Se especializa en temas de deporte, medios y sociedad. Ha trabajado como periodista en The Puerto Rico Daily Sun y NotiCel. También ha colaborado con los periódicos Diálogo y 80grados. Es profesor de Geografía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee maestrías en Geografía y Estudios Mediáticos de la Universidad de Penn State. Actualmente trabaja para el CPI como parte del programa Report for America.
Claribel Millán played with the Puerto Rico National Softball Team during the 1970s and represented the island in the 1974 World Cup held in Connecticut. Her dedication to her national colors was in constant friction with what she says she was discriminated for — being a lesbian. She remembers that the federation leaders and directors of the sport that she practiced asked the players not to speak of or show any type of affection that would bring out their sexual orientation as lesbians. It was the beginning of the so-called golden age of women’s softball in Puerto Rico, when the National Team was directed by Alejandro “Junior” Cruz. “They called us to a meeting to talk about lesbianism.
Claribel Millán jugó con la Selección Nacional de Puerto Rico de sóftbol durante la década de 1970 y representó al país en el Mundial de 1974 celebrado en Connecticut. Su entrega a los colores patrios estuvo en constante tensión con lo que ella nombra como el discrimen por ser lesbiana. Recuerda que los dirigentes y directivos federativos del deporte que practicaba les pedían a las jugadoras que no hablaran ni manifestaran ningún tipo de afecto que sacara a relucir su orientación sexual como lesbianas. Era el comienzo de la denominada época dorada del sóftbol femenino en Puerto Rico, cuando la Selección Nacional era dirigida por el también exalcalde de Guaynabo, Alejandro “Junior” Cruz. “Nos reunieron a todas para decirnos eso del lesbianismo.
The Department of Health, responsible for inspecting and approving the emergency evacuation plans of all the island’s hospitals, only keeps them for the three hospitals that it runs. The agency’s Deputy Secretary’s Office for the Regulation and Accreditation of Health Facilities (SARAFS, in Spanish) does not keep a copy of the evacuation plans that it is supposed to have previously evaluated, and that could mean the difference between life and death for patients and employees. The information surfaced as part of a lawsuit in which the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) asked the DH for several documents and protocols related to emergency events. “As part of the inspections, SARAFS personnel check that said plans comply with all the established requirements. However, a physical copy, on paper, digital or in any other way stored in an electronic device(s) of these plans is not delivered to SARAFS personnel, nor is it received by said personnel, nor is it retained in the record of the facilities that work in the SARAFS, so the Department of Health does not have them,” according to the certification that the DH submitted to the San Juan Superior Court as part of the case.
El Departamento de Salud (DS), responsable de inspeccionar y aprobar los planes de desalojo de emergencia de todos los hospitales del país, solo los hace disponibles para los tres hospitales que la agencia administra.
La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) de la agencia no conserva copia de los planes de desalojo que se supone haya evaluado previamente y que podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes y empleados. La información surgió como parte de una demanda en la cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le solicitó al DS varios documentos y protocolos relacionados a eventos de emergencia. “Como parte de las inspecciones que se realizan, el personal de la SARAFS revisa que dichos planes cumplan con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, copia física, en papel, digital o de cualquier otra manera almacenada en dispositivo(s) electrónico(s) de estos planes no se le entrega al personal de la SARAFS, ni se recibe por dicho personal, ni se retiene en el expediente de las facilidades que obra en la SARAFS, por lo que el Departamento de Salud no cuenta con los mismos”, lee la certificación sometida por el DS ante el Tribunal Primera Instancia en San Juan.
Ante la solicitud del CPI, el DS se limitó a entregar los planes de desalojo para los centros de salud que administra: el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Ramon Ruiz Arnau.
“Los demás hospitales públicos mencionados en la moción NO pertenecen al Departamento de Salud, estos son administrados por Corporaciones Públicas con personalidad jurídica aparte y distinta a la del Departamento de Salud, por lo que la documentación solicitada se le debe requerir a estos directamente”, expresó el DS con relación a hospitales que son administrados por otras entidades públicas tales como la Universidad de Puerto Rico y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
La Organización Panamericana de la Salud indica que el acceso a la información es fundamental para mejorar la gestión pública y confianza de la ciudadanía en la preparación para eventos de emergencia.
Falta de información sobre el acceso a los hospitales durante emergencias
Más de cuatro años después del huracán María, el DS solo cuenta con un mapa de puntos en el que se especifica la ubicación de todos los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de salud primaria y centros de diálisis en Puerto Rico. El director de Sistemas de Información Geográfica de la Junta de Planificación (JP), Rogelio González Sánchez, indicó al CPI que los mapas de rutas prioritarias en caso de emergencia, que incluyen las vías alternas que conectan con los hospitales de ocurrir colapso de carreteras y puentes, tampoco están listos y que la JP, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias, trabajan con el Centro de Operaciones de Emergencias para producir esa información.
La actualización del mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tendrá que esperar al menos hasta el año 2026, a pesar de que en el pasado verano, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció que el producto final de la nueva versión de este modelo cartográfico podría estar listo para el 2024.
“USGS [Servicio Geológico de los Estados Unidos] no ha actualizado los modelos para Puerto Rico desde el año 2003. El año pasado incluimos lenguaje dirigiendo a la agencia federal a actualizar los modelos y mapas de riesgo sísmicos para Puerto Rico y USVI. Con esta enmienda a la que el Comité dio paso, aseguraríamos que tengan los fondos para comenzar a hacerlo y tener un producto final para el año 2024”, dijo la Comisionada Residente en un comunicado de prensa. Aunque la funcionaria electa puertorriqueña logró en la capital federal que la Cámara de Representantes aprobara una enmienda para que en el año fiscal 2022 se aumenten en $650,000 los fondos del Programa de Riesgos de Terremotos (EHP, en inglés) del USGS, la falta de presupuesto para contratar nuevos investigadores en la Universidad Puerto Rico (UPR) y la incertidumbre en torno a si el Congreso aprobará esa misma cantidad dinero anual para los tres próximos años fiscales ponen en entredicho la viabilidad de la meta presentada por González Colón.
“USGS nos informó que ya no habría suficiente tiempo para actualizar el mapa/modelo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes para finales del 2023, junto a la actualización de los Estados Unidos continentales, Alaska y Hawái, dado el número de pasos que tiene el proceso. Sin embargo, nos indicaron que un incremento de fondos de $650,000 para el EHP anualmente, empezando en el año fiscal federal 2022, permitiría que USGS actualice el mapa dentro de un período de tres años, para el 2024.
A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta.
Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón.
“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.
Loíza es el pueblo de Los Cocoteros en el béisbol doble A, y este martes en la mañana, la veterana líder comunitaria Modesta Irizarry se coloca en posición de lanzadora segundos después de agarrar una piedra con la que quiere llamar la atención del Gobierno. La mujer de 52 años se para en un “montículo” imaginado en el área de los quioscos de Piñones y tira la piedra con toda su fuerza sobre un grupo de bolsas negras de basura. La recta que lanza Irizarry no poncha a nadie, pero sí levanta una cantidad inmensa de moscas, asusta a los gatos que escarban la basura y consolida la peste que ya afectaba el área al lado del quiosco Jireh Sea Food. Es un picheo de conciencia con toda la intención de levantar la indignación ciudadana.
El área se ha convertido en un pequeño vertedero clandestino. Esta mañana, dos hombres en una guagua negra pasan a lanzar basura y se llevan un catre que encontraron tirado en medio de la pestilencia.
The obstacles to guaranteeing services to kidney patients are still there, as LUMA does not give the highest priority when restoring energy to dialysis centers, nor has a patient registry or a comprehensive plan been created to serve the population with the most deaths after Hurricane María.
