Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público?
¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo? ¿A la dirección de la AEE o a la de LUMA?
Son muchas las interrogantes que tiene la ciudadanía, especialmente quienes defendemos el libre acceso a información pública, sobre cómo se podrá fiscalizar el uso de los fondos con los que se operará el sistema eléctrico a partir de este 1ro de junio de 2021 y por los próximos 15 años a un costo de $1,500 millones.
La alianza público-privada convierte a LUMA en la operadora de una compleja estructura que va atada a importantes decisiones de política pública y la otorgación de contratos. El manejo de decenas de miles de millones de dólares en fondos federales provenientes de FEMA, destinados a la transformación de nuestro sistema eléctrico obsoleto y devastado por el huracán María, también está en juego.
Si fiscalizar las decisiones de una corporación pública como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha sido cuesta arriba durante estos años, ¿qué podemos esperar a partir de hoy, que la transmisión y distribución pasa a manos de una empresa privada?
Si bien es cierto que LUMA Energy asegura en su página que sus empresas matrices, ATCO y Quanta “están comprometidas con la transparencia y la integridad”, lo cierto es que desde que se oficializó el contrato sus directivos han actuado contrario a ese principio de transparencia al negarse una y otra vez a ofrecer información tan básica como sus salarios.
El CEO de LUMA Energy LLC., Wayne Stensby ha evadido responder públicamente sobre a cuánto asciende su salario y el de los directivos de la empresa. Este reclama que esos datos son confidenciales. Durante una maratónica vista pública en la Cámara de Representantes, Stensby tampoco quiso decir los nombres de los abogados que representaron a la empresa al momento de negociar el contrato, ni qué empresa de relaciones públicas o mercadeo fue contratada por LUMA en Puerto Rico.
Pese a que la Comisión de Desarrollo, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes le requirió el pasado 21 de marzo esa y otra información a esta fecha LUMA no la ha entregado, confirmó al Centro de Periodismo Investigativo el presidente de la comisión, Luis Raúl Torres Cruz quien dijo que no descarta acudir a los tribunales para exigirla. “Se negaron tres veces. Solo entregaron información parcial alegando que son una empresa privada y que la información requerida es confidencial”, explicó Torres Cruz.
LUMA divulga parcialmente información sobre los salarios de sus directivos en las facturas mensuales que somete a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Sabemos que paga por hora $325 a los 13 vicepresidentes, $300 y $275 la hora a los 3 directores “senior” y 10 directores, respectivamente, $210 y $200 la hora a sus 8 gerentes “senior” y 11 gerentes, y $160 la hora a los 3 ingenieros, entre otros, según la última factura disponible. No obstante, de esa factura sometida en marzo de 2021 no se puede precisar quiénes ocupan los puestos.
Una de las alegaciones de LUMA es que no tienen obligación de hacer pública esa información porque la Ley de Datos Abiertos los exime de divulgar información que revele detalles privados de terceros o afecte sus derechos fundamentales; e información confidencial perteneciente a terceros. En una moción al Negociado de Energía, que emitió una orden para que LUMA desglosara las facturas sometidas al Gobierno que ascienden a $116.5 millones por los primeros siete meses de transición, la empresa plantea que no puede revelar los nombres de su personal ni el de los que trabajan con sus suplidores para proteger su derecho a la privacidad, aunque su operación es sufragada con fondos públicos.
Entonces, si estando en el proceso de transición no podemos conocer información básica como es quiénes dirigen la operación y cuánto se les paga porque forman parte de una empresa privada, ¿qué podemos esperar cuando asuman la transmisión y distribución del sistema de servicio eléctrico? ¿Sabremos a quiénes contratan y en qué condiciones? ¿Se harán públicos esos acuerdos contractuales como hasta ahora viene obligada por ley toda corporación pública?
“La información que LUMA ha provisto en las reuniones de la Junta de Gobierno de la AEE en los pasados meses durante el proceso de transición se ha limitado a un informe verbal de aproximadamente 10 minutos por parte del Director de LUMA. Esto es el resultado de que el administrador del contrato es la Autoridad para las Alianzas Público Privadas,” denunció Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE.
Aunque se hagan alegatos de confidencialidad, la Ley 159 de 2013 ordena a toda Corporación Pública a transmitir vía internet, todas las reuniones de sus respectivas Juntas donde se deliberen los asuntos de la Corporación Pública, sostuvo. Según el ingeniero, la Ley 159 no exime asuntos delegados a operadores privados. “Todos los asuntos relacionados a la AEE, aun los delegados a un operador privado, son públicos y deben transmitirlos vía internet como parte de sus reuniones mensuales”, recalcó.
“Se requiere que se enmiende el contrato para que toda factura, contratos, y documentos ante el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal sea aprobado por la Junta de la AEE”, advirtió Torres Placa sobre los cambios necesarios para poder fiscalizar la implantación de la APP.
Una carta enviada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico al representante Luis Raúl Torres sostiene que esa oficina mantiene su rol de auditar los fondos públicos manejados por LUMA. No obstante, el principio de la transparencia no reside únicamente en saber del manejo de los intereses públicos a posteriori, sino conocer cómo se toman las decisiones públicas en tiempo real o antes de que se firmen acuerdos que pudieran ir en contra del mejor interés público. Pero a preguntas del CPI, la Contralora no respondió si LUMA estaría obligada a publicar los contratos que otorgue durante su operación como hasta el momento vienen obligadas las agencias, corporaciones públicas, municipios y todo organismo gubernamental.
El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés) y la organización ambiental sin fines de lucro, CAMBIO presentaron un recurso de mandamus en el tribunal para obtener información sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y el proceso de privatización que está en curso. Según Ingrid Vila, portavoz de CAMBIO, lo único que la AEE entregó “fueron unos ‘powerpoints’ y una certificación de que no habían hecho un estudio de costo beneficio o costo resultante de la privatización”.
Como consecuencia de esta transacción, que deja casi desmembrada a la UTIER, también tenemos que preguntarnos: cuando llegue la emergencia, ¿a quién vamos a llamar para contrastar la información oficial que se ofrezca, si ya el sindicado no estará en la calle? ¿O es que ya se nos olvidó que la dirección de la AEE comunicó cifras oficiales incorrectas durante cinco meses sobre la reconexión eléctrica después del huracán María? El estudio “Satellite-based assessment of electricity restoration efforts in Puerto Rico after Hurricane María”, utilizó imágenes nocturnas satelitales de la NASA para identificar la conexión eléctrica real, y concluyó que la AEE informó en promedio cifras que eran un 17% más altas que la conexión eléctrica real.
Este lunes, el CPI solicitó una entrevista a LUMA para hablar sobre sus políticas de transparencia. Tratándose de una alianza público-privada que operará un servicio esencial y sufragada en su totalidad con fondos públicos, intentamos obtener información sobre los mecanismos que implantarán para hacer pública toda la información y contratos, y cómo se canalizará la información a la prensa en momentos de una emergencia. No recibimos una respuesta.
Si algo queda claro es que el rol de la prensa en este periodo de la privatización será fundamental. No se puede tirar la toalla y aceptar con ojos cerrados la premisa de que “como es una empresa privada, no hay nada que hacer”. Hay que fiscalizar todavía con más empeño para que nuestra gente tenga el servicio que merece, a un precio razonable, para atender necesidades esenciales, como la vida, la salud, la alimentación y el trabajo.
Saludos, como es posible que una empresa que administrara fondos publicos no este obligada por ley a informar al pueblo consumidor como se gasta el dinero que aporta cada ciudadano???
Vienen para administrar los billones aprobados para las mejoras de la red eléctrica. Nuestro pueblo tiene un sistema político manejado a través de dos partidos títeres que son controlados por los peregrinos del norte.
Saludos. Definitivamente ese contrato es un tumbe. Tanta secretividad da a pensar que se avecinan eventos turbios. Claro que no quieren dar información sobre los contratos que van a otorgar porque lo darán a sus propias subsidiarias. Y son capaces de crear compañías adicionales para contratarlas y todo queda en familia.
Como dije anteriormente, es un tumbe.
Gracias Damaris Suárez y a todos y todas quienes laboran en el CPI para mantenernos al tanto de la información que concierne y afecta al pueblo. Confío en ustedes, en su labor de fiscalización. Ahora más que nunca, les necesitamos. ¡ Gracias!!
Excelente. En ese esfuerzo, debemos estar los ciudadanos, apoyando a la prensa sería. Los periodistas-relacionistas, debemos dejarlos al lado. Sólo aquellos profesionales que se respetan y respetan al pueblo, deben ser escuchados(leídos). El CPI es una de esas instituciones que merecen nuestro apoyo. Gracias por informar de verdad.
La verdad es que la compañía Luma salió victoriosa y no tiene la culpa de que Fermín Fontanez y su grupo accedieran a todas sus peticiones. Es a este grupo que hay que preguntarle porque aceptaron firmar un contrato tan malo para PR. Cual fué la presión recibida de la JSF o de Fema para forzar este acuerdo.
LA P3 tiene en agenda varios proyectos que van a ser igual de controversiales como el de LUMA. Me pregunto quien le ha dado tanto poder a este grupo, para firmar acuerdos que afectarán la historia de nuestrol país.
El contrato será malo para PR pero $eguro $alió buení$imo para ello$.
Muy bueno…ahora comenzaremos a vivir la realidad de esta estafa. La prensa TIENE que exigir intérprete en todas las entrevistas de estos cromañones para que el pueblo entienda bien sus expresiones y de que están hechos.
Gracias a Damaris Suarez y al CPIp por este trabajo de información y fiscalización ante el mega tumbe que representa Luma Energy para el País
Este es un caso antológico de la acción de buitres financieros con el aval de políticos locales corruptos. Me alegro estar colaborando mensualmente con el CPI pues es un tipo de prensa que no tira la toalla y fiscaliza a estos ladrones. Nos da esperanza, esperanza que se convierte en indignación.
cuando no quieren actuar con honestidad y transpariencia, deja la puerta abierta para transacciones corruptas. ellos han fallado contestando preguntas basicas que pueblo tiene. y en cierta situaciones dicen una cosa y al proximo dia lo niegan. lo dela immunidad es insolito, y me alegro que le hayan dicho que es solo para eventtos ordinarios. basado en el dinero corriendo, yo creo que si hubiesen contratado a elon musk, para transformar toda la isla en tener un sistema de energia solar de vanguardia en el mundo entero. mas barato para el pueblo, menos costoso para el gobierno. lo que tenemos no va a funcionar con esta compañia, no ha detalldo su plan, solo piensan en el próximo aumento que nos van a espetar..y el pueblo se v a revelar contra estos ..a veran…..
Me gustaría que le preguntaran a esa gente de luma por qué razón tienen que tener 22 vicepresidentes ganandose más de medio millón. Eso demuestra que vienen a llenarse los bolsillos y lo menos que les importa es la reconstrucción del sistema energético. Ellos no quieren energía renovable que es menos costoso para seguir enriqueciendo a las compañías de gases fósiles .
Wao, el tumbe que nos viene pa’ encima es grande. Pa, la calle de nuevo. No nos queda de otra. Podemos retener loa pagos mensuales bajo una cuenta en el tribunal??? POR FAVOR no necesitamos otra mortificacion que nos daña el espiritu
Excelente artículo. Felicidades al CPI por lo que están haciendo.
Puerto Rico necesita periodistas como ustedes que fiscalicen lo que el gobierno hace. El rol del periodismo actual ya no es simplemente de informar sino de actuar como agentes de cambio para un país.
Donaré cada vez que pueda para que continúen con su labor fiscalizadora.
Es toy en contra del contracto abusivo. Que el gobierno le otorgo a Luma .VA en contra DE Los intereses genuinos del Pueblo DE Puerto Rico y subienestar.No se puede peemitir .
Fermin Fontanes le dio a LUMA un CK en blanco para hacer lo que quieran y sin fiscalizar.