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ARRA también tiene su “barrilito” para enseres

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El gobierno de Puerto Rico tiene asegurado un desembolso de $65 millones en fondos bajo la Ley de Reinversión y Recuperación (ARRA) para atender el Programa de Asistencia para la Climatización (WAP, por sus siglas en inglés) en lo que parece ser la herramienta con el que se intenta llevar un electrodoméstico a las familias puertorriqueñas de bajos recursos económicos, una actividad típica de los partidos políticos de cara a las elecciones generales. WAP, el programa del gobierno de Estados Unidos que promueve que en los hogares haya hasta un 30 porciento de ahorro en energía mediante la adquisición de electrodomésticos de bajo consumo, le ha generado en 16 meses unos $4.1 millones a CSA, la firma que administra los fondos ARRA por disposición de la actual administración de gobierno, según la contabilidad de WAP que se establece en la página www.recovery.org. El programa WAP identifica las familias de bajos ingresos con necesidad de neveras, acondicionadores de aire y calentadores solares, entre otros. Según la descripción del programa tienen prioridad las familias con niños y niñas, envejecientes y personas con impedimentos. WAP es uno de los cerca de diez programas que se administran en la Isla bajo la ley de estímulo federal y está contenido en el pote de $6,400 millones que autorizó la administración del presidente Barack Obama para Puerto Rico, y que la administración del gobierno de Luis Fortuño, colocó su manejo y operación en manos de la mencionada firma privada de arquitectos e ingenieros.

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AEE cambió ruta del gasoducto por Fonalledas y Rubí

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La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha sido acusada de no escuchar las objeciones sobre el proyecto para construir un gasoducto que corra la isla del sur al norte, pero sí han escuchado algunas objeciones. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) confirmó que una de las alteraciones que sufrió la ruta del gasoducto temprano en el juego no se debió a objeción de alguna agencia evaluadora sino a solicitud directa de Empresas Fonalledas que (EF) entendían que la tubería pasaba demasiado cerca del predio vegalteño en el que intentan desarrollar el megaproyecto Monte Rey. Además de Fonalledas, el desarrollador Cleofe Rubí también obtuvo un desvío de ruta para que no se afectara un proyecto suyo en Dorado. Por lo menos un tercer desarrollador, que la fuente del CPI en la AEE no identificó, también obtuvo una desviación para proteger un proyecto. La solicitud de EF fue personalmente al director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, en algún momento del verano pasado, y Cordero ordenó el cambio que, según fuentes, costó unos $3 millones.

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El Síndrome de China: La creciente presencia china en América Latina

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China está rápidamente alcanzando y desplazando a Estados Unidos y Europa en el comercio latinoamericano. En América Latina, elites empresariales y gobiernos de izquierda y derecha, hambrientos todos de inversión extranjera y divisas, dan la bienvenida a la oportunidad de hacer negocios con los chinos. Pero ambientalistas y progresistas de la región están preocupados acerca de la creciente influencia china, y denuncian que gran parte de esta inversión va a actividades ambientalmente insustentables y pone la soberanía local y nacional en entredicho. Las preocupaciones de que la creciente presencia china esté socavando la soberanía local han llegado a su punto más alto en Argentina, donde el gobierno de la provincia de Río Negro firmó en 2010 un acuerdo con la corporación china Beidahaung Group para arrendar unas 320 mil hectáreas de sus mejores terrenos agrícolas para la producción de soya, trigo, colza y otros productos. La compañía, la cual es uno de los mayores dueños de molinos de arroz y procesadores de soya de China, invertirá en este emprendimiento $1,450 millones a lo largo de veinte años.

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PR en vías de perder Centro Internacional de Seguros

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La imposición de la Ley 7 y cambios en la oferta de incentivos contributivos por la Administración Fortuño, han asestado un hachazo al Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico (CISPR), uno de los proyectos internacionales más relevantes del País. El cambio en las reglas de juego pone en peligro unos $100 millones depositados en bancos locales por empresas aseguradoras y reaseguradoras participantes del CISPR. Peor aún, se limita la posibilidad de que la Isla alcance la meta proyectada por el Centro de obtener activos en depósito de por lo menos $2.5 billones. De ocurrir una debacle en el CISPR, la Isla perdería uno de los proyectos que contribuye a sustituir el movimiento de capital que se alejó de la Isla con la desaparición de la Sección 936 y la racha subsiguiente de cierres en el área de manufactura. Los depósitos de este dinero en los bancos ayudaba a financiar proyectos privados y constituía una inyección en la economía local.

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Impunes y con pistola en mano

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La ausencia de disciplina en la Policía de Puerto Rico provoca que los ciudadanos corran el riesgo de estar a merced de los excesos de esa Fuerza, un síntoma que ni un ex agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), agencia que se jacta de ser impecable con los estándares de excelencia en administración policíaca, disipó en 12 años dirigiendo la principal institución de seguridad del estado. “Al no tener disciplina efectiva, el ejercicio de la autoridad de él o ella y de su discreción para utilizar la fuerza y privar a una persona de su libertad, está comprometido y el bienestar público está seriamente amenazado”, opinó el perito Lou Reiter, un experto en materia de seguridad, administración y supervisión policíaca que conoce la Uniformada desde la década de los 70 y que fue traído a examinar el historial de los involucrados en el caso de asesinato de Miguel Cáceres en agosto del 2007 en Humacao. La demanda por violación de derechos civiles contra la Policía, presentada por las licenciadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez, y que se ve en la sala del juez de la Corte de Estados Unidos en la Isla, Francisco Besosa, parece ser el ‘estudio de caso” que hacen las autoridades de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en Washington, para activar una sindicatura a la agencia en momentos en que tienen cientos de querellas ante sí. La Policía que también hoy es dirigida por un ex agente del FBI, José Figueroa Sancha, se encuentra en su peor momento de imagen pública, ante los excesos que se han filmado en vivo y a todo color cuando sus representantes han intervenido en conflictos huelgarios y en manifestaciones multitudinarias. En un abultado expediente judicial, los documentos retratan una realidad dantesca de negligencia, laxitud e inercia en materia de procedimientos disciplinarios y supervisión en la Policía, que tienden a establecer cierta impunidad para con el que abusa de la fuerza cuando interviene con ciudadanos.

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Supervisores policíacos se hacen de la vista larga

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El perito policiaco, Lou Reiters, un ex jefe de la controversial policía de Los Ángeles, opinó, en el proceso de investigación del caso por violación de derechos civiles contra la Policía de Puerto Rico, que los supervisores en el caso de muerte de Miguel Cáceres, actuaron “deliberadamente indiferentes en el manejo de su supervisión, control y monitoreo de los agentes en el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal”. “A base de su revisión de los reglamentos aplicables y los hechos de este caso, Reiter concluyó que cada uno de los supervisores demandados fallaron en sus responsabilidades como policías supervisores”, lee la determinación de hechos que hicieran los demandantes en el pleito federal por violación de derechos civiles contra Javier Pagán Cruz, el ex superintendente, Pedro Toledo y los oficiales Edwin Rivera Merced, Juan Colón Báez, Rafael Solís Figueroa y el teniente, Víctor Cruz Sánchez. Reiters ha estado vinculado a la Policía de Puerto Rico desde los años 70 y entre los sobre 40 casos de violación de derechos civiles que ha visto en esta jurisdicción, se destacó en el de Carlos Gutiérrez, un joven que resultó parapléjico en el 1983, cuando fue atacado a tiros por agentes de la División de Drogas de Carolina, mientras se encontraba con su novia en un paraje solitario del sector Barrazas de esa ciudad. El caso es el que mayor remuneración le ha supuesto a una víctima de abuso, luego de que un jurado determinó total responsabilidad por parte de los agentes y la administración policiaca de entonces, en las manos de la administración de Carlos Romero Barceló, que venían de protagonizar el caso del Cerro Maravilla donde fueron asesinados dos jóvenes independentistas. En el 2001, el perito fue monitor judicial en California cuando la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, llegó a un acuerdo de consentimiento con el gobierno, por el problema sistémico de violación de derechos civiles en que se encontraba la Policía de ese estado.

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Documentos desmienten a ASUME

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El administrador de la Administración de Sustento de Menores, Waddy Mercado Maldonado, solicitó y recibió, de dos economistas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), todo el material relacionado con un estudio exhaustivo que se realizó entre el 2002 y el 2004, para revisar las guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico. Documentos en poder de Pesquisa Boricua, una misiva con la firma en puño y letra del administrador de ASUME, Mercado, otra de las economistas y profesoras universitarias, Alicia Rodríguez y Eileen Segarra Alméstica y un recibo de entrega de documentos del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR, recinto de Río Piedras, desmienten las versiones de esa agencia de que, ni se hizo un estudio, ni se encontraron datos en la agencia que fundamentaran las guías vigentes. El estudio fue más lejos, hizo recomendaciones de que se instituyera un mecanismo de ajuste automático por costo de vida, tres años después de implementarse las tasas básicas revisadas. Esto debió ocurrir en el 2009. “Nuestra metodología se fundamenta en la utilizada por la United States Department of Agriculture (USDA) para determinar el costo de crianza en Estados Unidos y por regiones geográficas.

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Asume, el bolsillo del alimentante es primero

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Las Nuevas Guías de Pensión de la Administración de Sustento de Menores (ASUME) estarían contribuyendo al empobrecimiento de los menores y de sus hogares custodios, que en Puerto Rico son dirigidos en un 96 porciento por mujeres, y colocan un mayor interés en la salud financiera del que alimenta que en el bienestar del menor. Las guías propuestas por la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry y de su subalterno, Waddy Mercado, administrador de ASUME y que según la primera son un “borrador”, se alejan de las leyes de la homóloga agencia en Estados Unidos, que colocan en los padres y las madres la responsabilidad primaria de proveer alimentos a la niñez. Las nuevas guías tendrían el efecto de eliminar completamente la pensión suplementaria donde se calcula el costo de la vivienda y el cuido de niños para el menor, suponiendo hasta un cincuenta por ciento de reducción en las pensiones actuales, según expertos. Mantienen por separado el cálculo de los gastos médicos y necesidades especiales. “En la propuesta se observa un cambio en la política pública en la que resulta más importante la salud financiera de la persona custodia, que el bienestar de la persona menor de edad.