Senado aprueba proyecto de ley que agrava el acceso a información en Puerto Rico

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A pesar del rechazo contundente de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios periodísticos y medios de comunicación del país, el Proyecto de Senado 63 (PS 63), que añade nuevas limitaciones a la Ley 141 de Transparencia, fue aprobado este martes por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. Entre las enmiendas añadidas a último minuto al proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se incluye una que establece que ninguna agencia tendrá que generar o elaborar un documento que no exista cuando se curse una solicitud de información. Además, si la información no está disponible en el formato que pidió el solicitante, la agencia deberá notificarlo y disponer de los datos en la forma que se encuentren. 

En su turno, la legisladora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, argumentó que: “Si fuéramos a pedir un documento donde se identifiquen todos los gastos de [las escoltas de] los exgobernadores por los últimos 15 o 20 años, ese documento no existe. Tendrían que generarlo, porque aparecerá el dato en las partidas presupuestarias, los desembolsos o las nóminas de los agentes, pero el documento en sí realmente no existe.

Con temerario desprecio hacia la verdad

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Vivimos un momento histórico en que se menosprecian la ciencia, los datos y la verdad. El libreto de uno de los episodios más recientes de esto que parece una serie de horror, a nivel local, lo escribe el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz. Veamos. 

El 2 de enero de este año, cuando apenas comenzaba su tercer turno al bate en la presidencia, Rivera Schatz presentó el Proyecto del Senado 63, que pretende enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Es decir, entre sus máximas prioridades al inicio de este cuatrienio, estaba limitar el acceso a la información añadiendo barreras a la ya defectuosa Ley de Transparencia, que había sido aprobada por el exgobernador Ricardo Rosselló unos días antes de que se consumara su renuncia, en un acto de venganza contra la prensa que lo fiscalizó. 

El P del S 63 de Rivera Schatz de inmediato levantó preocupación entre múltiples sectores que valoran la transparencia y la rendición de cuentas. 

El proyecto es malo por muchas razones. Trataré de resumir algunas: propone duplicar plazos para la entrega de materiales por las agencias y añadir burocracia; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; obliga a notificar al jefe de agencia cada vez que se presenta un requerimiento de información; elimina la posibilidad de pedir datos en formatos abiertos como Excel o CSV; impone barreras a ciudadanos sin acceso digital; propone sanciones simbólicas e ineficaces para garantizar transparencia real.

Exdirector de PRITS rechazó contrato de XUVO, y tres días después lo sacaron

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El pasado 28 de abril, la gobernadora Jenniffer González Colón retiró el nombramiento de Antonio Ramos Guardiola como director de la Oficina de Innovación y Tecnología (PRITS en inglés). El anuncio pasó por debajo del radar, mientras se discutía la confirmación fallida de Verónica Ferraiuoli como Secretaria de Estado. Pero un documento obtenido por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y que no había sido publicado hasta ahora, revela que tres días antes de su salida, el 25 de abril, Ramos Guardiola había rechazado la contratación de la compañía XUVO Technologies en el Departamento de Salud para manejar el sistema en línea de licencias, permisos y certificaciones que emite la agencia. La contratación de XUVO fue rechazada por Ramos Guardiola, según consta en el expediente de PRITS. Este rechazo al contrato de XUVO, que gozaba del favor de La Fortaleza y del secretario de Salud, Víctor Ramos, le costó su puesto a Ramos Guardiola frente a PRITS, confirmaron varias fuentes al CPI.