Un testimonio que no desfiló en corte durante el juicio criminal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón es el del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien dio una versión de los hechos al Negociado Federal de Investigaciones distinta a la ofrecida en corte por su exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.
Investigadores experimentados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial apuntaron que la decisión de la Oficina de Ética Gubernamental de archivar sin perjuicio su investigación sobre el chat de Telegram que provocó la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares no se ajusta a la misión de esa oficina ni a los principios legales que le aplican, y acusa una degradación preocupante en la voluntad y capacidad investigativa de las autoridades del Gobierno de Puerto Rico.
La 428 pareció una gran ventaja para Puerto Rico. Sin embargo, ha conllevado limitaciones que, a dos años del huracán, representan el mayor obstáculo para la obligación del dinero y construcción de proyectos.
Los participantes discutían temas de política pública e información privilegiada frente a personas que no tienen una relación oficial con el Gobierno. Los intercambios — que van desde finales de 2018 al 20 de enero de este año — también muestran la fijación y manipulación de sondeos políticos para adelantar la imagen pública del Gobernador y su administración.
Cientos de documentos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo muestran los obstáculos que enfrenta el Gobierno para conseguir los ahorros proyectados y algunas de las reformas estructurales promovidas por la administración de Rosselló Nevares.
La cifra incluye el gasto en abogados y asesores tanto del Gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y los acreedores no asegurados en los casos de Título III, detallaron los funcionarios. También incluye el presupuesto de la JCF, que ronda actualmente los $60 millones, en momentos en que la Legislatura busca detener los desembolsos al ente rector.
El caso, que se radicó en junio del 2017, tendría ahora su día en corte si el gobierno no entrega los documentos solicitados antes del 19 de marzo o prueba que estos documentos no fueron sometidos a la Junta.
En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.
