CPI exige al DDEC entrega de información sobre inversionistas bajo Ley 22/60

San Juan, PR – El Tribunal de Primera Instancia en San Juan recibió ayer una petición de mandamus del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que ordene a Manuel Cidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entregar la base de datos que dio pie al más reciente informe presentado por el Gobierno sobre el impacto de incentivos económicos bajo la Ley 60 de 2019, que incluye la antigua Ley 22 de 2012 para Incentivar el Traslado de Inversionistas a Puerto Rico, así como la lista de entidades sin fines de lucro que recibieron donativos de inversionistas beneficiados por este incentivo contributivo. Después de más de cuatro meses de la solicitud del periodista Luis Valentín para que se entregue la base de datos que dio pie al estudio Rendimiento de los incentivos económicos: evaluación de datos y análisis del retorno de la inversión (ROI), el DDEC no ha entregado la información. Cuando se presentó este informe, el Secretario de la agencia dijo: “Este estudio refleja los resultados del retorno de inversión de los incentivos. Aunque la agencia había realizado otros estudios, nunca había recopilado y creado una base de datos tan robusta como la de este análisis en el que se utilizaron declaraciones de impuestos estatales y municipales, informes de planillas de empleo, informes anuales y datos de los beneficiarios de los programas. Este tipo de esfuerzo se convierte en un instrumento esencial para la toma de decisiones de política pública y para el monitoreo y la fiscalización de los incentivos”.

La ola del desplazamiento

En la costa de Luquillo, el fenómeno del acaparamiento de propiedades se siente cada vez más fuerte. Junto con una oleada de alquileres a corto plazo, genera el desplazamiento de la gente de allí. El periodista José Encarnación Martínez le pone rostro a este dilema.

Puerto Rico Act 22 Tax Incentive Fails

A company owned by Hamed R. Wardak was investigated by the U.S. Congress in 2010 for allegedly paying Taliban insurgents with money from a contract with the U.S. Department of Defense. The contractor denied the allegation made in an investigative report. In 2015, Wardak moved to Dorado and took advantage of Act 22. The incentive exempts foreigners from paying capital gains taxes — the law calls them “resident investors” — who move their main residence to the island. That is, 0% taxes on these people’s wealth.

Fracasa la exención contributiva de la Ley 22

Una compañía de Hamed R. Wardak fue investigada por el Congreso en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico. En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la Isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.