Por supuesto que no puedo evitar recordar aquel día. En la tarde, de camino a mi apartamento en “Midtown”, el tren usualmente plagado de ruido estaba espeluznantemente en silencio. Los transeúntes cedían paso y cortésmente se aglutinaban para hacerle espacio a quienes arribaban. Horas antes, mi jefe regresó a la oficina con los ojos rojos. Regresaba del malecón de Brooklyn de ver las torres esfumarse como dos muñecos de trapo.
En una decisión que contó con el voto afirmativo del puertorriqueño Juan Torruella, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston decidió que los ciudadanos tienen un derecho, basado en la Primera Enmienda, de grabar a los agentes de la policía mientras éstos desempeñan sus labores, incluyendo mientras están realizando un arresto. La decisión se convierte en la ley de Puerto Rico sobre este tema y contiene una cita que sirve para separar un estado democrático, de uno policial. “La libertad de los individuos para oponerse o retar verbalmente la acción policiaca, sin arriesgarse a ser arrestado, es una de las principales características que usamos para distinguir entre una nación libre y un estado policial”, subrayaron los jueces apelativos. El caso surgió en Boston, donde, el 1 de octubre de 2007, Simon Glik caminaba por el área del Boston Common cuando divisó a tres oficiales interviniendo con un joven. Glik escuchó que alguien dijo “detente que lo estás lastimando”, e inmediatamente comenzó a usar la cámara de su celular para grabar a los policías, a unos 10 pies del lugar de la intevención.
El Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) aceptó entregar a los reguladores federales y locales su capacidad de pagar dividendos a sus accionistas, como una medida de intervención por problemas y deficiencias en el manejo de la documentación de los préstamos de propiedades. La intervención, que el banco divulgó al mercado financiero en un informe el 25 de julio, fue descrita como una “sindicatura” por una fuente en la industria bancaria, y se realizó a través del mecanismo de un “memorando de entendimiento” (MOU, por sus siglas en inglés) que cubre al BPPR, y a su filial Banco Popular North America (BPNA). “El MOU provee, entre otras cosas, para que (BPPR) tome pasos para mejorar sus prácticas de manejo de riesgo crediticio, y para que (BPPR y BPNA) desarrollen planes estratégicos para mejorar los ingresos y desarrollar planes de capital… El MOU requiere que BPPR (y BPNA) obtenga la aprobación de la (OCIF) y el Sistema del Banco de la Reserva antes de declarar o pagar dividendos, o de incurrir, aumentar, o garantizar deuda”, dijo el banco en su radicación del 25 de julio para describir el acuerdo con los reguladores. Añadieron que obtuvieron la aprobación para pagar dividendos hasta el 30 de septiembre y que no prevén que realicen ningún otro pago de dividendos en el futuro cercano después de esa fecha.
El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPIPR) se acaba de convertir en una de 21 instituciones en recibir una subvención de la prestigiosa organización Ethics and Excellence in Journalism Foundation (EEJF). La subvención, que asciende a 100 mil dólares para el 2011-2012, está destinada a ampliar las operaciones de la institución y consolidar su financiamiento, anunció la licenciada Judith Berkan, presidenta de la junta de directores del CPIPR. “El CPIPR se siente honrado en convertirse en la primera y única organización, fuera de Estados Unidos, en recibir esta importante subvención que significa un apoyo financiero importante y un reconocimiento al trabajo de calidad que el equipo del CPIPR ha realizado por los pasados tres años, además de un voto de confianza al futuro de la organización”, dijo Berkan. Los dineros aseguran el desarrollo, permanencia y crecimiento de nuestra institución como la única dedicada a la promoción y desarrollo del periodismo investigativo en Puerto Rico y el Caribe. El donativo renueva el compromiso del CPIPR con el desarrollo de trabajos de periodismo investigativo y de profesionales dedicados a esta misión.
Puerto Rico saltó el lunes al plano internacional con la publicación de un trabajo de periodismo investigativo realizado por la reportera Zeina Awad, para la agencia Al Jazeera English. “Puerto Rico: The Fiscal Experiment”, estrenó en los canales de la agencia con sede en el mundo árabe al igual que en YouTube. Poco después de 24 horas de su publicación, a las 2:00 de la tarde del martes, el video contaba ya con más de 6,000 visitas. El especial forma parte de la serie investigativa “Fault Lines” de Al Jazeera English que también ha realizado programas sobre el narcotráfico en México y la pena de muerte en EEUU. El trabajo de investigación pinta a Puerto Rico como conejillo de India para prácticas económicas neoliberales y a Estados Unidos como científico experimentador.
El novelón que rodea la dirección del gobierno de Puerto Rico en la web tuvo su más reciente capítulo el miércoles con una vista en el Senado. Al concluir la vista, la UPR había ganado un partidario, al menos por el momento. La Presidenta de la Comisión de Relaciones Federales e Informática, la senadora Melinda Romero Donnelly, quien dirigió la vista, dijo que su “mejor interpretación” de los hechos presentados estaba de acuerdo con la contención de la UPR en el tribunal. “Básicamente esta persona lo que hizo fue crear una organización con la intención de defraudar a la universidad del dominio .pr”, dijo Romero Donnelly. ¿”Por qué si no, porque entonces le pone exactamente el mismo nombre”?
Aún 33 años después de haber encubierto los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla, Ángel Figueroa Vivas no muestra arrepentimiento por sus actos. Por eso, entre otras cosas, el Tribunal Supremo le negó, por quinta vez, una petición para ser reinstalado a la práctica de la abogacía. La resolución del Supremo, del 29 de junio de 2011, tiene de marco una controversia en la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía que resultó en un cambio en la presidencia de dicho cuerpo encargado de evaluar las solicitudes de readmisión de los abogados desaforados. El Centro de Periodismo Investigativo obtuvo el informe de la comisión en el caso de Figueroa Vivas, que estaba pendiente de consideración en el Supremo desde 2009. Esta es la quinta vez que Figueroa Vivas solicita sin éxito que se reconsidere su separación absoluta de la práctica de la abogacía tras haber coaccionado testigos, destruir declaraciones juradas importantes y encubrir los asesinatos.
En octubre de 2005 una chispa detonó una explosión en la planta procesadora de jugos Tropicana en Bradenton, Florida. Las llamas se tragaron al mecánico Rob Hackley y quemaron a un compañero de trabajo que trató de auxiliarlo. Hackley se agarró a la vida durante semanas, sometiéndose a múltiples cirugías para tratar quemaduras de segundo y tercer grado que cubrían dos terceras partes de su cuerpo. De algún modo, sobrevivió. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, principal agencia federal encargada de supervisar los talleres de trabajo en Estados Unidos, concluyó que el incendio pudo haberse evitado si Tropicana hubiera seguido unos requisitos básicos de seguridad.
