Investigadores expertos resaltan fallas en pesquisas como la de Ética sobre el chat de Telegram

Investigadores experimentados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial apuntaron que la decisión de la Oficina de Ética Gubernamental de archivar sin perjuicio su investigación sobre el chat de Telegram que provocó la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares no se ajusta a la misión de esa oficina ni a los principios legales que le aplican, y acusa una degradación preocupante en la voluntad y capacidad investigativa de las autoridades del Gobierno de Puerto Rico.

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Los participantes discutían temas de política pública e información privilegiada frente a personas que no tienen una relación oficial con el Gobierno. Los intercambios — que van desde finales de 2018 al 20 de enero de este año — también muestran la fijación y manipulación de sondeos políticos para adelantar la imagen pública del Gobernador y su administración.

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La cifra incluye el gasto en abogados y asesores tanto del Gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y los acreedores no asegurados en los casos de Título III, detallaron los funcionarios. También incluye el presupuesto de la JCF, que ronda actualmente los $60 millones, en momentos en que la Legislatura busca detener los desembolsos al ente rector.