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La lista de “proyectos críticos” contiene viejas propuestas de infraestructura sin permisos, sin financiamiento privado, y que cuentan con el fuerte rechazo de grupos ambientales.
Dos semanas después del incidente que le costó al gobierno al menos $200,000, todavía no se han identificado los responsables.
Durante la década de la crisis fiscal en Puerto Rico, cuando la Isla se convirtió en el primer centro de experimentos con semillas transgénicas, el gobierno regaló a estas multinacionales más de $526 millones. Estos beneficios incluyen descuentos en las patentes de Juana Díaz e irrigación para las fincas a precios reducidos, así como tasas contributivas preferenciales, exenciones, incentivos industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur.
Afuera, protestas. Adentro, aires de triunfo permeaban el encuentro entre los industriales y el nuevo gobierno. Mucho ocurría mas allá de la tarima, después de los discursos, y fuera de cámara.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este viernes solicitudes de información sobre la Junta de Control Fiscal, amparadas en la ley federal conocida como Freedom of Information Act (FOIA), ante la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro federal y la Oficina de Ética Gubernamental federal.
Juan Pablo Bohoslavsky aseguró que el gobierno de Puerto Rico ni la Junta de Control Fiscal han atendido sus peticiones de información sobre la crisis fiscal. Denunció también la falta de respuesta del gobierno de Estados Unidos respecto a la situación de la deuda de Puerto Rico y que espera desde hace ocho meses que se le permita visitar la Isla para profundizar en sus recomendaciones. En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, enfatizó la importancia de que se haga una auditoría de la deuda y que no se implanten nuevos recortes ni medidas de austeridad cuyos efectos se verían en los sectores más vulnerables.
Como miembros de la Junta de Control Fiscal, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos con pleno control sobre las finanzas de Puerto Rico, Carlos García y José Ramón González tendrán que tomar decisiones relacionadas al pago de los bonos que ellos ayudaron a tramitar, tanto desde el BGF como desde Santander, banco que al 31 de marzo de 2016 poseía bonos del gobierno de Puerto Rico.
La gran mayoría de los asistentes a la reunión eran miembros del sector empresarial, representado por la industria de la construcción, la tecnología, las farmacéuticas, los hospitales, las finanzas, la banca, la abogacía y la ingeniería, comprobó el CPI al revisar el registro oficial.
