amenaza Sísmica Nacional de Puerto Rico será el trabajo y las mejoras que se le hagan al catálogo sísmico, el cual es primordialmente un producto de la Red Sísmica de Puerto Rico (PRSN, en inglés) y el USGS. Es nuestra expectativa que el PRSN tendrá un rol en este esfuerzo. En el año fiscal 2021, el EHP usó $160,000 para apoyar el esfuerzo del mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico e Islas Vírgenes, y dirigió estos fondos a subvenciones competitivas dirigidas a investigaciones enfocadas en Puerto Rico”, expresó el USGS en declaraciones enviadas a González Colón y que fueron enviadas al CPI por la oficina de la Comisionada Residente.
El veredicto sobre las declaraciones hechas por González Colón es que resulta insostenible, ya que se basa en una proyección que depende de decisiones que a su vez dependen de los acuerdos a los que se llegue en ambas cámaras del Congreso. Asimismo, la solicitud de fondos hecha por el USGS no es para el año fiscal 2022 solamente, sino que deberá extenderse para el 2023 y 2024. Finalmente, la incertidumbre de si la Red Sísmica de la UPR contará con el presupuesto necesario para contratar más investigadores y equipo, pone en entredicho la proyección de actualizar el mapa para el año 2024.
Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America.
