A principios de año, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio reclamó como un logro la cancelación de 23 decretos en el 2025, tras auditar a casi 2,000 beneficiarios bajo el Código de Incentivos. Pero no revocó el decreto de este inversionista residente, que había sido hallado culpable de fraude en California desde el verano pasado.
Una investigación del CPI en torno al repentino cierre del hospital a menos de dos años de su apertura revela que, desde antes de comenzar operaciones, había serios problemas económicos y entuertos legales.
Seis meses después de convertirse en inversionista residente en Puerto Rico, Suresh Gajwani registró a SGNG Foundation Corp., una organización sin fines de lucro que recibió al menos $150,000 en donativos otorgados por beneficiarios de la Ley 22, sin estar cualificada para recibirlos.
San Juan, PR – El Tribunal de Primera Instancia en San Juan recibió ayer una petición de mandamus del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que ordene a Manuel Cidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entregar la base de datos que dio pie al más reciente informe presentado por el Gobierno sobre el impacto de incentivos económicos bajo la Ley 60 de 2019, que incluye la antigua Ley 22 de 2012 para Incentivar el Traslado de Inversionistas a Puerto Rico, así como la lista de entidades sin fines de lucro que recibieron donativos de inversionistas beneficiados por este incentivo contributivo. Después de más de cuatro meses de la solicitud del periodista Luis Valentín para que se entregue la base de datos que dio pie al estudio Rendimiento de los incentivos económicos: evaluación de datos y análisis del retorno de la inversión (ROI), el DDEC no ha entregado la información. Cuando se presentó este informe, el Secretario de la agencia dijo: “Este estudio refleja los resultados del retorno de inversión de los incentivos. Aunque la agencia había realizado otros estudios, nunca había recopilado y creado una base de datos tan robusta como la de este análisis en el que se utilizaron declaraciones de impuestos estatales y municipales, informes de planillas de empleo, informes anuales y datos de los beneficiarios de los programas. Este tipo de esfuerzo se convierte en un instrumento esencial para la toma de decisiones de política pública y para el monitoreo y la fiscalización de los incentivos”.
La Ley 22 requiere a los inversionistas residentes donar anualmente a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. Una investigación del CPI que tomó como muestra los datos del año 2022 encontró múltiples violaciones a esta exigencia que se hace para obtener el privilegio contributivo.
El Gobierno prometió mano dura contra los infractores, una auditoría a cada beneficiario y cambios a la ley para requerir mayor inversión en Puerto Rico para otorgar el incentivo.
En la costa de Luquillo, el fenómeno del acaparamiento de propiedades se siente cada vez más fuerte. Junto con una oleada de alquileres a corto plazo, genera el desplazamiento de la gente de allí. El periodista José Encarnación Martínez le pone rostro a este dilema.
Ya son cuatro jueces que ordenan la entrega al Centro de Periodismo Investigativo de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley 22.
