Ni en el proceso judicial contra Sixto Díaz Colón ni en la auditoría de la Oficina del Contralor Electoral se desveló que de los $200,000 que facturó D.R. Consulting al Comité de Ricardo Rossello por asesoría durante el Verano 2019.
En momentos en que se cuestiona el buen juicio de algunos partidos en los procesos de avalar a sus candidatos, el Centro de Periodismo Investigativo encontró que no se atienden las violaciones o posibles violaciones a la ley electoral durante la evaluación.
La Ley 222 aprobada en el 2012, promovida por la administración de Luis Fortuño, redujo y eliminó la inmensa mayoría de las penalidades y delitos contenidos en la pasada ley electoral, lo que dificulta imponer sanciones a los políticos que no manejen correctamente el dinero recaudado. Al presente, se le permite a los candidatos señalados simplemente enmendar sus informes múltiples veces y en casos mayores viabiliza la imposición de multas administrativas u ordenar la devolución del dinero.
