Exponen propuestas para lograr un verdadero acceso a la información pública en Puerto Rico

Ningún ciudadano tiene que demostrar para qué quiere un documento público que solicita al estado o cuál es su interés en el mismo, sino que es el funcionario público quien tiene que probar la necesidad del Gobierno de mantenerlo en secreto. Este derecho al acceso a la información también es aplicable a las comunicaciones electrónicas de los gobernantes y funcionarios.

Cuestionada la transacción de terrenos de Plaza Las Américas por rival comercial

Uno de los inversionistas del centro comercial The Mall of San Juan, que pretende competir con el emblemático centro comercial Plaza las Américas, cuestionó la validez de la transacción que le cedió un valioso predio de terreno del gobierno a los propietarios del “Centro de todo”, a menos de la mitad del precio de tasación de los terrenos y sin que mediara subasta.

Boston reafirma el derecho ciudadano a grabar intervenciones policiacas

El derecho ciudadano a grabar con sus teléfonos celulares las intervenciones policiacas prevaleció en una decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston como parte de una demanda civil radicada contra el pueblo de Weare, New Hampshire y su Policía Municipal. La decisión abre la puerta a demandas contra la Policía de Puerto Rico y las policías municipales por violación de derechos civiles cuando los agentes del orden público ocupan ilegalmente los teléfonos celulares de los ciudadanos que los graban en medio de sus intervenciones, anticipó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La historia secreta de la expansión de Plaza Las Américas

Le tomó dos décadas de gestiones, pero los propietarios del centro comercial más grande del Caribe se ahorraron $28 millones al comprar a menos de la mitad del valor fijado por el Gobierno uno de los terrenos más codiciados de la Capital para expandir sus operaciones. Los terrenos, considerados por el Banco Gubernamental de Fomento como una de las principales propiedades de la Isla, fueron tasados inicialmente por el Gobierno de Puerto Rico en $52 millones y finalmente vendidos a los Fonalledas por $24 millones.