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¿Puerto Rico es un narcoestado o estamos exagerando?

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A punto de concluir el año y ya sabemos que la noticia más alarmante del 2011 es la cifra récord de homicidios cometidos en Puerto Rico, que a esta fecha se acerca a las 1,100 muertes violentas, pero un grupo de analistas del crimen en Latinoamérica y el Caribe refutó que esto signifique que se considere al país como un “narco-estado”. ¿Se está convirtiendo Puerto Rico en un narco-estado?, comienza planteando desde el titular un artículo de la organización InSight Crime. No, en esencia responde en el escrito. Más bien el periódico El Nuevo Día “ha sacado de proporción el problema del crimen” de la Isla, indica. “Hay buena razón para preocuparse sobre Puerto Rico”, advierte sin embargo, el análisis publicado el 14 de diciembre de 2011, en el portal de InSight Crime.

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Lo que Fortuño no hizo para salvar pensiones

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La falta de dinero para cumplir con los pensionados del gobierno sigue siendo la crisis fiscal y social más grande que enfrenta Puerto Rico y, según un documento financiero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), las medidas que implantó la Administración Fortuño no han sido suficientes para hacer una verdadera reforma de los sistemas de Retiro. El propio documento, una oferta de bonos de $400 millones con los que la Administración Fortuño vuelve a tomar más dinero prestado, evidencia que se discutieron medidas de reforma más dramáticas y abarcadoras, pero que lo único que sometió el Gobernador a la Legislatura fue un aumento en la aportación del gobierno. Esto sólo aplacó la crisis por entre tres y cuatro años. Según las evaluaciones hechas antes del aumento de la aportación, los sistemas de Retiro comenzarían a defalcar en 2014. Esta medida es probablemente la menos controversial de las discutidas, y, en su rendimiento financiero, es apenas una curita para que sea el próximo gobernador, o el mismo Luis Fortuño en un segundo cuatrienio, el que tenga que volver a buscar medidas para detener la catástrofe.

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Tribunal Supremo se encamina a trabajar en tríos

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El Tribunal Supremo aprobó nuevas reglas para su funcionamiento en las que hubo casi un consenso, excepto por la regla que abre la puerta para que el Alto Foro, compuesto por nueve jueces, comience a trabajar en salas permanentes de tres jueces cada una, lo que provocó una disidencia y ataques por la “productividad” de ese poder constitucional. Las expresiones alrededor del reglamento se dividieron en bloques ideológicos, con los seis jueces nombrados por el gobernador Luis Fortuño apoyando la operación por salas, y dos juezas nombradas por gobernadores populares con disensos o con votos particulares sobre ese mecanismo. Sin embargo, el Juez Presidente Federico Hernández Denton guardó absoluto silencio sobre la adopción de las nuevas reglas de la casa. La alegación principal del bloque mayoritario es que la operación por salas agilizaría el movimiento de los casos y dejaría espacio para otras responsabilidades del tribunal, como realizar las vistas orales que tanto se han reclamado y que no se celebran desde hace más de 10 años. El grupo minoritario, sin embargo, alerta que el mecanismo propuesto resultará en la dilación, y que las estadísticas demuestran que un Supremo de seis jueces operando como hasta ahora pudo manejar más casos que los que ha manejado el nuevo Supremo agrandado con nueve miembros.

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En Wisconsin recuerdan ataque en Sabana Seca

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Los restos de un autobús de la estación naval de Sabana Seca, mohoso y bajo asedio de la naturaleza, yacen todavía en la hoy desactivada instalación militar de Toa Baja como evidencia del ataque a tiros que realizó hace 32 años un comando del Ejército Popular Boricua-Los Macheteros. Las piezas abandonadas del vehículo militar muestran algunos de los impactos de los proyectiles del suceso que conmocionó Puerto Rico y círculos de poder en los Estados Unidos en 1979, pero más sencillo se recuerdan en Madison, la capital de Wisconsin, porque el marino asesinado que conducía la guagua era natural de esa ciudad del noroeste de Estado Unidos. John R. Ball, natural de Madison, murió junto a Emil E. White, de Saint Thomas, Islas Vírgenes, en el atentado del 3 de diciembre. Además 10 marinos del  Naval Security Group Activity Sabana Seca resultaron heridos, recordó hoy un blog de The Cap Times, un periódico que se describe como la “voz progresista” de Wisconsin. Las víctimas serían recordadas con una ceremonia el 2 de diciembre de 2011 por un grupo de anexionistas en la vieja estación naval, de acuerdo al periodista Dave Zweifel, de The Capital Times.

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Naviera Horizon Lines pagará $13.75 millones por su crimen

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La naviera Horizon Lines LLC, que fue enjuiciada aquí por conspirar para arreglar los precios de carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos del 2002 al 2008, terminará pagando una compensación de $13.75 millones a los otros navieros que la acusaron de prácticas monopolísticas. El vicepresidente de la compañía, Michael Avara, anunció el 29 de noviembre que logró un acuerdo con las navieras que lo demandaron, pero que optaron por salirse del caso y aceptar una compensación menor a los $45 millones que el tribunal federal había ordenado. Horizon había alegado al tribunal que se iría a la quiebra si lo obligaban a pagar la totalidad de la orden judicial. De hecho, la compañía notificó al Securities and Exchange Commission (SEC) este mes que no podía pagar $500 millones que tenía en deuda. Con este acuerdo terminan todas las reclamaciones radicadas por las compañías del pleito de clase contra Horizon, dijo Avara en un comunicado de prensa.

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DTOP investiga “filtraciones” a la prensa y bota empleados

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Divulgar información pública relativa al salario de empleados gubernamentales, pagados con fondos del erario, bastó para que en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) iniciara una investigación que culminó en el despido de empleados por supuestamente divulgar esa información al diario El Nuevo Día. Esta es parte de las alegaciones que se hacen en una demanda federal que está señalada para ir a juicio el año próximo, y que fue incoada por la ex gerencial de Recursos Humanos del DTOP, Sheila Reyes Orta, y en la que el fisco podría tener que desembolsar hasta $5 millones que se reclaman como compensación por los daños cometidos. Reyes había sido empleada pública desde enero de 1983 y se identifica como una militante del Partido Popular Democrático (PPD) que, incluso, participó en la organización Renacer 2012 que agrupa a los militantes del PPD en el DTOP. Para las elecciones pasadas, Reyes tenía un nombramiento de confianza como directora de Recursos Humanos en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Según la demanda, tras las elecciones a Reyes se le relevó de la tarea de evaluar los nombramientos en la agencia con el pretexto de que la agencia estaba investigando una filtración a El Nuevo Día de información relativa a los salarios de las posiciones de confianza en el DTOP que el diario publicó el 29 de abril de 2009.

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Supremo hace más fácil excluir al público de procesos criminales

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Desde dos flancos distintos, el Legislativo y el Judicial, el derecho del público a presenciar procedimientos criminales en los tribunales de Puerto Rico se ha visto restringido en las últimas semanas. Estas movidas representan un reto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal, que ha determinado que existe un derecho del acusado a que su juicio sea público, y que existe un derecho del público y la prensa a presenciar esos procesos. La doctrina federal es que cualquier restricción a este acceso debe hacerse caso a caso, haciendo un balance de los derechos de todas las partes, y con una solución que sea la menos restrictiva posible al derecho de acceso. Específicamente, en el caso de Puerto Rico, el Supremo federal ya determinó que las vistas preliminares del procedimiento criminal tienen que ser públicas. Por un lado, se convirtió en ley el proyecto de la presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer González y de la representante Albita Rivera para que los jueces excluyan al público durante el testimonio de la víctima en un caso de violencia doméstica.

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Violencia doméstica: ¿asunto social o criminal?

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Puerto Rico padece de una epidemia que año tras año, con la precisión y constancia de un reloj atómico, avasalla a sus mujeres. Se trata del fenómeno que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina “violencia de pareja,” y que en Puerto Rico conocemos como “violencia doméstica”. La situación en Puerto Rico se agrava toda vez que no hay coherencia ni uniformidad entre las agencias de gobierno llamadas a recopilar datos y atender el problema. Además, el énfasis ha sido en las soluciones punitivas más que preventivas lo que, según expertos consultados por el Centro de Periodismo Investigativo, ha convertido un problema que tiene mucho de salud pública en uno meramente criminal, policíaco, que no toma en cuenta factores sociales y culturales que lo provocan y lo perpetúan. Los datos sobre la incidencia de la violencia doméstica en Puerto Rico no coinciden.