Broken island, costly bankruptcy

Puerto Rico’s bankruptcy has cost its people more than $225 million in a year, only in lawyers and financial consultants. The expense in restructuring professional services is projected to surpass $1.2 billion by 2023, including the budget of the island’s federally imposed Fiscal Control Board. I suggested to my editor lines such as these as possible leads for a series of stories over the billing in professional services as part of the Puerto Rico government’s bankruptcy process. I did not succeed. When talking about hundreds of millions of dollars, figures alone fall short in showing the magnitude of the matter.

Un pueblo quebrado, una quiebra costosa

La quiebra de Puerto Rico le ha costado al pueblo más de $225 millones en un año, solamente en abogados y consultores financieros. Se proyecta que el gasto ascenderá a $1,200 millones durante los próximos seis años, incluyendo los gastos de la Junta de Control Fiscal. Empujé líneas como estas, con sus variaciones, como apuesta para comenzar una serie de historias que indagara en la facturación en servicios profesionales dentro del proceso de bancarrota que enfrenta la isla. No tuve éxito. Cuando se habla de cientos de millones de dólares, cifras por sí solas no alcanzan a explicar la magnitud del asunto.

Indefinición de servicios esenciales da paso a arbitrariedad en las decisiones del Gobierno

En el salón 228 de la Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras de Río Grande, Maribella Díaz imparte su última clase del día. Su hijo, Dérek Canales, permanece sentado, dibujando junto a otros dos estudiantes. Diagnosticado con ceguera y perlesía cerebral, Dérek todavía espera por su primer día de clase en el décimo grado de la Escuela Superior Isidro Sánchez de Luquillo. A casi un mes del comienzo del año escolar, el Departamento de Educación no le ha asignado un asistente de servicio ni una maestra de educación especial. Es por esto que el adolescente acompaña a su madre al trabajo hasta tanto se resuelva la situación.

La Junta hace movida estratégica para retener control de la investigación sobre la deuda

El investigador de la Junta tampoco emite juicio sobre cuestionamientos tales como si el Gobierno violó el límite constitucional de deuda o si transacciones específicas relacionadas a la deuda fueron fraudulentas o ilegales. Solo presenta un marco legal que pudiera aplicarse si alguna parte — incluyendo el Gobierno o la Junta — decide tomar acción por fraude o ilegalidades relacionadas a la deuda de Puerto Rico.

Gobierno gasta más que la Junta en abogados de quiebra y consultores financieros

Aunque PROMESA empodera a la Junta como único representante de Puerto Rico — la tutora legal del Gobierno — en los casos de quiebra, la administración Rosselló Nevares cuenta con su propio batallón de abogados y consultores que participan activamente en el proceso. Esta duplicidad de trabajo por parte de los abogados y consultores de la Junta y el Gobierno le ha costado, por lo menos, $150 millones al erario en tan solo un año.