Centro de Periodismo Investigativo demanda a la Junta de Control Fiscal y a la administración Rosselló
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Tras realizar múltiples solicitudes de información que no han sido atendidas
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Tras realizar múltiples solicitudes de información que no han sido atendidas
El gobierno de Puerto Rico entra en una nueva etapa del proceso que inició el 30 de junio de 2016 cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la “Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” o “PROMESA” (por sus siglas en inglés). El Título III de esta ley plantea que el gobierno, representado por la Junta de Control Fiscal para manejar las finanzas del país, vaya al tribunal a renegociar la deuda con los acreedores desde el 17 de mayo. ¿Cómo se interpreta el estatuto? ¿Quiénes protagonizarán este proceso? ¿Qué esperar del mismo?
La Junta de Control Fiscal, entidad federal que negocia la bancarrota de la Isla, recibió una solicitud para que tome acción ante la necesidad de publicar privilegios contributivos del Gobierno al sector privado, como el mantengo corporativo a Monsanto, en momentos de recortes a la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los servicios de salud y las pensiones. Espacios Abiertos (EA), una organización que promueve la transparencia gubernamental, envió este jueves una carta y un informe a la Junta de Control Fiscal, pidiendo el registro público o presupuesto de gastos fiscales, con el detalle de todos los subsidios, incentivos, exenciones de impuestos, tasas contributivas preferenciales y otros beneficios que recibe el sector privado. La Ley “PROMESA”, aprobada por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda, indica en la sección 208 (b) que los miembros de la Junta o sus empleados no podrán publicar los informes sobre subsidios, y que tendrán que cumplir con las leyes territoriales y federales en el manejo de información confidencial sobre los contribuyentes.
Las empresas de biotecnología agrícola como Monsanto han recibido más de $526 millones en subsidios, incentivos industriales y tasas contributivas preferenciales durante los diez años de la crisis, según lo demostró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo. Ese es prácticamente el recorte que Rosselló le quiere hacer a la Universidad.
La lista de “proyectos críticos” contiene viejas propuestas de infraestructura sin permisos, sin financiamiento privado, y que cuentan con el fuerte rechazo de grupos ambientales.
Dos semanas después del incidente que le costó al gobierno al menos $200,000, todavía no se han identificado los responsables.
Durante la década de la crisis fiscal en Puerto Rico, cuando la Isla se convirtió en el primer centro de experimentos con semillas transgénicas, el gobierno regaló a estas multinacionales más de $526 millones. Estos beneficios incluyen descuentos en las patentes de Juana Díaz e irrigación para las fincas a precios reducidos, así como tasas contributivas preferenciales, exenciones, incentivos industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur.
Afuera, protestas. Adentro, aires de triunfo permeaban el encuentro entre los industriales y el nuevo gobierno. Mucho ocurría mas allá de la tarima, después de los discursos, y fuera de cámara.
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