El Gobierno prometió mano dura contra los infractores, una auditoría a cada beneficiario y cambios a la ley para requerir mayor inversión en Puerto Rico para otorgar el incentivo.
En la costa de Luquillo, el fenómeno del acaparamiento de propiedades se siente cada vez más fuerte. Junto con una oleada de alquileres a corto plazo, genera el desplazamiento de la gente de allí. El periodista José Encarnación Martínez le pone rostro a este dilema.
Ya son cuatro jueces que ordenan la entrega al Centro de Periodismo Investigativo de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley 22.
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio debe entregar informes de beneficiarios sobre Ley 22 sin información personal
A company owned by Hamed R. Wardak was investigated by the U.S. Congress in 2010 for allegedly paying Taliban insurgents with money from a contract with the U.S. Department of Defense. The contractor denied the allegation made in an investigative report. In 2015, Wardak moved to Dorado and took advantage of Act 22. The incentive exempts foreigners from paying capital gains taxes — the law calls them “resident investors” — who move their main residence to the island. That is, 0% taxes on these people’s wealth.
Una compañía de Hamed R. Wardak fue investigada por el Congreso en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico. En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la Isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.
