acoso sexual

FEMA evade atender situaciones de acoso sexual y hostigamiento laboral en su oficina de Puerto Rico

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Invitaciones a tríos sexuales por parte de jefes, comentarios no solicitados sobre la vestimenta, órganos sexuales y sobre portación de armas de fuego, e incluso besos a la fuerza en el lugar de trabajo son algunos tipos de violencia de género que han experimentado empleadas puertorriqueñas por parte de supervisores y compañeros de trabajo en la oficina de Puerto Rico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), desde donde se atiende el proceso de recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió y confirmó estas confidencias por medio de 13 testimonios de personas que trabajan o han trabajado para FEMA en Puerto Rico y que decidieron contar sus historias tras la publicación en marzo de una investigación de este medio que reveló un patrón de hostigamiento laboral en la Oficina Asuntos Externos de la agencia federal, con al menos seis casos denunciados oficialmente. En total, ahora suman 16 los casos que ha documentado el CPI, la mayoría de mujeres, quienes han presentado denuncias de manera oficial contra diversos trabajadores de FEMA en Puerto Rico por presuntas situaciones de acoso sexual, hostigamiento laboral, persecución, intimidación o discrimen por edad y género al momento de otorgar plazas de trabajo. Algunos de estos casos, ocurridos entre 2018 y 2020, permanecen sin atenderse desde hace más de tres años y en ciertas ocasiones el patrono mantiene a las personas que hicieron la denuncia cerca de sus presuntos agresores y no les han dado remedios. El CPI solicitó reacciones y entrevistas sobre este asunto a todas las instancias de FEMA, tanto local, regional como a la oficina central de la agencia, pero todas rechazaron ser entrevistadas y enviaron declaraciones generales que no atienden las preguntas formuladas y los asuntos denunciados.

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Pattern of Workplace Harassment Reigns at FEMA’s Office of External Affairs in Puerto Rico

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An environment of hostility, pressure, workplace harassment, persecution, intimidation and discrimination based on age and gender seems to reign in the Federal Emergency Management Agency’s Office of External Affairs in Puerto Rico, according to documented incidents since 2019 by at least 10 employees, most of them women. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) learned of the situation through two separate sources who identify Juan Andrés Muñoz Torres and Ricardo Agosto Castro, director and deputy director of External Affairs, respectively, as the ones allegedly responsible for these harassment situations that have led to the resignation of employees, transfer of duties, assignment of unrelated tasks, and the roadblock to getting the work done in FEMA. The CPI learned that at least four of those employees submitted formal claims before FEMA’s Office of Equal Rights, under the “Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act of 2002” (known as the No Fear Act), the Equal Opportunity Employment protections (EEO) and the Department of Homeland Security’s (DHS) Office for Civil Rights and the Freedom Policy Statement Against Discrimination, which covers FEMA. “I have the obligation to report that my co-workers and I have been persecuted, pressured, harassed, degraded as professionals for being isolated and without access to information and for being fully assigned to irrelevant tasks and treated in an insulting way,” one of the complainants of that office told a superior at FEMA in a document to which the CPI had access. However, almost two years after some of these complaints were submitted, the federal agency maintains both officials in their positions without penalizing them and has not offered a solution or protection to the people who have reported these behaviors, the two sources confirmed to the CPI, speaking  on condition of anonymity for fear of retaliation.

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Patrón de hostigamiento laboral campea en la oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico

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Un ambiente de hostilidad, acoso, hostigamiento laboral, persecución, intimidación y discrimen por edad y género parece reinar en la oficina de Asuntos Externos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en Puerto Rico, según hechos documentados desde 2019 por al menos diez empleados, en su mayoría, mujeres. La denuncia llegó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de dos fuentes por separado, que señalan a los directivos de esta oficina, Juan Andrés Muñoz Torres y Ricardo Agosto Castro, director y subdirector de Asuntos Externos, respectivamente, como presuntos responsables de estas situaciones de acoso que han conllevado la renuncia de empleados, relevo de funciones, asignación de tareas no relacionadas y la obstaculización en el progreso laboral dentro de FEMA. El CPI supo que al menos cuatro de estos empleados se querellaron formalmente ante la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés) de FEMA, guiados por la Ley sobre Notificaciones y contra la Discriminación y Represalias para Empleados Federales (No FEAR, en inglés), las protecciones de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO, en inglés), y la declaración de política contra el discrimen de la Oficina para Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al que está adscrito FEMA. “Tengo la obligación de denunciar que mis compañeras de trabajo y yo hemos sido perseguidas, presionadas, acosadas, degradadas como profesionales por estar aisladas y sin acceso a la información y por estar totalmente asignadas a tareas irrelevantes y tratadas de manera insultante”, informó una de las querellantes de esa oficina a un superior en FEMA en un documento al que el CPI tuvo acceso. 

No obstante, a casi dos años de haber sido sometidas algunas de estas denuncias, la agencia federal mantiene a ambos funcionarios en sus puestos sin ninguna penalización y no ha ofrecido remedio o protección a las personas que han denunciado estas conductas, confirmaron las dos fuentes del CPI, quienes prefirieron hablar en condición de anonimato por temor a represalias. El CPI buscó conocer el estatus de esas querellas, si fueron desestimadas o hubo sanciones, pero ni Muñoz Torres ni Agosto Castro respondieron a una solicitud de entrevista o reacción.

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Municipal Response to Disasters in Puerto Rico Cost Candidates Their Re-elections

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Ten of the 20 towns in Puerto Rico that have received a lower percentage of the recovery funds approved by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) had new mayors taking office in January. The most notorious case is Vieques, which had only received 4.9% of the $51.3 million that FEMA obligated before the November 2020 elections, the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found when comparing the funds allocated with the amount of money disbursed as of that date. In addition to the island municipality, the rest of the towns that elected new mayors and that had low percentages of FEMA money in their coffers were Culebra (7.3%), Adjuntas (9.6%), Patillas (14.8%), Arecibo (16.1%), Santa Isabel (18.3%), Lares (22.6%), Corozal (23.5%), San Lorenzo (24.1%) and Ponce (24.5%). There is a perception that after an emergency, the person closest to the residents are the mayors. However, research shows that this is not so in all cases, especially after Hurricane María in 2017 and the earthquakes in 2020.

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Nuevo director de COR3 acepta responsabilidad en atraso de los fondos de recuperación a municipios

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El atraso en el desembolso de los fondos de recuperación asignados a los municipios por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la falta de adelanto de dinero para comenzar proyectos en los pueblos se debió en gran medida a la burocracia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), aseguró Manuel Laboy, que desde enero pasó a dirigir esta oficina. Laboy dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que durante el proceso de Transición encontró que COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos. COR3 es la agencia local encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA luego de inspeccionar los proyectos reclamados por las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro por medio del programa de Asistencia Pública. Hasta diciembre del año pasado, era dirigida por Ottmar Chávez. Las expresiones de Laboy fueron en respuesta a una investigación del CPI en la que alcaldes derrotados en los comicios de noviembre de 2020 denunciaron que la lentitud de los fondos de recuperación les costó sus puestos.

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La respuesta municipal a los desastres costó elecciones

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Diez de los 20 municipios de Puerto Rico que han recibido un porcentaje menor del dinero de recuperación que le había aprobado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) tuvieron cambios de alcaldía en enero. El caso más notorio es el de Vieques, que solo había recibido el 4.9% de los $51.3 millones que FEMA obligó antes de los comicios de noviembre del 2020, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) al comparar los fondos obligados con las cifras de dinero desembolsado a esa fecha. Además de la isla municipio, el resto de los pueblos que cambiaron sus alcaldías y que tenían bajos porcentajes de dinero de FEMA en sus arcas fueron Culebra (7.3%), Adjuntas (9.6%), Patillas (14.8%), Arecibo (16.1%), Santa Isabel (18.3%), Lares (22.6%), Corozal (23.5%), San Lorenzo (24.1%) y Ponce (24.5%). Existe la percepción de que luego de una emergencia la figura más cercana a los ciudadanos son los alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, la investigación demuestra que no en todos los casos es así, especialmente luego del huracán María de 2017 y los terremotos de 2020.

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Communities in Puerto Rico will Remain at the Mercy of Water Rationing and Flooding for Several Years

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In the Cubuy neighborhood in Canóvanas, having a cistern — sometimes two, or even three — is indispensable to deal with the unpredictability of the potable water service. When there is no such option, you have to resort to gallons, buckets or containers to store the liquid. Madeline Negrón, 48, a resident of the Eva Flores sector of this neighborhood, is witness to that, and she says it doesn’t take a hurricane, storm or a drought for the pipes to be empty for up to three days straight. When Hurricane María struck in 2017, the roughly 10 residents who live in this area had to wait several weeks before water service was restored. The situation is much worse in times of droughts, since Cubuy and other neighborhoods in Canóvanas are among the first sectors to get rationed when the levels of the Carraízo reservoir — located in Trujillo Alto — drop.

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Comunidades seguirán a merced de racionamientos de agua e inundaciones por varios años

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En el barrio Cubuy, en Canóvanas, hay que tener una cisterna — a veces dos, o incluso hasta tres — para poder lidiar con la inestabilidad del servicio de agua potable. Cuando no hay esa opción, hay que recurrir a galones, cubos o drones para almacenar algo de líquido. De eso da fe Madeline Negrón, de 48 años y residente del sector Eva Flores de este barrio, quien explicó que no hace falta que haya un huracán, tormenta o una sequía para que las tuberías se queden vacías hasta por tres días corridos. Cuando pasó el huracán María en el 2017, los cerca de 10 residentes que viven en este sector tuvieron que esperar varias semanas antes de que se restableciera el servicio de agua. El cuadro es mucho peor en tiempos de sequías, pues Cubuy y otros barrios de Canóvanas son de los primeros sectores a los que se aplica racionamiento de agua cuando los niveles del embalse Carraízo — ubicado en Trujillo Alto — disminuyen.