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El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este viernes solicitudes de información sobre la Junta de Control Fiscal, amparadas en la ley federal conocida como Freedom of Information Act (FOIA), ante la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro federal y la Oficina de Ética Gubernamental federal.
Con el objetivo de acordar acciones que adelanten una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, entidades de los sectores sin fines de lucro, público y privado, así como profesionales independientes anunciaron hoy la formación de un espacio de diálogo y cooperación denominado Red de Transparencia. La Red inicialmente agrupa a Espacios Abiertos, Agenda Ciudadana, Abre Puerto Rico, GFR Media, Sin Comillas, el Centro de Periodismo Investigativo y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, así como a otros profesionales. La Red está abierta a la participación de otras organizaciones y personas interesadas en el tema de la transparencia. La Red define transparencia como una sana práctica de administración pública, herramienta poderosa de prevención de corrupción y clave en el apoderamiento ciudadano. En una declaración conjunta, la Red se define como un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de saberes, ideas y experiencias entre organizaciones y personas con conocimiento especializado y comprometidas con el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Juan Pablo Bohoslavsky aseguró que el gobierno de Puerto Rico ni la Junta de Control Fiscal han atendido sus peticiones de información sobre la crisis fiscal. Denunció también la falta de respuesta del gobierno de Estados Unidos respecto a la situación de la deuda de Puerto Rico y que espera desde hace ocho meses que se le permita visitar la Isla para profundizar en sus recomendaciones. En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, enfatizó la importancia de que se haga una auditoría de la deuda y que no se implanten nuevos recortes ni medidas de austeridad cuyos efectos se verían en los sectores más vulnerables.
Como miembros de la Junta de Control Fiscal, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos con pleno control sobre las finanzas de Puerto Rico, Carlos García y José Ramón González tendrán que tomar decisiones relacionadas al pago de los bonos que ellos ayudaron a tramitar, tanto desde el BGF como desde Santander, banco que al 31 de marzo de 2016 poseía bonos del gobierno de Puerto Rico.
La gran mayoría de los asistentes a la reunión eran miembros del sector empresarial, representado por la industria de la construcción, la tecnología, las farmacéuticas, los hospitales, las finanzas, la banca, la abogacía y la ingeniería, comprobó el CPI al revisar el registro oficial.
Ha sido empleado de alto nivel en las multinacionales Deloitte, donde actualmente trabaja, y PriceWaterhouseCoopers, las cuales tienen contratos millonarios con el gobierno de Puerto Rico.
El irregular proceso de permisos para construir un proyecto que incluye un hotel y centro comercial en la Ciudad de las Brumas da pie a cuestionamientos legales. Entre los proponentes de Ciudadela de Cayey figuran empresarios vinculados a otros proyectos que han estado bajo la mirilla pública, como Luis Alberto Rubí y Mark Greene Shotland, del fallido Dos Mares Resort en el Corredor Ecológico del Noreste; y Alberto De La Cruz Rionda, presidente de Coca Cola Puerto Rico Bottlers y vinculado a su vez en el caso del legislador convicto Jorge De Castro Font por sobornos políticos.
