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Carlos Bermúdez Urbina, el publicista y estratega de medios de la gobernadora Jenniffer González Colón, factura día y noche por controlar la proyección pública de la mandataria y de su administración.

Los ataques infundados e incluso violentos contra periodistas y medios de comunicación en Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo se han convertido cada vez más en algo de todos los días. Existen menos voces críticas que cuestionan al oficialismo. Y no es de extrañar, las amenazas a la libertad de prensa, en sus múltiples manifestaciones, se reflejan en los datos recopilados por organizaciones no gubernamentales regionales y mundiales.

Exigir a los periodistas una certificación del Departamento de Estado para acceder a las conferencias del Gobierno de Puerto Rico viola la libertad de prensa al limitar sustancialmente las funciones periodísticas, y por esto, la administración de Jenniffer González Colón debe cesar esta práctica contra el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), determinó hoy la jueza superior Iris L. Cancio González del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Sin los correos electrónicos de estos funcionarios, las solicitudes de información podrían ser denegadas, según las enmiendas firmadas por la propia Gobernadora a la Ley de Transparencia.

Tras anunciar el pasado domingo la firma de enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a Información Pública, la gobernadora Jenniffer González Colón dijo que el Proyecto del Senado 63 (PS 63) busca aclarar una supuesta confusión en el proceso de solicitud de datos públicos, reducir los pleitos judiciales y priorizar a la prensa en el acceso a la información. Pero no ofreció ningún dato o estadística que sostenga esas alegaciones.

Bajo la dirección del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la agencia que es agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico se ha convertido también en la base de gran parte del componente de publicidad y relaciones públicas de la gobernadora Jenniffer González Colón.

¿Por qué la Gobernadora firmó el Proyecto del Senado 63, de su archienemigo político Thomas Rivera Schatz?

Una amplia coalición de más de 50 organizaciones cívicas, comunitarias, periodísticas y de derechos humanos lanzó este miércoles una campaña pública para pedir a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, que vete el Proyecto del Senado 63 (PS 63), una medida que advirtieron representa un grave retroceso para el acceso a la información pública en Puerto Rico.

La transparencia se ha convertido en una frase trillada que se vocifera para crear una ilusión de apertura y rendición de cuentas. O peor aún, en un arma para atacar el valor de la diversidad en una distorsionada versión de la realidad, como en el caso del régimen trumpista. En la práctica, los políticos y funcionarios dicen una cosa y hacen otra, o informan “logros” pero ocultan el cómo y el por qué para evitar ser fiscalizados.

Waldemar Quiles dijo que su agencia no tiene fondos para asignar al Comité y que no se han reunido una sola vez en nueve meses por problemas de calendario de los jefes de agencia que son parte del organismo.

La falta de presupuesto y las tres vacantes en el Comité han paralizado sus labores a pesar de las responsabilidades que tiene por ley, además de vigilar la implantación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

El debate sobre quién debe considerarse prensa o periodista ha sido tema controversial por mucho tiempo en nuestro país y en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la legitimidad del llamado “carnet oficial” que, en Puerto Rico, emite el Departamento de Estado. La mayoría de los miembros de la prensa, incluyendo el equipo de periodistas […]

La Gobernadora canceló este lunes el contrato, seis semanas después de que el CPI iniciara una investigación sobre el asunto y solicitara entrevista a las agencias concernidas.

El pleito fue presentado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan como un caso confidencial por lo que el documento no está disponible, pero el CPI recibió el lunes evidencia de que el caso ya fue registrado en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) de Tribunales.