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Tribunal Supremo reitera que los informes sobre beneficiarios de Ley 22 son información pública

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Un panel de cuatro jueces del Tribunal Supremo decidió de forma unánime el pasado jueves no dar paso a la petición presentada por la Puerto Rico Privacy Association (PRPA) que buscaba impedir la entrega al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, o Ley 22, un estatuto que desde 2019 es parte del Código de Incentivos. El panel estuvo conformado por el juez asociado Rafael Martínez Torres, quien lo presidió, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Angel Colón Pérez. 

Los informes, que los “inversionistas residentes” deben rendir ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cada año según exige la Ley 22, fueron solicitados desde abril de 2021 por el CPI. Estos detallan las circunstancias personales y financieras de cada beneficiario, tales como el número de empleos creados, las propiedades adquiridas, el tiempo que está en Puerto Rico, entre otros datos. En la demanda se pide toda la información que no es considerada personal. Como resultado de la más reciente decisión judicial, el CPI recibiría datos sobre el patrimonio neto total (“total net worth”) de los inversionistas residentes bajo la Ley 22, el ingreso que está exento de contribuciones, si es dueño o alquila alguna propiedad en la isla, si tiene algún negocio establecido en Puerto Rico y la cantidad de días que está en la isla, así como el dato de la cantidad aproximada de dinero gastada durante el año calendario, y la cantidad de las aportaciones anuales a entidades sin fines de lucro locales.

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Reports Filed By Act 22 Beneficiaries Are Public Records, PR Supreme Court Says

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A panel of four Supreme Court justices unanimously rejected last Thursday a petition filed by the Puerto Rico Privacy Association (PRPA), which sought to block the lower court’s decision ordering the disclosure to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) of the annual reports submitted by beneficiaries of the “Act to Promote the Relocation of Investors to Puerto Rico,” or Act 22, a statute that has been part of the Act 60 Incentives Code since 2019. The panel was composed by Associate Justice Rafael Martínez Torres, who presided  it, and Associate Justices Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón, and Angel Colón Pérez. The CPI requested the reports, which “resident investors” must submit to the Department of Economic Development and Commerce (DDEC, in Spanish) every year as required by Act 22, since April 2021. These reports break down each beneficiary’s personal and financial circumstances, such as the number of jobs created, the properties acquired, the time spent in Puerto Rico, among other data. The complaint asked for all information not considered personal.

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El Gobierno de Puerto Rico incumple con su Ley de Transparencia

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A más de tres años de su aprobación, la implementación de la Ley de Transparencia por el Gobierno de Puerto Rico ha sido deficiente e inconsistente, concluye un informe sobre la ejecución de la Ley 141 de 2019 hecho por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Debido al rezago identificado en el proceso de investigación del informe, el CPI presentó acciones legales en contra de las agencias y municipios que han incumplido con la política pública de transparencia gubernamental.

acceso a la información

Tribunal Supremo atenderá caso en que el CPI pide documentos públicos a la Junta de Control Fiscal

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió acoger este lunes un recurso legal mediante el cual la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico elevó a ese foro un caso de acceso a información pública que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le ha ganado en instancias previas del proceso judicial. El máximo foro federal evaluará, a petición de la Junta, si esa entidad creada por la Ley PROMESA tiene inmunidad soberana, lo que significa que es totalmente inmune a reclamaciones bajo las leyes de Puerto Rico, por lo que no le aplica el derecho constitucional de acceso a información pública. 

Los periodistas del CPI solicitaron desde el 2017 las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos. Como parte del litigio que ya lleva más de cinco años, el ente fiscal entregó al CPI alrededor de 18,400 documentos, pero reclamó confidencialidad sobre otros 20,000. 

“Desde el CPI reafirmamos nuestro derecho de acceso a esa información que la Junta de Control Fiscal ha intercambiado con el Gobierno de Puerto Rico. Vamos a seguir luchando para lograr que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que ha estado haciendo la Junta y cómo se han estado tomando decisiones. El que el Tribunal Supremo federal haya decidido acoger este recurso nos preocupa, porque la Junta pretende operar sin tener que cumplir con el derecho puertorriqueño al acceso de información garantizado por nuestra Constitución.

Centro de Periodismo Investigativo

Celebran jornada que enlaza el periodismo investigativo con la perspectiva de género

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La alta incidencia de asesinatos y agresiones a mujeres, los intentos de restringir el derecho al aborto y el asedio contra personas de géneros diversos serán los temas centrales de una jornada organizada por el Centro de Periodismo Investigativo del 10 al 12 de agosto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.