Hace un año y medio el Centro de Periodismo Investigativo presentó una demanda en contra de la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a las comunicaciones entre esa entidad, miembros del Congreso y funcionarios del Gobierno federal. También pedimos los correos intercambiados con el Gobierno de Puerto Rico, entre otros documentos. 

Como resultado, obtuvimos en octubre una primera entrega con más de 5,600 documentos, cartas y correos electrónicos. En ellos se descubre que miembros del Congreso y el Tesoro, entre otros funcionarios federales, piden cuentas a los miembros de la Junta, coordinan reuniones, hacen conexiones entre funcionarios o contratistas, intercambian documentos e intervienen en las expresiones públicas de la Junta. El CPI ha hecho públicos los emails citados en sus historias. 

La ley PROMESA establece que la Junta de Control Fiscal “no se considerará un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad dentro del Gobierno federal” de Estados Unidos, sino una entidad territorial y autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Pero los emails de la Junta dejan al descubierto la relación de poder sin límites que ejerce el Gobierno de EE UU sobre esa entidad.