¿Qué hubiera preguntado Leopoldo en la Comisión Total
Pasaron cinco horas antes de que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, contestara que solo había dos personas en la junta de directores de la compañía de cabildeo Politank cuando se vendió la empresa: él y Manuel Torres Nieves. Lo dijo ya cansado y molesto, y pidió un receso.
En total, fueron casi siete horas de preguntas y respuestas dentro de un salón frío del Capitolio que lleva por nombre Leopoldo Figueroa. Días antes, en un programa de radio AM decían que a este lugar también se le conoce como “el salón de los muertos” porque suelen celebrarse allí los velatorios de figuras importantes. Ese martes, 24 de marzo, “el Leopoldo” albergó una Comisión Total en la que cada uno de los 28 senadores pudo cuestionar bajo juramento al Jefe de Gabinete de la Gobernadora, Jenniffer González Colón.
El evento se promovió como una cartelera estelar tipo pay per view. De un lado, Domenech, un abogado y cabildero que estuvo vinculado a su empresa Politank hasta literalmente el día antes de ocupar la Secretaría de la Gobernación. Del otro, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, un exfiscal y peso pesado dentro del Partido Nuevo Progresista. La expectativa alrededor de la Comisión Total creció como la espuma con cada mensaje que subió Rivera Schatz a sus redes sociales, con cada entrevista radial y televisiva que concedió, y con un interrogatorio de 15 páginas que le anticipó a Domenech y que “se filtró” a los medios de comunicación como fuego en pasto seco.
El Presidente del Senado anticipó que como resultado de la Comisión Total, habrá referidos a varias agencias.
Fotos por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Politank ha sido uno de los flancos de la administración de Jenniffer González. Son más las preguntas que las respuestas en torno a Domenech y su salida de la compañía de cabildeo que fundó en 2009. En octubre, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reconstruyó la transacción de venta de la firma, según la versión de quien asegura ser su único dueño: Manuel Torres Nieves. Pero hubo preguntas que no contestó, como el precio de venta ni quiénes estaban en la compañía cuando ocurrió la transacción. Tampoco quedó claro cómo la compañía de repente quintuplicó su capital en 2024, el mismo año en que Politank “compró” las acciones de Domenech. Y el mismo año de las elecciones.
Aunque durante la vista pública Domenech tampoco aclaró del todo estos detalles, sí alcanzó a revelar que al momento de vender Politank había solo dos personas en la junta de directores: él y Manuel Torres Nieves.
EL TURNO INICIAL Y LA DISPENSA QUE NO ES SUYA
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El ambiente en el Capitolio era parecido al de la juramentación de un gobernador. Poco antes del mediodía, cuando faltaba más de una hora para iniciar, el Salón Leopoldo Figueroa ya estaba lleno. Este espacio, originalmente conocido como el Salón de Actos del Senado, lleva el nombre de Leopoldo Figueroa desde 1994, cuando el entonces presidente senatorial Roberto Rexach Benítez decidió nombrarlo así en honor a un político independentista que terminó siendo estadista. Es una especie de ballroom amplio, frío, con piso en parquet y candelabros en el techo. Para la Comisión Total, ubicaron a la prensa a un lado del salón, con sus cámaras de televisión apuntando hacia una sola silla, la de Domenech. De frente estaban los senadores en sus bancas ubicados en una plataforma alta de cuatro niveles. Detrás de la silla de Domenech, estaba el público: asesores legislativos, empleados públicos y un séquito de jefes de agencia.
Detrás de los periodistas, en un mezzanine cuyo acceso estaba acordonado, había un espacio para empleados y asesores de la Presidencia, y allí estaban la recaudadora del PNP, Katherine Erazo, y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, quien ha sido cabildero desde que renunció al Gobierno después del Verano de 2019. En la mayoría de los recesos, Rivera Schatz entraba a ese mezzanine.
Mientras los senadores terminaban de orar antes de la vista, sonaron aplausos fuera del Leopoldo. Era el grupo que acompañaba al Secretario de la Gobernación, quien hizo su entrada agarrando con fuerza la mano de su esposa, Verónica Ferraiuoli, seguido por varios asesores.
Domenech se acercó a su silla, le tomaron juramento, se sentó, pidió 20 minutos para una exposición, Rivera Schatz le dijo que tenía 10, él insistió, y finalmente tuvo 15.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Después de insistir en que está totalmente desvinculado de Politank, Domenech habló de lo que, para él, era lo más importante: la democracia y cómo esta no se pierde de golpe, sino que “poquito a poquito”, “desde adentro”. Mientras Rivera Schatz escuchaba recostado hacia atrás en su silla, Domenech lo acusó de intentar usurpar la gobernación desde la Legislatura bajo distintos gobernadores, de “debilitar al Ejecutivo”, de “intimidación institucional” y de “alterar la toma de decisiones y el funcionamiento” del Gobierno con “controversias inventadas”.
El mismo jefe de gabinete de un Gobierno que actualmente intenta llevar ante el Tribunal Supremo al CPI para restringir el acceso a periodistas y que aprobó restricciones al derecho de acceso de información, se atrevió a decir que “una democracia fuerte requiere una prensa que cuestione y que fiscalice sin miedo”. Y recordó cómo el Presidente senatorial ataca a quienes lo cuestionan.
“Los sistemas democráticos no colapsan de la noche a la mañana. Cambian cuando alguien logra inclinar el balance de poder sin romperlo formalmente. Así le pasó a Venezuela después que en 1999 eligieron democráticamente a Hugo Chávez; así pasó en la Alemania de 1933 cuando Adolfo Hitler asumió de manera legítima el cargo de canciller”, continuó.
Al terminar Domenech, Rivera Schatz hizo referencia a una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) realizada el verano pasado por su esposa, Verónica Ferraiuoli, cuando decidió inhibirse de la contratación de una compañía en la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones que dirige, por ser la empresa cliente de Politank. Domenech dijo que esta consulta era extensiva a él, algo que no es cierto.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Rivera Schatz sacó una carta y pidió a un empleado del Senado que le entregara una copia a Domenech y también distribuyera copias a los periodistas. Le temblaba la mano al Presidente del Senado mientras le extendía la carta al empleado. Hacía frío en el Leopoldo. La carta venía de Ética Gubernamental y, contrario a lo que pensaba Domenech, decía que la consulta que realizó Ferraiuoli no era extensiva al Secretario de la Gobernación.
“Así que se equivoca licenciado Domenech. Aquí no venga a mentir ni a confundir. Aquí está la contestación de la OEG. Segundo, no estamos persiguiendo socialistas, sindicalistas ni a nadie. Lo que no vamos a permitir es el pillaje ni la corrupción de nadie, por más soberbia y prepotencia que quiera exhibir. Tan simple como eso”, dijo Rivera Schatz.
Esta fue la primera ronda de careo de varias que habría a lo largo de la tarde.
FERRAIUOLI Y LOS MECANISMOS DE INHIBICIÓN
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Mientras Domenech leía su mensaje inicial, Verónica Ferraiuoli exigía en la entrada del Leopoldo que dejaran pasar una caja llena de documentos y carpetas, similar a la que llevó a una entrevista con Luis Francisco Ojeda hace casi 40 años el entonces presidente de la Juventud PNP, Ángel Cintrón, y que le ganó el mote de Kid Cajita. Cintrón defendió a su amigo a capa y espada en varias entrevistas antes de la Comisión Total. ¿Sería él quien propuso a Domenech que llevara una caja de documentos?
Ferraiuoli insistió con varios empleados de seguridad del Senado hasta que finalmente entró un asesor con la caja de documentos en mano.
Más allá de acompañar a Domenech como su esposa, Ferraiuoli jugó ese día un rol protagónico de asistente. La abogada de profesión y funcionaria conoce bien el proceso de una Comisión Total, pues el año pasado, enfrentó una cuando intentó, sin éxito, ser confirmada como Secretaria de Estado. Durante el transcurso del día, Ferraiuoli se acercaba a Domenech, le hablaba al oído, impartía instrucciones a sus asesores, le entregaba notas y documentos. Cuando salían y entraban al salón Leopoldo Figueroa, ella le agarraba su mano o le ponía la suya sutilmente en la espalda mientras caminaban. Los gestos contrastaban con la imagen con la cual hace ocho años Domenech llegó al ojo público: su esposa le puso una querella de violencia doméstica. Ella luego desistió del caso y ambos han dicho que ese episodio quedó atrás.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Debido a que ambos trabajan en el Gobierno, tanto Ferraiuoli como Domenech presentaron ante Ética Gubernamental un recurso de inhibición aplicable a asuntos que estén relacionados a las funciones de uno u el otro. Cuando Rivera Schatz le pidió aclarar hasta dónde se extiende esta inhibición, Domenech rápido contestó que se extendía a “todos los temas”.
“Ella no puede comunicarse conmigo”, dijo.
Pero era tan visible la participación de Ferraiuoli, que el senador independentista Adrián González cuestionó su presencia, al recordar lo que ella misma dijo en su Comisión Total: que en su casa no se habla de asuntos de gobierno.
Domenech adujo que sus inhibiciones son ante la rama ejecutiva, y no la legislativa, y que ella sigue siendo su esposa.
Distinto al mecanismo de inhibición que Domenech mantiene con Ferraiuoli para evitar posibles conflictos, que está por escrito y presentado ante Ética Gubernamental, el proceso que tiene que ver con inhibirse como funcionario de asuntos relacionados con Politank y sus clientes es muy distinto. Casi al filo de la primera hora, a preguntas de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, llegó otra revelación: Ana Delgado, una empleada de su oficina, “pre interviene” cuando llegan contratos para aprobación. Si ella entiende que alguno tiene que ver con Politank o con los clientes de esa empresa, según lo que aparezca en el Registro de Cabilderos, la funcionaria no le habla del asunto, según él. No hay nada por escrito que documente este proceso. Fue una instrucción verbal, según él.
Rivera Schatz intervino y preguntó si existe algún documento que acredite el procedimiento para inhibirse y no participar de asuntos con los clientes de Politank. Domenech comenzó a dar vueltas con su contestación y aseguró que lo que importa son sus acciones al respecto.
“Le estoy preguntando, licenciado Domenech, si hay un documento escrito, y después me explica lo de las acciones porque de las acciones vamos a hablar ya mismo. Dígame si hay un documento escrito, algún procedimiento formal redactado, alguna reglamentación que rija la inhibición suya. ¿Sí o no?”, insistió el presidente senatorial.
“Un procedimiento formal por escrito, no”, contestó el Secretario de la Gobernación.
LO QUE PUDO SER UN EMAIL
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Durante siete horas, los políticos en el Salón Leopoldo Figueroa realizaron preguntas e intervenciones de todo tipo sobre asuntos bajo la jurisdicción de Domenech: el hospital de Vieques que todavía no abre; los incentivos a maestros y aumentos salariales a policías que no llegan; el futuro de la Antigua Base Roosevelt Roads que no se sabe cuándo llega; las carreteras que no se arreglan; los fondos de reconstrucción que no se distribuyen. Algunas de estas preguntas, aunque desviaban el tema, revelaron problemas mucho más profundos de falta de comunicación entre La Fortaleza y los distritos senatoriales. También hubo turnos de cinco minutos que bien podían haber sido un correo electrónico.
Hubo turnos de preguntas que parecían quedarse a medias. La senadora Joanne Rodríguez Veve preguntó sobre un memorando que nunca llamó por su nombre —memorando de cabilderos— y sobre el cual el CPI publicó ese mismo día que el Gobierno incumple con ese y otras normas que rigen el ejercicio del cabildeo en Puerto Rico.
Hubo turnos revanchistas. Un joven empleado agarró rápido su teléfono que estaba cargando para tomar video del momento en que el senador penepé Juan Oscar Morales usaba su turno para cuestionar por qué Domenech canceló sus “destaques” —empleados de otra agencia que son trasladados, junto a su sueldo, de manera temporera a otra agencia— y si era una represalia por un proyecto de ley presentado por él y que La Fortaleza no favorecía. Domenech invocó el privilegio ejecutivo cuando le preguntaron si habló con la Gobernadora para tomar lo que Morales catalogó como represalia.
LA AUTOVENTA DE POLITANK
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Aún así, el asunto de la venta de Politank estuvo presente durante las siete horas que duró la Comisión Total. Domenech contestó que la empresa le compró sus acciones en el momento en que él era el único accionista, y que recibió un cheque de alrededor de $4 millones firmado por una empleada de Politank a quien no nombró ni le pidieron que nombrara.
Habló de algunos clientes de Politank, como Intervoice. Según una declaración jurada del exsecretario de Salud Carlos Mellado y que “se filtró” horas antes de la vista, tanto Domenech como el expresidente del Senado y empleado de Politank, Kenneth McClintock, lo presionaron para cancelar una subasta y así favorecer a esta compañía. Domenech lo despachó como una movida política de Mellado y acusó al exsecretario de mentir bajo juramento.
No fue hasta la sexta hora que llegó la línea de preguntas que reveló quizá la mayor cantidad de detalles. No vino de Eliezer Molina, ni de Joanne Rodríguez Veve, ni de los principales portavoces de minoría. Tampoco vino del presidente del Senado ni de ningún miembro de la delegación penepé. Vino de Marially González Huertas, una senadora popular utuadeña, del distrito de Ponce, quien es portavoz alterna de su partido en ese cuerpo legislativo.
La Senadora preguntó si él era el único miembro de la junta de directores al momento de la transacción de venta. Domenech dijo que no.
La Senadora preguntó si había una resolución que documentara la transacción y si se levantó un acta de esa reunión. Domenech dijo que existe una resolución.
La Senadora preguntó si la compañía tenía un excedente (“surplus”), ya que, de no tenerlo, incumple con la Ley de Corporaciones, según los abogados corporativos que analizarían más tarde los detalles de esta transacción. Domenech dijo que no recordaba.
La Senadora popular utuadeña Marially González Huertas preguntó si Politank tenía estados auditados al momento de la transacción y si alguien certificó la solvencia de la corporación. Domenech dijo que no.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
La Senadora preguntó si al ser el único accionista, la corporación no dejó de existir cuando vendió sus acciones. Domenech dijo que no porque, según él, la ley permite que esto ocurra cuando hay otra persona dispuesta a entrar como accionista, y que eso fue lo que ocurrió con Manuel Torres Nieves, una persona que siempre ha estado ligada al servicio público, en las posiciones de Contralor Electoral y Secretario del Senado.
Rivera Schatz intervino y le preguntó cuántas acciones había comprado Torres Nieves, quien fuera su mano derecha en el Senado en dos cuatrienios distintos. Domenech dijo que no recordaba.
Finalmente, la Senadora preguntó quién más formaba parte de la junta de directores al momento en que vendió sus acciones. Domenech dijo que solo eran él y Manuel Torres Nieves.
¿QUÉ HUBIERA PREGUNTADO LEOPOLDO?
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“El Doctor Leopoldo Figueroa Carreras, legislador, líder político, servidor público, periodista, médico y abogado, bien merece el título de Decano de los Legisladores Puertorriqueños”, lee el principio de una ley de 2006 que celebra su natalicio.
Comenzó como independentista inspirado en el amigo de la familia, José Martí, uno de los libertadores cubanos, y terminó como anexionista, primero bajo la Alianza Puertorriqueña, luego en el Partido Unión Republicana y el Partido Estadista, y finalmente como militante del PNP. Como legislador fue autor de la ley que creó los hospitales públicos en Puerto Rico. Cuando se intentó detener la inscripción del Partido Popular Democrático a finales de la década del 1930, Figueroa intervino a favor de esta colectividad que no era la suya. Años más tarde, cuando los populares ya eran mayoría, fue él quien criticó y puso nombre a lo que todavía se conoce como la ley de la mordaza. Según el líder popular Jaime Benítez, Leopoldo practicaba “el principio de la oposición leal”.
Desde la izquierda, los legisladores Hernán Padilla, Benny Frankie Cerezo y Leopoldo Figueroa.
Foto tomada del libro La convocatoria de una semilla: fundamentos y dinámicas del desarrollo constitucional de Puerto Rico, por Héctor Luis Acevedo.
La tarja que está en la entrada del salón que lleva su nombre lo describe como “uno de los políticos más sagaces y destacados de su época”.
Quizá Leopoldo hubiera comenzado por preguntarle a Domenech cómo alguien puede manejar exitosamente la campaña primarista y electoral de González Colón a la gobernación, y al mismo tiempo logra quintuplicar el capital de su compañía de cabildeo por más de $4 millones. Tal vez hubiera indagado un poco más sobre cuándo exactamente decidió venderle la empresa a Manuel Torres Nieves y cómo exactamente se dio ese proceso.
Aunque 10 de los 28 senadores presentes son egresados de alguna escuela de Derecho, Leopoldo Figueroa, quien también era abogado, hubiera tenido mucho más claro aspectos de derecho corporativo. Quizá hubiera tenido allí el informe financiero de Politank que está público en el Departamento de Estado, para mostrar el aumento vertiginoso en el capital de la compañía justo antes de que Domenech decidiera desvincularse de la compañía. Con toda probabilidad no hubieran pasado cinco horas antes de que alguien hiciera una de las preguntas más básicas sobre una entidad corporativa: quiénes componen la junta de directores.
De más está decir que Leopoldo hubiera insistido en saber el nombre de cada una de las personas vinculadas a Politank, sean empleados, contratistas o colaboradores. Hubiera querido saber, por ejemplo, cuándo fue la última vez que Domenech conversó con las únicas dos personas que están en Politank: Kenneth McClintock y Manuel Torres Nieves.
Además, tan pronto hubiera visto la declaración jurada del exsecretario de Salud Carlos Mellado en la cual asegura haberse sentido intimidado y presionado durante un encuentro con Domenech para favorecer a un cliente de Politank, quizá Leopoldo hubiera cuestionado con qué otras personas sostuvo reuniones similares a esa, después de que González ganara la primaria en el verano de 2024 y la elección en noviembre, y antes de la toma de posesión en enero.
El “Decano de los legisladores” posiblemente hubiera hurgado en los informes confidenciales de Ética, a los que tienen acceso los legisladores, para cuestionar por qué tanto Domenech como su esposa reportaron parte de los ingresos de la transacción de Politank bajo cuentas por cobrar, si en realidad se saldó todo en un solo cheque.
Preguntaría sobre sus vínculos con otros cabilderos, porque, después de todo, Puerto Rico es pequeño. Tal vez preguntaría por qué se rumoró que el cabildero Alfredo Escalera, estaba vinculado de alguna manera a Politank y qué relación mantiene con él desde que entró al Gobierno.
En una discusión sobre presuntas intervenciones indebidas de parte de cabilderos, Leopoldo incluso podría haber cuestionado al Jefe de Gabinete qué está haciendo su Gobierno para implementar las pocas normas que rigen el ejercicio del cabildeo en Puerto Rico. Nadie le cuestionó cómo puede hacer valer el mecanismo de inhibición que se inventó para casos relacionados a Politank cuando esa firma ni tan siquiera actualiza su registro de cabilderos desde febrero del 2025.
Y quizá hubiera preguntado qué llevó Domenech en aquella caja llena de documentos. ¿El cheque de venta de Politank? ¿La resolución corporativa o el acuerdo de compraventa? ¿Un registro personal de todas las veces que se ha inhibido? Se sabe que el proceso de inhibición con Politank no estaría allí porque, según él mismo admitió, nunca lo puso por escrito. Lo que importan son las acciones.
San Juan, PR — El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó este viernes dos recursos presentados por la Gobernadora, Jenniffer González Colón, que buscaban que este foro se expresara con urgencia en torno a la práctica de restringir el acceso de periodistas a las conferencias de prensa en La Fortaleza. Con esta determinación, los procedimientos continúan ante al Tribunal de Apelaciones en donde aún está pendiente por resolver un escrito de revisión que también presentó la primera mandataria. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó en diciembre a la primera mandataria y a la secretaria de Prensa, Marieli Padró Raldiris, tras prohibir a sus periodistas entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza por no tener una certificación del Departamento de Estado. La jueza Iris L. Cancio González del Tribunal de Primera Instancia en San Juan determinó a finales de febrero que exigir a los periodistas tal credencial para acceder a las conferencias en la Mansión Ejecutiva viola la libertad de prensa. Cancio ordenó a la administración de González Colón cesar esta práctica.
The Centro de Periodismo Investigativo (CPI) filed a lawsuit Monday against Governor Jenniffer González Colón and her press secretary, Marieli Padró, for violating freedom of the press by denying journalists from this media outlet access to press conferences at La Fortaleza for not presenting a State Department press credential — a requirement that is unconstitutional.
A las 7:12 de la noche del jueves llegó al hemiciclo de la Cámara de Representantes un cuarto calendario del día que incluía el Proyecto del Senado 63 para enmendar la Ley de Transparencia, y la medida fue aprobada con enmiendas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista. Apenas 24 horas antes, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, había expresado públicamente que “no había prisa” para evaluar la medida y que se haría un informe del proyecto por la Comisión de lo Jurídico, lo cual nunca ocurrió. “Prisa no tenemos”, había dicho Méndez durante la única vista pública celebrada el miércoles, en la que más de una decena de entidades no pudieron participar.
El proyecto se aprobó con 29 votos a favor y 24 en contra. Siete representantes del PNP votaron en contra, así como la delegación del Partido Popular Democrático, la del Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad. Los representantes azules que votaron en contra fueron Fernando Sanabria Colón, Odalys González González, José «Che» Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Carmen Medina Calderón y Jerry Nieves Rosario.
A pesar del rechazo contundente de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios periodísticos y medios de comunicación del país, el Proyecto de Senado 63 (PS 63), que añade nuevas limitaciones a la Ley 141 de Transparencia, fue aprobado este martes por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. Entre las enmiendas añadidas a último minuto al proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se incluye una que establece que ninguna agencia tendrá que generar o elaborar un documento que no exista cuando se curse una solicitud de información. Además, si la información no está disponible en el formato que pidió el solicitante, la agencia deberá notificarlo y disponer de los datos en la forma que se encuentren.
En su turno, la legisladora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, argumentó que: «Si fuéramos a pedir un documento donde se identifiquen todos los gastos de [las escoltas de] los exgobernadores por los últimos 15 o 20 años, ese documento no existe. Tendrían que generarlo, porque aparecerá el dato en las partidas presupuestarias, los desembolsos o las nóminas de los agentes, pero el documento en sí realmente no existe.
Vivimos un momento histórico en que se menosprecian la ciencia, los datos y la verdad. El libreto de uno de los episodios más recientes de esto que parece una serie de horror, a nivel local, lo escribe el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz. Veamos.
El 2 de enero de este año, cuando apenas comenzaba su tercer turno al bate en la presidencia, Rivera Schatz presentó el Proyecto del Senado 63, que pretende enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Es decir, entre sus máximas prioridades al inicio de este cuatrienio, estaba limitar el acceso a la información añadiendo barreras a la ya defectuosa Ley de Transparencia, que había sido aprobada por el exgobernador Ricardo Rosselló unos días antes de que se consumara su renuncia, en un acto de venganza contra la prensa que lo fiscalizó.
El P del S 63 de Rivera Schatz de inmediato levantó preocupación entre múltiples sectores que valoran la transparencia y la rendición de cuentas.
El proyecto es malo por muchas razones. Trataré de resumir algunas: propone duplicar plazos para la entrega de materiales por las agencias y añadir burocracia; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; obliga a notificar al jefe de agencia cada vez que se presenta un requerimiento de información; elimina la posibilidad de pedir datos en formatos abiertos como Excel o CSV; impone barreras a ciudadanos sin acceso digital; propone sanciones simbólicas e ineficaces para garantizar transparencia real.
El Departamento de Educación pierde estudiantes, en parte, por un patrón de cambios continuos de escuela para los alumnos, planteles deteriorados y horarios de 12 pm a 5 pm, que resultan ser parchos para el problema de fondo: una infraestructura sin reparar, aunque hay dinero disponible.
El pasado 28 de abril, la gobernadora Jenniffer González Colón retiró el nombramiento de Antonio Ramos Guardiola como director de la Oficina de Innovación y Tecnología (PRITS en inglés). El anuncio pasó por debajo del radar, mientras se discutía la confirmación fallida de Verónica Ferraiuoli como Secretaria de Estado. Pero un documento obtenido por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y que no había sido publicado hasta ahora, revela que tres días antes de su salida, el 25 de abril, Ramos Guardiola había rechazado la contratación de la compañía XUVO Technologies en el Departamento de Salud para manejar el sistema en línea de licencias, permisos y certificaciones que emite la agencia. La contratación de XUVO fue rechazada por Ramos Guardiola, según consta en el expediente de PRITS. Este rechazo al contrato de XUVO, que gozaba del favor de La Fortaleza y del secretario de Salud, Víctor Ramos, le costó su puesto a Ramos Guardiola frente a PRITS, confirmaron varias fuentes al CPI.