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Puerto Rico, la isla más vulnerable ante los desastres, carece de un plan de seguridad energética

13 de diciembre 2022

Captura de pantalla del Catastro digital del CRIM

Buckeye Caribbean Terminals, en Yabucoa

Cuando el huracán Fiona causó un apagón general el 18 de septiembre, el Gobierno de Puerto Rico confió en que las empresas Buckeye, Peerless y Total iban a estar listas para suministrar diésel durante la emergencia. Pero después de que pasaron los vientos, mientras el apagón continuaba, los camiones de acarreo del combustible hacían fila en las instalaciones de Buckeye, en Yabucoa, esperando el despacho. El generador de emergencia de la empresa no tenía capacidad para energizar las instalaciones de distribución. En Peñuelas, mientras el Gobierno decía que los abastos eran suficientes, la compañía Peerless tuvo que comenzar a racionar diésel cuatro días después del huracán, para enfrentar el aumento de la demanda. 

Ni el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) ni el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se aseguraron antes de Fiona de que los terminales y mayoristas distribuidores tuvieran abastos suficientes de gasolina y diésel que se necesitaba en esa situación de emergencia. La falta de preparación de Buckeye afectó la cadena de suministro del combustible que necesitaban gran parte de los generadores públicos y privados que energizan provisionalmente el país tras los desastres, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). 

Luis Vázquez, gerente general de Peerless, alegó que su empresa estaba preparada pero tuvo que racionar porque a su terminal de Peñuelas comenzaron a llegar nuevos clientes que se habían quedado sin combustible, como los mayoristas importadores Total y Shell (Toral), en momentos que necesitaba asegurar los abastos para sus clientes del sector público, la Autoridad de Transporte Marítimo, la Marina de EE.UU y diez municipios. 

“Si yo decía que voy a dejar el llenadero abierto, se nos hubiera acabado el diesel en un día. La demanda era brutal”, sostuvo Vázquez. “Lo que hay que hacer es que las agencias de Gobierno, a través del COE [Centro de Operaciones de Emergencia], antes de que empiece una temporada de huracanes, haga una reunión y citar” a los suplidores de combustibles para que informen sobre la preparación para enfrentar huracanes. Vázquez aseguró que, después del huracán María, la única reunión del Gobierno con los importadores mayoristas de combustible ocurrió luego del huracán Fiona, el 29 de noviembre. “No podemos esperar a que ocurra una emergencia para dar la información”. 

Instalaciones de Peerless en Peñuelas.
Foto tomada de la página de la empresa.

Puerto Rico enfrentó Fiona, en efecto, sin tener un plan de seguridad energética para los desastres. Desde 2019, el Programa de Política Pública Energética del DDEC prepara el Plan de Aseguramiento Energético (Energy Assurance Plan), pero tres años más tarde aún no lo ha terminado, confirmó su director Carlos Tejera. El Gobierno ha solicitado y recibido unos $200,000 en fondos federales para crear y actualizar estos planes. La Ley de Transformación y Alivio Energético de 2014 ordena que el DDEC actualice este plan cada año antes de cada temporada de huracanes.

Tejera no pudo precisar una fecha en la que espera que esté completado el Plan de Aseguramiento Energético. Le faltan partes importantes como la ciberseguridad de las comunicaciones del sistema eléctrico, recopilar “datos sobre resiliencia” y consideraciones sobre pandemias que puedan afectar a empleados del sector de la generación de electricidad. 

Los funcionarios a cargo de este plan dan versiones distintas sobre su existencia. Mientras Tejera dice que no se ha culminado, el Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, que supervisa el Programa de Política Pública Energética, indica que este “se actualizó en el 2020 y se está actualizando constantemente”. El CPI pidió entonces al DDEC que entregara ese documento actualizado, pero la agencia indicó: “el documento que solicitas todavía no está final, por lo que no lo podemos compartir hasta tanto esté con la firma final”.

El DDEC contrató a la compañía Industrial Security Products por $95,000 para que desarrollara el plan, en un contrato cuya vigencia se extendió en tres ocasiones, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Francisco Berríos Portela, quien dirigió el Programa de Política Pública Energética hasta que fue nombrado en verano Secretario Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, ofrece otra versión: en 2021 supuestamente se terminó el plan y se compartió con los “sectores correspondientes”. Alega que en junio de 2022 se llevaron a cabo ejercicios, dirigidos por FEMA, con el equipo que compone el ESF-12 (un protocolo responsable de mantener las operaciones de energía durante las emergencias), junto con LUMA (que administra la red de transmisión y distribución), la Autoridad de Energía Eléctrica (dueña de las plantas de generación) y el Programa de Política Pública Energética. “El Gobernador también participó como parte de estos ejercicios que se llevaron a cabo”, según Berríos Portela. 

Mientras tanto, el Gobierno se deja llevar por un alegado Plan de Aseguramiento Energético de 2011, hecho antes del huracán María. Este no incluye los elementos de preparación y respuesta en relación al combustible que se necesitan para evitar la repetición de los problemas, indicó Tejera. 

Entre las agencias del Gobierno de Puerto Rico que manejan emergencias, energía, o desarrollo económico, ninguna está a cargo de coordinar con el sector privado para garantizar abastos de combustible ante los desastres.
Diagrama por Gabriela A. Carrasquillo Piñeiro | Centro de Periodismo Investigativo

El gobierno federal recomendó un plan “de inmediato”

El Plan de Aseguramiento Energético se crea para usarse durante las emergencias, y debe incluir cómo atender el almacenamiento y distribución de combustibles que se distribuye a clientes públicos y privados. En junio de 2018, luego del huracán María, el Departamento de Energía federal (DOE) recomendó al Gobierno prepararlo “de inmediato” para que la Isla estuviera lista en la “próxima temporada de huracanes”, según en el informe Soluciones de Resiliencia Energética para la Red de Puerto Rico.

El DOE hizo su recomendación luego de que el huracán María destruyera en 2017 la ya debilitada red eléctrica, causando uno de los apagones más largos de la historia de Puerto Rico y de Estados Unidos, y que dejó áreas de la Isla hasta un año sin electricidad. Fiona también provocó un apagón generalizado en la red eléctrica, y LUMA necesitó hasta casi un mes para restablecer el servicio.

El disloque en la logística de distribución no fue poca cosa. Tan solo Buckeye y Peerless, por ejemplo, distribuyen el 70% del combustible que se recibe en la Isla, según el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel A. Pizá, quien confirmó los problemas que enfrentaron las empresas. “Cuando tuvieron que cambiar el combustible de un tanque a otro, el generador de Buckeye no tenía capacidad suficiente, y eso provocó que se disminuyera sustancialmente el despacho”, explicó Pizá. Toral Petroleum es desde principios de septiembre (antes de Fiona) el mayorista distribuidor de la marca Shell, y opera en el terminal que administra Buckeye en Yabucoa. 

El CPI le preguntó a Tejera qué hizo su oficina para asegurarse de que los terminales privados y mayoristas importadores tuvieran diésel. “Esto es un elemento que cada entidad privada debe atender de manera individual”, dijo. En una entrevista separada, el director interino del NMEAD, Nino Correa, confirmó que nadie se asegura de que los terminales y mayoristas tengan combustibles disponibles antes de los huracanes. “Eso es parte de la responsabilidad directa de estas compañías. No es responsabilidad directa de nosotros”, alegó. 

El NMEAD es responsable de ejecutar el plan de preparación, respuesta y recuperación de desastres (Puerto Rico All-Hazards Plan), al que se debe adjuntar el Plan de Aseguramiento Energético, cuando esté listo. 

¿Comparten los terminales y mayoristas los planes de emergencia e información sobre los abastos con su agencia?, preguntó el CPI. “Hasta el momento no”, añadió Correa. Las declaraciones de Tejera y de Correa confirman que no existe un ente gubernamental que coordine con las empresas privadas para asegurar los abastos estratégicos de combustible antes de los huracanes que continuamente causan largos apagones. Esa coordinación es crucial para una isla como Puerto Rico, el país más afectado por desastres durante los últimos 20 años según el Índice de Riesgo Climático Global.  

“No aprendieron nada del huracán María” 

En visitas a municipios de la montaña, el CPI comprobó inmediatamente después de Fiona la falta de combustible en gasolineras. Por unos días, los puertorriqueños vieron escenas parecidas a las que causó el huracán María cinco años antes. Hospitales privados como la red Metro Pavía Health System, el Hospital San Lucas de Ponce y el CDT de Adjuntas comenzaron a tener problemas para conseguir diésel después de Fiona. Esas instalaciones médicas son responsables de contar con sus propios generadores de emergencia y de contratar a los distribuidores privados de combustible. Si algo falla, acuden al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del NMEAD y solicitan ayuda. 

“No existe de manera preventiva, de preparación, alguna entidad gubernamental que asegure diésel para los hospitales antes de un huracán”, según Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales. “La Guardia Nacional se debe activar un par de días antes del evento, para ver qué sitios van a necesitar diésel por razones médicas. La Guardia Nacional salió tarde, como cuatro o cinco días después de Fiona. Les suplió a algunos hospitales privados”, añadió.

Nueve días después del huracán María en 2017, la Guardia Nacional de Puerto Rico continuaba suministrando diésel, como muestra esta foto tomada en el hospital HIMA San Pablo en Bayamón. 
Foto por Sgto. Alexis Vélez | Guardia Nacional de Puerto Rico

Sin un plan de seguridad energética para desastres y sin supervisión para los terminales de combustible, parte de la respuesta de Puerto Rico a los huracanes está a merced de la preparación que decidan hacer las empresas privadas. El riesgo mayor recae en Buckeye, que tiene uno de los abastos más grandes de múltiples combustibles en Puerto Rico  (172 millones de galones combinados). La empresa se creó en Puerto Rico en 2001 como una subsidiaria de Buckeye Partners, con sede en Houston, Texas. Está localizada en Yabucoa, al sureste de la Isla, por donde comúnmente entran los huracanes, por lo que es un lugar de alto riesgo. Peerless, por su parte, tiene una capacidad de almacenamiento de 67 millones de galones de múltiples combustibles, y es propietaria de las gasolineras Ecomaxx. Acaba de adquirirla Sunoco, una de las compañías de distribución de combustibles más grandes de EE. UU.

Tras los problemas en Yabucoa, el suplidor principal de diésel de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la empresa Mega Fuel, comenzó a tener dificultades para abastecerse de combustible en el terminal de Buckeye y entregarlo a la corporación pública, según Orlando Rodríguez, subdirector de infraestructura de la AAA. El Gobierno, a través de la Administración de Servicios Generales, tuvo que buscar alternativas para que agencias y corporaciones esenciales, como la AAA, tuvieran diésel disponible en medio de la emergencia. El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Energía Eléctrica compartieron parte de sus limitados suministros con la AAA, dijo Rodríguez.  

“Mega Fuel se suplió de ese puerto y por eso fue que la Administración de Servicios Generales, de manera expedita, buscó la opción de firmar contrato con Total para tener diésel disponible”, explicó Rodríguez. Mega Fuel, Buckeye, Total y Toral no respondieron a solicitudes de entrevista del CPI.

Acueductos también solicitó a la Cámara de Representantes ayuda para conseguir diésel, según el representante Ángel Fourquet, uno de los proponentes de la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 389. La medida busca declarar “un estado de emergencia ante la ausencia de una estructura adecuada de distribución de combustible y derivados en Puerto Rico”. Desde el 17 de octubre, esta se encuentra ante la consideración de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado. Su presidente, el senador Javier Aponte Dalmau, indicó que será atendida al inicio de la próxima sesión legislativa en enero. La RCC 389 busca que DACO requiera a los mayoristas establecer, en todos los puntos de distribución de diésel, preferencia de entrega a las instalaciones de la AAA, las instituciones que brinden servicios de salud, las égidas y las industrias que producen medicamentos o equipos médicos, entre otros.

“No había comunicación efectiva entre las agencias y las corporaciones de los servicios esenciales… Eso de un plan es una teoría que no pudieron poner en práctica”, dijo Fourquet al CPI. “Nos dimos cuenta que no aprendieron nada del huracán María”, dijo refiriéndose a la falta de  preparación del Gobierno. 

Un carguero con diésel que carecía de sentido

La versión oficial del Gobierno, en palabras del renunciante secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, es que había un problema de distribución de combustible, y no de abastos. Esta versión   contradice el que el Gobierno de Puerto Rico tuvo que pedir una dispensa para que la barcaza GH Parks, con bandera de las Islas Marshall, entregara combustible al muelle de Peerless. Al no ser un barco de bandera estadounidense, estaba impedida de anclar aquí por las leyes de Cabotaje federales, que impiden que un barco extranjero se mueva entre dos puertos de EEUU y sus territorios. El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, concedió una dispensa al Gobierno local el 28 de septiembre, para que “el pueblo de Puerto Rico tenga suficiente diésel para operar los generadores que se necesitan para electricidad y el funcionamiento de las instalaciones críticas mientras se recuperan del huracán Fiona”.

Al concederse la dispensa a la barcaza GH Parks, la Asociación de Industriales comenzó a sospechar que en realidad había problemas con los abastos. La entidad, en efecto, recibió llamadas de “un montón” de socios que necesitaban diésel, según Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de esa organización. 

Vázquez, el ejecutivo de Peerless, solicitó el barco debido a la alta demanda de diésel tras Fiona, porque su suplidor regular le iba a entregar combustible, pero en octubre. Recordó que la Isla compite por conseguir combustible en un mercado internacional trastocado por la guerra en Ucrania. Los distribuidores prefieren ahora llevar el combustible a Europa, donde consiguen mejores precios. 

La Asociación de Industriales sabe que, independientemente de esos cargamentos, después de los huracanes aumenta la necesidad de diésel. “Hubo más demanda que probablemente en María, porque hay más gente con generadores. Los negocios medianos y pequeños se prepararon mejor con generadores más grandes, por ejemplo, no para prender una neverita sino un restaurante completo”, dijo Pérez. “En un plan de emergencia de país, se debe saber cuántos galones de diésel hay”, reclamó. Sin el combustible de emergencia, el efecto en las empresas pequeñas y medianas es que podrían tener que cerrar operaciones. “Hubo mucho riesgo de afectar industrias”, añadió Pérez. 

En una reunión privada con Berríos Portela y Tejera el pasado tres de noviembre, la Asociación de Industriales les pidió mejores planes para atender el sector industrial durante las emergencias, incluyendo asegurar los suministros de diésel, según Pérez. 

Antes de Fiona, FEMA recomendó preparar mejor los abastos de combustible

Después del huracán María, la profesora del Departamento de Análisis de Negocios de la Universidad de Iowa, Ann Campbell, analizó los problemas de abastos y suministros en Puerto Rico. La académica preparó, junto a dos expertos en logística de transporte, un estudio sobre la necesidad de que Puerto Rico tome medidas especiales de seguridad energética para evitar que sucedan los mismos problemas del gran huracán de 2017. En esa ocasión, Puerto Rico comprobó que las islas son más vulnerables a los desastres naturales que los continentes. A diferencia de algún país o estado continental, donde una zona afectada puede recibir camiones de diésel provenientes de otra localidad aledaña, Puerto Rico tiene que esperar a que llegue todo por barco. Los combustibles refinados que se queman en Puerto Rico son importados, demostrando la alta dependencia de la Isla para su sobrevivencia energética. Ilustran además la alta dependencia de un combustible fósil que contribuye a las emisiones de carbono que causan el calentamiento global. 

Campbell compartió en junio de 2021 algunas alternativas con FEMA, como la necesidad de que Puerto Rico tenga una reserva adicional del combustible antes de los huracanes, además de la de los importadores mayoristas; mantener embarcaciones listas para que vengan a la Isla con diésel inmediatamente después de un desastre; y almacenarlo en posiciones estratégicas en distintos puntos, fuera de lugares de riesgo como el sureste. 

Los académicos “nos sugieren que, en lugar de tener las reservas en un mismo lugar, hay que diversificar las áreas”, explicó Marie González, jefa de la Rama de Planificación de FEMA, que establece las guías para la preparación del plan de desastres del Gobierno de Puerto Rico. En noviembre de 2021, FEMA compartió a su vez las observaciones del estudio de Campbell con NMEAD y el DDEC, y le indicó que debían hacer unos cambios de preparación para proteger los abastos y la distribución. “Nosotros le ofrecemos asistencia técnica. No le podemos exigir una medida a ningún gobierno estatal”, aseguró. 

Correa y Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, aseguraron que antes de Fiona llevaron a cabo sobre 10 reuniones para ensayar la preparación y respuesta ante los huracanes, incluyendo asegurar los abastos de combustibles, bajo el plan de catástrofes All-Hazards. El problema es que ese plan está incompleto porque no tiene el componente de seguridad energética, y no identifica a un funcionario o agencia a cargo de coordinar y establecer prioridades a la industria del diésel. Correa y Torres sí hablaron durante la entrevista con el CPI de la responsabilidad del DDEC en “activar el sector privado”, pero no de que esa agencia debía terminar y seguir el plan de seguridad energética. 

Parte de la preparación y respuesta a emergencias se lleva a cabo con el Business Emergency Operation Center (BEOC), una entidad sin fines de lucro que sirve al Gobierno como consultor del sector privado. El director del BEOC, Emilio Colón Zavala, sostuvo que esa entidad no tiene fuerza de ley para coordinar la estrategia de seguridad del combustible, y resumió al CPI la solución de forma clara: “¿Que hay que tener un plan más robusto de emergencia para la cadena de suministros de diésel? Sí, eso es así”.

La periodista Vanessa Colón Almenas colaboró con esta historia.

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