Gobierno tendrá que entregar información sobre las muertes relacionadas a María

El gobierno de Puerto Rico tendrá que entregar en siete días al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) la base de datos de las muertes registradas en Puerto Rico, los certificados de defunción, las defunciones por día y municipio, los permisos de enterramiento y de cremación, así como la libreta manual en la que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico de Puerto Rico. Así lo establece un sentencia emitida este lunes por la jueza Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. El CPI había ido al tribunal para exigir al gobierno que brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el huracán María. La cadena de noticias CNN también demandó al gobierno por la misma información y su demanda se consolidó con la de CPI. El Registro Demográfico había alegado que los documentos solicitados tenían muchos campos de información confidencial.

Periodistas demandan al Registro Demográfico por ocultar información pública sobre las muertes ocasionadas por el Huracán María

El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.

The CPI marks 10 years of investigation, fight for transparency and journalism training

“We’re very proud and grateful for this trajectory. This decade of learning has prepared our team for a new stage, which is particularly important given the challenging moments that our island is going through. We plan to continue growing to carry out more comprehensive investigations and promote an increasingly relevant and comprehensive agenda of transparency and training,” said Executive Director Carla Minet.

El CPI conmemora 10 años de investigación, lucha por la transparencia y formación periodística

“Estamos muy orgullosos y agradecidos de esta trayectoria. Esta década de aprendizajes ha preparado a nuestro equipo para una nueva etapa, que es particularmente determinante dado los momentos retantes por los que atraviesa nuestro país. Planificamos seguir creciendo para hacer investigaciones más abarcadoras e impulsar una agenda de transparencia y de formación cada vez más pertinente, relevante y amplia”, dijo su directora ejecutiva Carla Minet.

Fuera del Título III la demanda de acceso a la información

La Jueza Laura Taylor Swain concluyó que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demostró que existe causa para levantar la paralización automática al litigio de acceso a la información que esta entidad lleva contra la Junta de Control Fiscal. Esto implica que no se consolidará con los casos de la quiebra bajo el Título III que dirige la letrada, sino que se atenderá en el Tribunal Federal, según la Constitución de Puerto Rico. En resumen, la orden de Swain reconoce la legitimidad de la postura del CPI como representante del pueblo, admite que la solicitud no afecta los procesos de Título III, y establece que el caso merece una resolución “a tiempo”. “Se concede la moción y se levanta la suspensión automática en cuanto al litigio”, dijo Swain, quien afirmó en su orden que “el litigio resolvería completamente los asuntos que plantea CPI y estos pueden ser resueltos de manera más económica en un foro distinto al del los procesos del Título III”. “Aunque la Junta deberá dedicar tiempo y recursos a la defensa de este caso, el efecto más significativo de continuar la suspensión del litigio sería privar al CPI de cualquier oportunidad de obtener determinaciones oportunas en cuanto a su derecho a la divulgación que busca en nombre del público puertorriqueño.

CPI responde a la Junta de Control Fiscal sobre su pedido de información pública

La Junta de Control Fiscal ha invocado la inmunidad de sus miembros y argumenta que la Ley PROMESA suplanta todo el derecho puertorriqueño, en su intento por no entregar los documentos solicitados mediante el Tribunal Federal por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En lo que parece ser el primer documento legal en que la Junta trata de establecer ante un tribunal su visión de lo que son y hasta dónde llegan sus poderes, los argumentos de la entidad sobre su alcance y su interpretación de la Ley PROMESA se dan en momentos en que el gobierno federal evalúa si va o no a defender ese estatuto en el caso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III. La Junta también implica en su moción radicada el martes, 8 de agosto que los gastos que conllevaría entregar los documentos que ya existen y que han sido solicitados desde el pasado año por el CPI serían onerosos. Plantea que la solicitud de documentos representará una dificultad para sus “miembros no compensados”, aunque este organismo cuenta con ocho personas en su equipo de trabajo, incluida su Directora Ejecutiva, cuyo salario anual es de al menos $625,000. De las publicaciones de la Junta en su sitio web, también indica que hay una serie de contratistas, incluyendo, por ejemplo, su recién nombrado coordinador de revitalización, que gana un salario anual de no menos de $325,000.00.