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El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.
El gobernador Ricardo Rosselló se mostró satisfecho con la forma en que se ha manejado el proceso de contabilizar las víctimas fatales del huracán María bajo el liderato del secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, pese a las fallas evidenciadas en varias investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Para Rosselló no hay nada mal con el proceso que mantiene la cifra oficial de muertes ligadas a la emergencia en 55 personas, aunque un proceso de entrevistas y revisión de documentos realizado por el CPI en tres semanas arroja 47 muertes adicionales a las de la lista oficial, tras visitar solo siete municipios. La investigación publicada el miércoles sostiene que el gobierno no ha utilizado los protocolos científicos que se utilizan a nivel mundial, y que se usaban en Puerto Rico previo a este evento, para evaluar las muertes en situaciones de desastre. El fallecimiento del padre del ex alcalde de Lajas, Leovigildo Cotté, en un refugio tras quedarse sin oxígeno por la falta de electricidad fue la primera muerte vinculada al huracán revelada por el CPI el 26 de septiembre. A casi dos meses de María, esta muerte no ha sido agregada a la lista oficial de muertes.
En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.
Una caja de documentos enviada por el gobierno de Puerto Rico llegó el lunes en la tarde con parte de la información solicitada mediante una demanda por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). A la vez, la administración de Ricardo Rosselló notificó la remoción (removal) del caso al Tribunal Federal como parte de los litigios que se ven bajo el Título III de la Ley PROMESA. La remoción o removal se refiere a la transferencia de un caso de un tribunal en una jurisdicción estatal o territorial, en este caso la de Puerto Rico, a un tribunal de distrito federal. Este recurso dilata el proceso iniciado el 1 de junio, en el que el CPI demanda a La Fortaleza y el gobernador Ricardo Rosselló por peticiones de información que no han sido atendidas por el Ejecutivo. El gobierno admitió con esta entrega parcial que sí tenía pero no había divulgado parte de la información solicitada por el CPI.
El plan fiscal indica que la reducción a subsidios para la UPR, los municipios y el sector privado será de $1,044 millones de dólares en 2026. De ese total, la administración Rosselló planifica reducir $512 millones de las aportaciones actuales a la UPR.
La lista de “proyectos críticos” contiene viejas propuestas de infraestructura sin permisos, sin financiamiento privado, y que cuentan con el fuerte rechazo de grupos ambientales.
Durante la década de la crisis fiscal en Puerto Rico, cuando la Isla se convirtió en el primer centro de experimentos con semillas transgénicas, el gobierno regaló a estas multinacionales más de $526 millones. Estos beneficios incluyen descuentos en las patentes de Juana Díaz e irrigación para las fincas a precios reducidos, así como tasas contributivas preferenciales, exenciones, incentivos industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur.
