Educación

Minors Have Less Time for Education due to Shortage of Correctional Officers

By |

Minors in one of the two Social Treatment Centers of the Bureau of Juvenile Institutions (NIJ, in Spanish) must receive six hours a day of educational services, at least two hours of psychological services and meet with a social worker, according to an agreement between the US Department of Justice and the government of Puerto Rico. However, in 2021, the centers saw the departure of 36 correctional officers as the agency identified a need for 81 officers for fiscal year 2022. Classes are suspended whenever security staffing is insufficient to ensure the safety of teachers, minors and Department of Corrections and Rehabilitation (DCR) staff. The solution for these suspensions has been limited “too often” to leaving homework and printed materials in their housing modules without instructions from teachers, according to the most recent report by federal monitor Kimberly Tandy. The Department of Education (DE) has 41 teachers assigned to teach classes in juvenile correctional institutions.

Educación

Menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia

By |

Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). 

El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy. 

El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios.

Educación

School’s Budget Data Still Unclear Four Years After Educational Reform

By |

The Department of Education (DE) officially allocates school budgets considering the size of enrollment, the school community’s poverty level, the school’s academic program and students needs, as well as compliance with the federal Elementary and Secondary Education Act (ESEA). But most school principals don’t understand the Department’s process for setting the cost per student. This is the conclusion from the interviews that the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) conducted with a dozen school directors. If you look up Vimenti Alliance School’s cost per student on the DE School Profile webpage for 2020, it says $6,112. If you ask the Department’s Budget Office what the cost per student is for that same school for the same year, they’ll tell you it’s $3,241.

Educación

A cuatro años de la Reforma Educativa no están claros los datos sobre el presupuesto escolar

By |

Oficialmente, el Departamento de Educación (DE) asigna los presupuestos escolares tomando en cuenta el tamaño de la matrícula, el nivel de pobreza de la comunidad escolar, el programa académico que ofrece la escuela y las necesidades de los estudiantes, así como el cumplimiento con la Ley federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés). Pero la mayoría de los directores escolares no entiende el proceso de la agencia a la hora de definir el costo por estudiante. Así se desprende de las entrevistas realizadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a una docena de directores. Si busca el costo por estudiante de la Escuela Alianza Vimenti School en la página del Perfil Escolar del DE para el año 2020, le indica que es de $6,112. Si pregunta a la Oficina de Presupuesto de la agencia cuál es el costo por alumno de esa misma escuela para el mismo año, le dirán que es de $3,241.

Uncategorized

Expensive Evaluation to ‘Transform’ University of Puerto Rico’s Medical Sciences Campus

By |

Since Mayda Velasco Bonilla became chairwoman of the University of Puerto Rico’s (UPR) Governing Board (JG, in Spanish) in August 2021, the members have never voted to approve the contracts that add up to $1.2 million so far this fiscal year to cover the operations of the Office of Institutional Transformation (OTI, in Spanish), in charge of implementing the institution’s Fiscal Plan. The JG’s regulations establish that said contracts must be approved by its members, who were not consulted about the selection of the External Collaborators Committee members that evaluate the operations of the Medical Sciences Campus (RCM, in Spanish). The Committee was created to “identify deficiencies and areas of opportunity in the RCM,” as stated in a contract between the Governing Board and Cedrela Consulting Group, a company that would analyze the Committee members’ recommendations. 

Cedrela and Bluhaus Capital were the first companies to benefit from OTI contracts. Before being hired by the JG for $350,000, Bluhaus had contracts with the Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (AAFAF, in Spanish) to develop the UPR’s Fiscal Plan and structural reforms, while the JG contracted Cedrela for $50,400 to advise in managing projects that could affect the Plan. The members of the External Collaborators Committee were chosen by Velasco Bonilla, who informed the JG about the only two in-person meetings that the group had had, which have cost the UPR $60,884.

Educación

Cuesta cara la evaluación para “transformar” el Recinto de Ciencias Médicas

By |

Desde que en agosto de 2021 Mayda Velasco Bonilla asumió la presidencia de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los miembros de este cuerpo rector nunca han votado para aprobar las contrataciones que suman $1.2 millones en lo que va de año fiscal para cubrir las operaciones de la Oficina de Transformación Institucional (OTI), encargada de implementar el Plan Fiscal de la institución. El reglamento de la JG establece que dichos contratos deben ser aprobados por sus miembros, quienes tampoco fueron consultados para escoger a los integrantes del Comité de Colaboradores Externos que evalúa las operaciones del Recinto de Ciencias Médicas (RCM). El Comité fue creado con el objetivo de “identificar deficiencias y áreas de oportunidad en el RCM”, según se desprende de un contrato entre la Junta de Gobierno y Cedrela Consulting Group, empresa que analizaría las recomendaciones que hagan los integrantes del Comité. 

Cedrela y Bluhaus Capital fueron las primeras compañías en beneficiarse de contratos relacionados con la OTI. Antes de ser contratada por la JG por $350,000, Bluhaus tuvo contratos con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en el desarrollo del Plan Fiscal y reformas estructurales de la UPR, mientras que Cederela fue contratada por la JG por $50,400 para asesorar en el manejo de proyectos que pudieran impactar dicho Plan. 

Los miembros del Comité de Colaboradores Externos fueron escogidos por Velasco Bonilla, quien informó a la JG sobre las únicas dos reuniones presenciales que ha tenido el grupo y que le han costado a la UPR $60,884. 

“En la reunión del 24 de febrero la presidenta Mayda Velasco compartió una presentación oral y proyectada con los miembros de la Junta sobre el Comité de Colaboradores Externos, de la que no se nos ha hecho llegar copia. Sólo se proyectó un listado de asistencia a la última reunión presencial de los miembros del Comité.

Corrección

Se consuma el cierre del Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan

By |

Diez mujeres que cumplían sus sentencias en el Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan fueron trasladadas la semana pasada a una institución carcelaria en Bayamón como parte del cierre de seis instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el Hogar se traslada a lo que una vez fue el Centro de Tratamiento Social y de Clasificación, donde ubicaban a menores de edad hasta el 2019. Los cierres en el DCR responden a una medida de austeridad requerida por la Junta de Control Fiscal a Corrección para ahorrar $5.1 millones al cierre del año fiscal 2020 y así consta en el Plan Fiscal certificado. Según Escobar Pabón, la Junta “requirió al Departamento de Corrección y Rehabilitación hacer un análisis de la planta física, las estructuras, los recursos humanos, la misión de cada institución, y cuán efectivo o no ha resultado lo que estábamos haciendo al momento”, y así establecer un plan de optimización. El cierre del Hogar Intermedio de Mujeres ubicado en Puerta de Tierra representará un ahorro anual de sólo $70,000, tomando en cuenta los gastos del 2021.

Department of Education

Department of Education Is Planning a New Wave of School Closings

By |

The Puerto Rico Department of Education’s (DE) “vision of the future” proposes the closing of another 83 schools by 2026, affecting 18,644 students, according to a new infrastructure master plan to which the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) had access, although in May 2021 Interim Secretary Eliezer Ramos Parés pledged that the agency would not close more campuses. Most of these closings, which the Department calls “consolidations” in the document and which are displayed on an interactive map created by the DE, are in the educational regions of Humacao, Ponce and San Juan. Humacao and Ponce, preceded by Mayagüez and San Juan, were the regions that saw the most closings in the past four years, under the administration of the former secretary and now federal convict, Julia B. Keleher. Although the plan identifies some as receivers schools, it does not specify from which closed campus they will receive students. Document: “Vision of the future” of the Department of Education of Puerto RicoDownload

These new proposed closings clash with teacher unions’ demands for more space to guarantee small groups of students in the face of the COVID-19 rebound, as well as from other organizations and academics that have proven how the quality of teaching improves through these practices.