Calle Fortaleza, Viejo San Juan

Fondos de cobertura compraron el 67% de los bonos chatarra de Puerto Rico en 2014

Entre estos 114 fondos de cobertura, se encuentran fondos buitre que, según define la Organización de las Naciones Unidas, son empresas que adquieren deuda en incumplimiento o en dificultades con el objetivo de lograr un alto rendimiento o retorno de inversión, y lo hacen mediante compra, cesión o alguna otra transacción, como pudieran ser sentencias judiciales.

Sala del Tribunal Federal en Puerto Rico.

Bonistas y gobierno se enredan en laberinto de demandas

Este jueves, 3 de noviembre habrá una vista ante el juez federal Francisco Besosa donde se verá la demanda consolidada de Peaje Investment, Assured Guaranty y Altair Global que buscan que se levante la suspensión de litigios que impuso PROMESA y que se restituyan fondos que alegadamente el gobierno movió entre agencias para evitar pagos de deuda.

Puertorriqueños de la diáspora en Nueva York en una manifestación durante la primera reunión de la JCF

Se activa la diáspora ante primera reunión pública de la Junta de Control Fiscal

La reunión pública no duró media hora y tuvo más bien el formato de una conferencia con libreto, en la cual las decisiones tomadas por unanimidad no admitieron ninguna discusión y se aprobó un reglamento poco preciso y genérico, que tiene el resultado de dar amplio margen a la JCF a tomar decisiones sin cortapisas. Un grupo de la diáspora se manifestó afuera y adentro de la sala donde se montó la sesión. Conoce su punto de vista.

Fachada del Tribunal Federal en Puerto Rico

Vista federal con bonistas en medio del apagón

Aunque la tensión entre los bandos era obvia y el país recién despertaba con un apagón monumental, la mañana del primer día de vistas comenzó relajada, con el juez federal Besosa enumerando en tono burlón las relaciones potencialmente conflictivas que tiene con algunos de los abogados que representan a la parte demandante; como el bufete Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda & Pérez-Ochoa, del que Besosa fue socio fundador y que representan en este caso a la aseguradora de bonos National Public Finance Corporation. En son de broma, desde lo alto del estrado, el juez Besosa preguntó a los abogados de esa firma si en verdad pensaban ganar el caso cuando Pérez-Ochoa le había quitado su puesto en ese bufete.

El Lcdo. Osvaldo Burgos junto a Carla Minet, directora del CPI, Laura Moscoso, Joel Cintron Arbasetti, periodistas, y Omaya Sosa Pascual, co-fundadora de CPI, durante la vista del caso sobre acceso a la información relacionado con la identidad de los bonistas de la deuda de Puerto Rico.

Gobierno entrega documentos de los bonistas tras un año en el tribunal

De una primera revisión de los documentos sobresale que fueron 275 las firmas de inversión que compraron deuda de la emisión de $3.5 mil millones de Bonos de Obligación General del año 2014, la mayor emisión de bonos chatarra en la historia del mercado de bonos municipales. Entre las empresas, se encuentran fondos de cobertura, fondos buitre y fondos mutuos.

El gobernador durante su participación en ‘The ABCs of PROMESA’ el pasado 9 de agosto en CUNY.

Gobernador recibe mandato del tribunal en caso de acceso a la información sobre bonistas

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ya recibió el mandato de Tribunal de Apelaciones por el que esperaba para dar a conocer la información sobre los bonistas que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Joel Cintrón Arbasetti le han estado solicitando hace más de un año. García Padilla había dicho hace dos semanas en una videoconferencia con periodistas de Puerto Rico y Estados Unidos que cubren la crisis fiscal que estaba en espera de este documento del tribunal para dar la información. El gobierno no apeló la determinación del Tribunal Apelativo que confirmó en abril que es pública la identidad de las compañías de fondos de cobertura que adquirieron bonos del gobierno en la emisión de marzo de 2014 y la cantidad de bonos que cada una de ellas obtuvo, así como la identidad de los miembros del Comité Ad Hoc de bonistas y los términos y condiciones que éstos pusieron al gobierno en una propuesta escrita. El CPI solicitó al gobernador y al nuevo presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Alberto Bacó, que no retrasen más el proceso de entrega de la información solicitada sobre los bonistas por cuestiones burocráticas. “Emplazamos al gobierno de García Padilla a que cumpla cuanto antes con la sentencia y haga valer su discurso público de estar a favor de la transparencia.