La transparencia se ha convertido en una frase trillada que se vocifera para crear una ilusión de apertura y rendición de cuentas. O peor aún, en un arma para atacar el valor de la diversidad en una distorsionada versión de la realidad, como en el caso del régimen trumpista. En la práctica, los políticos y funcionarios dicen una cosa y hacen otra, o informan “logros” pero ocultan el cómo y el por qué para evitar ser fiscalizados.
Waldemar Quiles dijo que su agencia no tiene fondos para asignar al Comité y que no se han reunido una sola vez en nueve meses por problemas de calendario de los jefes de agencia que son parte del organismo.
La falta de presupuesto y las tres vacantes en el Comité han paralizado sus labores a pesar de las responsabilidades que tiene por ley, además de vigilar la implantación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
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El debate sobre quién debe considerarse prensa o periodista ha sido tema controversial por mucho tiempo en nuestro país y en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la legitimidad del llamado “carnet oficial” que, en Puerto Rico, emite el Departamento de Estado. La mayoría de los miembros de la prensa, incluyendo el equipo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), no lo solicitan ni lo utilizan por entender que es una intromisión indebida del Estado sobre quién ejerce el rol de prensa.
El Departamento de Estado, por medio del “carnet oficial” sólo “confirma” que un periodista trabaja para un medio o que una persona freelance ha realizado labores periodísticas anteriormente. Ni más ni menos. Se supone que con la credencial de prensa del medio al que se pertenece, un periodista pueda hacer cualquier cobertura, sin limitaciones.
La Gobernadora canceló este lunes el contrato, seis semanas después de que el CPI iniciara una investigación sobre el asunto y solicitara entrevista a las agencias concernidas.
El pleito fue presentado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan como un caso confidencial por lo que el documento no está disponible, pero el CPI recibió el lunes evidencia de que el caso ya fue registrado en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) de Tribunales.
