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Los emails de la Junta

27 noviembre, 2018

Resumen

Hace un año y medio el Centro de Periodismo Investigativo presentó una demanda en contra de la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a las comunicaciones entre esa entidad, miembros del Congreso y funcionarios del Gobierno federal. También pedimos los correos intercambiados con el Gobierno de Puerto Rico, entre otros documentos. 

Como resultado, obtuvimos en octubre una primera entrega con más de 5,600 documentos, cartas y correos electrónicos. En ellos se descubre que miembros del Congreso y el Tesoro, entre otros funcionarios federales, piden cuentas a los miembros de la Junta, coordinan reuniones, hacen conexiones entre funcionarios o contratistas, intercambian documentos e intervienen en las expresiones públicas de la Junta. El CPI ha hecho públicos los emails citados en sus historias. 

La ley PROMESA establece que la Junta de Control Fiscal “no se considerará un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad dentro del Gobierno federal” de Estados Unidos, sino una entidad territorial y autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Pero los emails de la Junta dejan al descubierto la relación de poder sin límites que ejerce el Gobierno de EE UU sobre esa entidad. 

Historias en la serie

Los documentos que la Junta quiere ocultar

28 noviembre, 2018

La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico rehusó entregar un sinnúmero de comunicaciones entre la entidad y oficiales del Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Tesoro y otras agencias del Gobierno federal, alegando que son documentos confidenciales, como parte de un pleito de acceso a la información que lleva el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace un año y medio. En una carta de dos páginas, con fecha del 21 de noviembre y dirigida a la representación legal del CPI, los abogados de la Junta argumentan que la divulgación de ciertos correos y documentos anejos afectaría la economía de la isla, los mercados de capital, investigaciones criminales en curso y “la habilidad de la Junta de ejercer sus poderes estatutarios”. La entidad impuesta mediante la ley PROMESA por el Gobierno de Estados Unidos solamente menciona a grandes rasgos sus justificaciones y provee descripciones generales sobre los documentos retenidos, cuya cantidad es desconocida. Tampoco nombra las personas que forman parte de las comunicaciones que permanecen fuera del dominio público. La demanda que el CPI lleva en contra de la entidad va dirigida a obtener acceso a las comunicaciones entre el ente rector, el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico.

Retratada la influencia del Gobierno federal sobre la Junta de Control Fiscal

28 noviembre, 2018

“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes, 21 de marzo de 2017. Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó:

“Sí, hay mucha atención sobre la controversia GO/Cofina. Cada grupo [de acreedores] está escalando su retórica. La Junta está presionando para que se dé un progreso significativo. El reto es el sobrante limitado [primary surplus] proyectado como disponible para el servicio de la deuda en los primeros 10 años.

Autores en la serie

Centro de Periodismo Investigativo

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