Pedro Roig y Doris González viajaron por la autopista interestatal 35 norte de Texas a Iowa, atravesando una tormenta de vientos de más de 60 millas por hora que trajo nieve y provocó tornados por la zona del Medio Oeste de Estados Unidos. 

Iban en un carro alquilado, compacto, que se tambaleaba cada vez que los camiones le pasaban por el lado. La ruta era de 829 millas (12 horas de viaje como mínimo) y la estaban recorriendo por primera vez. Era la única manera que tenían, y ese fue el día que les tocó, un sábado 5 de marzo de 2022, para poder ver a su hijo encarcelado, al que no veían hacía cinco años.

Llevaban tiempo ahorrando para ese momento. Primero viajaron desde Puerto Rico y para aprovechar el viaje pararon en Texas, en donde vive otro hijo, para luego ir a ver al que está encarcelado en Iowa. El plan era alquilar un cuarto en un hotel barato y quedarse una semana para verlo todos los días. 

Tras ese viaje largo, por fin, lograron verlo. Pero solo después de una pelea burocrática en la que la visita casi queda cancelada por tecnicismos. Al final, contrario a lo planificado — estar una semana entera y verlo todos los días — el Departamento de Corrección de Iowa autorizó una visita de dos horas solamente. 

Pedro y Doris viajaron de vuelta a Texas, bajo el mismo mal tiempo. Y su hijo, Carlos Roig, de 37 años, oriundo del pueblo de Juncos, Puerto Rico, se quedó en donde estaba: en la Cárcel Estatal de Iowa, una prisión de máxima seguridad en un área de planicies desoladas cerca del Río Mississippi. 

Pocas pruebas y medio siglo de cárcel

Pedro y Doris, de regreso en Puerto Rico, siguen con el mismo deseo, o con esa necesidad intrínseca de volver a ver a su hijo. Ha pasado más de un año de ese viaje y como si se tratase de un reto trascendental al sistema carcelario, el  padre, Pedro, dice “lo sacamos de la cárcel en la mente”. 

Es sábado por la mañana y el calor se siente como de mediodía. Pedro está sentado en un sofá gris en la sala de su casa en Juncos. Tiene espejuelos de pasta negros y por la cabeza sin pelo le bajan gotas de sudor. Doris, sentada a su lado, tiene los ojos azules, el pelo blanco y el sudor le baja por los cachetes. En la casa no hay luz: el servicio de energía eléctrica volvió a fallar. Al fondo se escucha el ruido de una planta eléctrica. 

En la sala también se escucha la voz de Carlos, el hijo encarcelado en Iowa, por medio de una videollamada. Su madre tiene el teléfono en la mano y por instrucciones de él lo inclina en un ángulo para que solo aparezcan ella y Pedro en la pantalla. Más nadie tiene permiso de las autoridades carcelarias para participar en la conversación. 

La casa de su familia, que también fue su casa, queda en el casco urbano de Juncos, un pueblo del área central este de Puerto Rico. Tiene un balcón minúsculo, con rejas, que da a una calle estrecha llena de carros parqueados en la acera. Pedro trabaja en Puerto Rico Ferry, el servicio de lanchas que van a Vieques y Culebra desde Ceiba. Antes trabajaba en la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Doris trabaja en la casa.

En la pared del pasillo que va de la sala a la cocina hay un árbol familiar con el título Familia Roig, hecho con letras de papel de colores diferentes cada una. En las ramas hay fotos familiares enmarcadas. Entre ellas, una que se tomaron junto a su hijo la única vez que han podido visitarlo desde que lo encarcelaron el 24 de enero del 2018, acusado por una combinación de tres robos menores donde no hubo uso de armas de fuego ni personas heridas. 

“Ahora mismo estoy sirviendo una condena de 50 años, con 35 años de mandatory minimum (sentencia mínima obligatoria)”, me contó Carlos en una llamada telefónica. 

Su padre, Pedro, se había comunicado por carta con el CPI luego de la publicación de la serie “La diáspora invisible: boricuas en cárceles de Estados Unidos”. Quería contar la historia de su hijo porque entiende que la condena que le impusieron fue desproporcionada, y que el sistema público de defensa post sentencia, al que tiene derecho su hijo en el estado de Iowa, le ha fallado. 

Después de varias conversaciones telefónicas con su padre y su madre, le escribí a Carlos por el servicio de correo electrónico CorrLinks, para el que hay que pagar 25 centavos por cada mensaje. Durante dos semanas conversamos por teléfono en cuatro ocasiones. Las llamadas desde la Cárcel Estatal de Iowa, en Fort Madison, son gratuitas y duran solo 20 minutos, una vez al día. Pero el acceso al teléfono no está garantizado. Al terminar una de las llamadas Carlos me dijo “te llamo mañana, si no pasa nada, porque estoy en una máxima seguridad”. 

“Primero me acusaron de un robo a una joyería Kay Jewelers [en Cedar Falls, Iowa]. No tenían suficiente evidencia. Me acusaron de dos robos más básicamente como a la semana o dos semanas…Literally el police report dice que era un small man with a mexican accent y estaba enmascarado, esa fue la comparación”, dijo Carlos.

De pequeño vivió y estudió en New Jersey, en donde se conocieron y se casaron Pedro y Doris en 1979. En Puerto Rico, cuando tenía entre 26 y 27 años, tuvo problemas de adicción y estuvo dos años en la cárcel por un caso de doble asesinato, por el que fue excarcelado después de testificar para la fiscalía. El Gobierno le prometió protección, pero dice que no cumplieron.

“El Gobierno de Puerto Rico básicamente me abandonó. Después que ellos sacaron una confesión yo tuve que quedarme escondido casi ocho meses en casa de mis papás, sin salir. En lo que pude conseguir para venir para acá para Iowa con una amiga. Esa fue la razón por la cual yo vine a Iowa”, me contó Carlos en una llamada.

En Iowa consiguió trabajo en un casino. Pero cuando el dueño descubrió su récord, lo despidió. A Carlos lo arrestaron en Cedar Fall, en donde vivía con su pareja, una ciudad de poco más de 40,700 habitantes donde el 91.2% son blancos, 1.3% negros y 2.7% latinos. 

La defensa legal de Carlos señaló falta de evidencia, argumentando que el Estado no pudo probar que un cuchillo presuntamente usado en el robo era un arma peligrosa. El cuchillo fue descrito por un oficial como de aproximadamente dos a tres pulgadas. También cuestionaron la falta de evidencia para identificar a Carlos. Pero el jurado falló en su contra. Los medios de comunicación del área cubrieron el caso extensamente y publicaron fotos de Carlos, en ese momento con 34 años de edad. 

“Es frustrante el pensar que puedo morir aquí”, me escribió Carlos en un correo electrónico.  

En el pasillo de la casa de la madre y el padre se ven otras fotos, como una en la que Carlos está en una cama jugando con su hijo. Ahora el niño tiene 10 años y duerme en uno de los cuartos al final del pasillo de la casa de sus abuelos. Es octubre y en la sala hay un árbol de Navidad. 

“Eso que ves ahí fue que lo encontramos en especial y lo empezamos a montar”, dice Pedro señalando el árbol, como excusándose por haberlo montado tan temprano. “Él me decía, esto no lo hago esperar, si nos da ánimo, porque… una depresión bien brutal y pues, lo montamos porque tenemos mucha fe en Dios que mi hijo por lo menos va a tener una oportunidad”, dice Doris con la voz entrecortada. 

Miles de familias y la comunidad

Esta es una de las miles de familias puertorriqueñas que viven  la misma situación. Un hijo, un padre, un amigo, una hermana o una madre, encarcelados en Estados Unidos. Solamente contando los seis estados con más puertorriqueños, Florida, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut, había 5,326 hombres y 148 mujeres que nacieron en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales, según datos de entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, reveló el Centro de Periodismo Investigativo. 

“Cuando alguien va a la cárcel no va solo. Va con su familia y con sus amigos. Yo le llamo ‘la sentencia escondida’, porque la gente afuera está cumpliendo la sentencia con sus seres queridos”, dice Julia Lazareck, presidenta de Prison Families Alliance Inc., organización con sede en Las Vegas, Nevada, que da apoyo a familiares de personas encarceladas.

Eneida Colón coincide. “Nosotros también estamos presos de ellos”, dice. Con “ellos” se refiere al sistema carcelario. En particular a la cárcel federal de Florida en donde está encarcelada su pareja.

Colón es de la isla municipio de Vieques. En septiembre de 2023, su pareja se entregó al FBI por un caso de narcotráfico. Estuvo un tiempo en el Centro de Detención Metropolitano federal en Guaynabo. Cuando fue sentenciado a nueve años de prisión, lo trasladaron a la institución Coleman, una cárcel federal de mínima seguridad en el condado de Sumter, Florida Central, a una hora del aeropuerto de Orlando. 

Para poder visitarlo, Colón llenó la documentación requerida y la envió por correo. Pero se la devolvieron por haberla enviado en un sobre color marrón. Tenía que ser blanco. La volvió a enviar, siguiendo las instrucciones, y se la aprobaron.

En diciembre pasado, después de reunir el dinero, Colón hizo su primer viaje para visitar a su pareja, junto a la madre de él, que tiene 75 años, una hija de cinco y un hijo de 18 que tiene necesidades especiales. 

“Nosotros vivimos en Vieques, tenemos que coger un bote, viajar una hora y pico si es el ferry de carga, buscar dónde dormir. Viajar hasta San Juan, viajar en avión”, dijo Colón.

En Orlando tuvo que gastar alrededor de $500 en un carro alquilado y reservar dos noches en un hotel. Cuando llegó al portón de la cárcel, el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, le dijeron que las visitas habían sido canceladas. 

No era la primera vez. En noviembre, el hermano de su pareja, también de Vieques, había comprado pasajes para la familia, alquilado carro y reservado hotel. Pero cerca de la fecha de la visita, se la cancelaron. Perdieron alrededor de $2,000, lo mismo que gastó Colón en diciembre.

A Colón primero le dijeron que la cancelación sin aviso previo se debió a “cuestiones de seguridad”. Luego le dijeron que se debió a falta de personal. 

“La administración correccional justificó su decisión alegando que estaban siguiendo directrices del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien supuestamente autorizó el día libre por el período festivo, dejando a los familiares sin la posibilidad de ver a sus seres queridos”, reportó el periódico La Prensa de Orlando.

Las cárceles federales y estatales en Estados Unidos se encuentran en crisis por falta de guardias correccionales. La crisis es tan severa que en algunos casos, maestros, manejadores de casos y secretarias han tenido que fungir como guardias en cárceles federales, reportó en mayo The New York Times. Y varios estados, entre ellos Florida, han recurrido a la Guardia Nacional para cubrir las bajas. 

Reclutar personal siempre ha sido difícil para los departamentos de Corrección. Pero el 2022 tuvo la cifra más baja en dos décadas. Al mismo tiempo, luego de una baja drástica en 2020 durante la pandemia del COVID-19, desde el 2022 el número de la población penal ha ido en aumento, según The Marshall Project.

Colón también tiene problemas para comunicarse con su pareja por teléfono.

“Los teléfonos de la institución están que no se entiende nada, a veces se quedan en silencio. Yo no tengo problemas con que me graben y los procedimientos, pero no se entiende”, cuenta Colón.

La otra opción es escribirle por correo electrónico a través del servicio CorrLinks. Pero Colón desistió de hacerlo cuando se enteró de que los correos se los cobran directamente a él. Esto podría costarle entre $15 a $30 dólares al mes, y al momento su pareja hace trabajos voluntarios, sin remuneración. En la poca comunicación que han tenido, ella dice que su pareja se proyecta positivo. Tuvo un trabajo de soldadura en un hangar de la institución y dice que le podrían reducir la sentencia por buena conducta. 

Pero para Colón eso no sustituye el querer verlo. 

“Aunque sean cuatro horas u ocho horas. Aunque sea sentada en una silla. Por lo menos ver dónde está, cómo se maneja la cosa allí, porque cuando hay un maltrato, aunque sea de inicio, tú te vas a dar cuenta. Yo sé que no voy a encontrar algo como un pasadía. Y tiene que haber una seriedad en el asunto. Yo no voy a pasarla bien. Pero por lo menos uno quiere saber que el ser humano que está allí, que es mi pareja, que tenemos algo sentimental, que es el ser que uno ama… Quiero verlo. Y ver las facilidades, ver cómo es todo, aunque salga traumatizada, aunque salga llorando, pero por lo menos lo ví”.

Colón y su pareja llevan siete años de relación, pero se conocieron hace 20 años cuando estudiaban Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. Ambos tienen 44 años, Colón es trabajadora social y su pareja tenía un taller de soldadura. Antes de ser encarcelado, su único antecedente penal era haber pasado unos meses en la cárcel por participar en las protestas en contra de la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques.

Crisis en el sistema de justicia de Estados Unidos

Además de cruel, “ubicar a las personas encarceladas tan lejos de su familia y de su comunidad, hace que tengan menos posibilidades de reinsertarse exitosamente a la sociedad”, señala Marie Gottschalk, profesora de la Universidad de Pensilvania y especialista en justicia penal, en su libro Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics.

Gottschalk estudió la transferencia de personas encarceladas entre estados. Pero los puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos que tienen a su familia en Puerto Rico enfrentan el mismo problema. En ocasiones, la situación de la distancia se complica por la falta de dominio del inglés de parte de la persona encarcelada y de sus familiares, lo cual redunda en no entender los procesos y no poder seguir adecuadamente el trámite legal.

“Muchísimas familias pasan por las de Caín cuando un hijo termina en la cárcel aquí”, dice Phillip Arroyo, abogado criminalista puertorriqueño con oficina en el estado de Florida. 

“Hay doble dificultad, número uno la distancia y número dos la barrera del lenguaje. Muchas veces hay muchos familiares que tratan de seguir lo que está pasando en el caso a través de la página del tribunal, pero todo está en inglés. Obviamente tienen que tener un abogado competente, pero no solamente competente, sino que sea bilingüe”, dice Arroyo, quien ha atendido varios casos de puertorriqueños encarcelados en Florida que tienen a su familia en Puerto Rico. 

Carlos Roig, encarcelado  en Iowa, y su familia, por lo menos dominan el inglés. Aún así, entienden que le han violado derechos, encerrándolo en confinamiento solitario de forma arbitraria, entorpeciendo el proceso de visitas y comunicación, y sobre todo no proveyéndole una defensa legal efectiva.

“Hay una crisis en la Oficina del Defensor Público en Estados Unidos. Además de la sobrecarga de casos que tienen, le pagan muy poco comparado con un abogado privado, no pagan lo suficiente y tienen un problema de retención”, dice Arroyo.

“Hasta el momento, entre el caso original, el trail y apelación, ya voy para el noveno abogado”, dice Roig en una llamada desde la cárcel de Iowa. 

Todos los abogados que le han asignado después de su encarcelamiento han abandonado el caso. Al momento de la llamada en octubre, se encontraba sin abogado asignado y le quedaban pocos meses para que venciera el tiempo de poder someter otro recurso de apelación. 

“Todo es time sensitive. Hay [límite de] tiempo para someter todo”, dice Roig.

Su familia intentó contratar a un abogado privado en Estados Unidos, quien les aseguró que podía “sacarlo el mismo día”. Cobraba $35,000. Para Arroyo, aunque el abogado se podía referir a la falta de pruebas contundentes que había en contra de Roig, asegurar que podía sacarlo es una falta de ética, porque ningún abogado puede dar esa seguridad.

“El costo de un abogado es un obstáculo importante para estas personas recibir representación legal. Pero una de las cosas que es bien difícil de juzgar es cuánto vale un abogado. Y cuando hay un mercado vulnerable, hay un potencial de abuso”, dice Diego Alcalá, abogado y profesor de derecho en Delaware Law School. 

“Cada caso es diferente y el precio se aplica a nivel de la complejidad, pero usualmente [en Estados Unidos] para un delito menos grave, de tercer grado, son aproximadamente unos $5,000. De segundo grado unos $15,000. Y delito grave de primer grado, de $30,000 para arriba”, dice Arroyo.

“Yo he llamado a varios abogados en Iowa, pero no hay ningún abogado que esté interesado, nadie, que no sea con mucho billete”, dice Pedro, el padre de Carlos Roig, quien sigue en la búsqueda de un abogado privado que atienda el caso de su hijo.

Impotencia familiar por falta de información

Keila Ramos, una asistente escolar de Fajardo, pueblo en la punta este de la isla grande de Puerto Rico, estaba embarazada en el año 2020, en medio de la pandemia. Todo estaba cerrado.

“Iba a tener al bebé y no teníamos nada”, dice Ramos. 

Roberto Rodríguez, su esposo, aceptó una oferta de trabajo de su hermano, quien estaba en el estado de Florida, sellando techos. 

Ahí trabajó por un mes y logró enviarle todas las cosas para el bebé a Ramos, quien se había quedado en Fajardo. El plan de Rodríguez era volver a tiempo para conocer a su nueva hija. Pero el día antes de regresar a Puerto Rico, lo arrestaron y acusaron de asesinato en primer grado.

“Tengo entendido que le violentaron todos sus derechos porque él no conoce el idioma y no le explicaron bien y él firmó 35 años renunciando a todos los derechos de apelación”, dice Ramos, de 32 años. Rodríguez tiene 34 años.

“Él fue como quien dice mi novio de toda la vida. Desde mis 18 años yo estoy con ese hombre”.

La hija de ambos ya tiene tres años y no ha podido conocer a su papá, encarcelado en Florida. También tiene otra hija de 12 y un hijo de 13 que fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. 

“El se vio bien afectado porque era bien apegado a su papá”, dice Ramos, y detalla que tuvo que recurrir a asistencia psicológica para su hijo.

Sobre el caso de su esposo, dice que no conoce muchos detalles. 

“Yo tengo esa impotencia de querer saber más y como por la línea de donde él llama todo es monitoreado y grabado nunca me dice nada. Lo que sí sé es que él está muy tranquilo”.

Son bien pocas las veces que pueden comunicarse, porque no cuentan con el presupuesto para pagar las llamadas. En Florida, una llamada de 15 minutos puede costar $8.45. En tres años, Ramos no ha podido visitar a su esposo, pero esperaba ir en diciembre de 2023.

La pérdida de un padre

El padre de Roberto Rodríguez, quien vive en Florida y tiene el mismo nombre que su hijo, tampoco ha podido visitarlo. Según Rodríguez padre, el Departamento de Corrección de Florida no le permite visitar a su hijo por tener antecedentes judiciales. Los eventos, por los que nunca fue a la cárcel, sino que solo estuvo en probatoria, ocurrieron hace más de 30 años.

“Desde que yo me busqué ese problema cuando fui jovencito, mi vida cambió, yo fui otra persona. No deben de penalizar a una persona por eso, no sé, es como una cosa bien difícil, esto aquí es bien fuerte”, dice Rodríguez padre, contratista retirado que vive en Sandford, Florida Central. En Florida, el estado donde viven más puertorriqueños, para febrero de 2023, había 1,444 hombres y 45 mujeres que nacieron en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales, según datos que obtuvo el CPI.

“Entonces tú tienes que estar recargando una tarjeta para que el muchacho se pueda comunicar contigo. Tras que no tiene visitas, si la esposa no tiene dinero para recargar esa tarjeta, no recibe llamadas de él. Si yo no tengo dinero para recargar la tarjeta, tampoco tengo comunicación. Son cosas que son cuesta arriba. Y ese muchacho pues allí. Y es difícil, porque ese muchacho puede hacer una sentencia y nunca en su vida nadie lo fue a visitar”.

Rodríguez cuenta que el caso de su hijo no llegó a juicio, sino que este aceptó la culpabilidad a cambio de una sentencia de 35 años. Si iba a juicio, se exponía a cadena perpetua. El abogado que lo representaba, Phillip Arroyo, estaba dispuesto a ir a juicio. Pero los Rodríguez prefirieron no tomarse el riesgo. 

“Yo no voy a pagar un abogado para que le den [sentencia de por] vida a mi hijo, para eso dejo las cosas como estaban”, dice Rodríguez.

El padre dice que cuando se enteró de que su hijo estaba encarcelado el mundo se le calló. 

“Y en el proceso yo no pude hacer nada porque era en plena pandemia y no se podía hacer nada varón, nada, uno con los brazos atados… El sistema de Florida es más difícil que cualquier otro estado… Cosa mala, porque un hijo es un hijo y el hijo de uno lleva la sangre de uno. Uno se siente mal, porque es una pérdida que uno tiene”.