Monsanto’s Caribbean experiment

When environmentalist Juan Rosario traveled to an Amish religious community in Iowa, to learn to make compost, he was surprised that they had a laboratory and the services of an expert in chemistry. What was a scientist doing in a place where people live far from technology and practice ecological farming with the simplest of methods? An Amish dressed in their style, with a wide-brimmed black hat, white shirt, and black pants and black jacket, pointed toward a large cornfield on a nearby farm. “The scientist helps us verify that pollen from genetically modified corn does not contaminate our crops,” he told Juan Rosario. “It’s the same corn that you develop in Salinas.”

El impacto ambiental de Monsanto

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Tercera parte de la serie El experimento caribeño de Monsanto

Maíz transgénico de Monsanto
El estadounidense John Francis Queeny se inspiró en una mujer boricua para nombrar, en 1901 en Misuri, a la empresa Monsanto, que inició como una farmacéutica. Queeny bautizó la empresa en honor a su esposa Olga, hija de Emmanuel Mendes de Monsanto, quien a su vez financió los primeros pasos de la corporación. Ésta iba a convertirse en fabricante de agente naranja, el defoliante y herbicida que se probó en las granjas de Aguadilla en los años 50, y que se usó a gran escala para pelar la selva bajo la que se escondía el enemigo de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Hoy, Monsanto es la primera productora de semillas transgénicas del mundo, y usa a Puerto Rico como un inmenso laboratorio para desarrollar maíz, soya, sorgo y algodón transgénico. Como corporación agrícola, ocupa más de los 500 acres que permite la Constitución, cuyo artículo VI pretendía evitar el monopolio y el desplazamiento de los pequeños agricultores locales, como sucedía a principios del siglo pasado, cuando reinaba el imperio de la caña de azúcar, que don Emmanuel Mendes de Monsanto por otro lado, financiaba en Vieques y en las Islas Vírgenes, en San Thomas.

Sin capital suficiente empresa que haría conteo electrónico

La empresa estadounidense Unisyn Voting Solutions es la única que cumple con la certificación que requiere las leyes locales, de entre las cuatro empresas que compiten para implementar el conteo electrónico en las próximas elecciones. Sin embargo, es la que menos capacidad económica tiene de entre todas, por lo que ya pidió un adelanto de $5 millones. La información la confirmaron dos fuentes cercanas al proceso de subasta para escoger a la empresa encargada de implantar el primer escrutinio electrónico en la historia electoral de Puerto Rico. La capacidad económica es un criterio para hacer el contrato con una empresa, pues ésta tiene que  producir el equipo necesario y desarrollar el software a tiempo para el escrutinio, sin que el Estado tenga que dar un adelanto económico. Las dos fuentes también confirmaron que Unisyn fue la que hizo una oferta de servicios más caro que las demás, por $27 millones de dólares.

Sin acuerdo sobre qué empresa hará conteo electrónico electoral

 A la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) le quedan sólo días para informar el nombre de la empresa que tendrá a cargo el conteo electrónico de votos de las próximas elecciones, según lo dispone la nueva Ley Electoral. Sin embargo, a solo cinco días de vencer el plazo, no hay consenso con el Partido Popular Democrático (PPD) respecto a la compañía a la que se le otorgará el contrato de proveer el equipo e instalar el software. Sería la primera vez en la historia electoral de Puerto Rico que la solución de problemas que surjan con la tecnología durante el proceso electoral esté en manos de una sola empresa privada. “Queremos asegurarnos de que se contabilice bien el voto de los electores”, sostuvo al Centro de Periodismo Investigativo el senador Alejandro García Padilla, también candidato a la gobernación por el PPD, quien no quiso decir directamente que el partido se opone a la principal empresa que se baraja para la otorgación del contrato, un nombre que confirmaron dos fuentes del CPI. Entre éstas empresas se encuentran las estadounidenses Dominion Voting Systems, Unisyn Voting Solutions y Hart Intercivic Inc, así como la multinacional Smart Matic, con oficinas en Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Reino Unido, Holanda, Filipinas y Taiwan.