Bomba de tiempo, las cenizas de carbón es una serie de reportajes especiales sobre la contaminación provocada por este desecho tóxico en Puerto Rico y la República Dominicana. En la primera entrega, el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur investigan lo ocurrido en el municipio de Arroyo Barril, Provincia de Samaná, donde fueron transportadas en barco y descargadas sobre 27 mil toneladas de cenizas de la planta de carbón AES, ubicada en Guayama.

Al ir tras el paradero de las millones de toneladas de cenizas de carbón que han sido descartadas en la isla, quedan al descubierto sus efectos en la salud y su potencial amenaza sobre el Acuífero del Sur.

Un hallazgo del Centro de Periodismo Investigativo revela cómo se cambiaron tras bastidores las reglas del juego para la compañía AES en Puerto Rico. Además, funcionarios de las agencias de gobierno reaccionan al problema de las cenizas.

Este lunes, los abogados de AES Corporation y cuatro subsidiarias, incluyendo AES Puerto Rico, llegaron a un arreglo económico no divulgado que dio fin a la batalla legal que vecinos de Arroyo Barril originaron en noviembre de 2009.

Abortos espontáneos, bronquitis crónica, urticarias o erupciones alérgicas en la piel son algunas de las condiciones para las que se identificó una prevalencia significativamente alta en las comunidades Jobos y Miramar en Guayama, demuestra un nuevo estudio.

Con este fallo, el juez dio por terminado un pleito que se originó en junio de 2015, cuando PVL acusó a los activistas José Manuel Díaz Pérez, Jimmy Borrero Costas y miembros del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa por obstruir el acceso al vertedero y “provocar daños irreparables” a la empresa.

El ingeniero Manuel Mata alegó que existe un informe del Gobierno de la República Dominicana que derrota “toda la teoría” sobre la toxicidad del rockash. Sin embargo, omitió un dato puntual: el documento que levantó a su favor, del 26 de abril de 2004, fue invalidado en corte en octubre de ese mismo año por el entonces Procurador para la Defensa del Medio Ambiente de la República Dominicana.

De aprobarse la docena de cambios sugeridos, empresas como AES en Guayama podrán eludir protecciones antes requeridas por la EPA para salvaguardar recursos naturales y la salud pública.

Justo cuando se comenzaba a conocer la magnitud de la contaminación provocada por los depósitos de cenizas de carbón en los Estados Unidos y Puerto Rico, la Agencia de Protección Ambiental ha vuelto a cambiar las reglas del juego.

Tras un juicio que se extendió por tres semanas, un jurado de la Corte del Distrito Este de Tennessee determinó que las toneladas de cenizas que se extrajeron del peor desastre ambiental ocurrido en los Estados Unidos pudieron provocar la muerte de al menos 30 de los 250 trabajadores contratados para su remoción. Asimismo, implicó este miércoles que los obreros que laboraron por cinco años en esa limpieza pudieron contraer leucemia, cáncer de pulmón y cerebro, enfermedades respiratorias crónicas y cardiopatía coronaria a consecuencia de su exposición prolongada al material, confirmó a La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo Jim Scott, unos de los seis abogados a cargo de la defensa de los 220 sobrevivientes. Durante décadas, las compañías eléctricas que producen cenizas de carbón en Estados Unidos y Puerto Rico han negado que este desecho sea tóxico y nocivo a la salud. Los hechos de este caso se remontan al 22 de diciembre de 2008, cuando en la ciudad de Kingston, Tennessee, se quebró el dique de un estanque de la central eléctrica Tennessee Valley Authority (TVA), el cual almacenaba un billón de galones de lodo de cenizas. El accidente provocó que una ola gris arropara 300 cuerdas de terreno con hasta seis pies de cenizas, destruyera propiedades y contaminara el río Emory – un tributario del río Tennessee – con un cóctel de tóxicos como arsénico, cadmio y cromo.

Mientras en República Dominicana se debate sobre la cantidad de personas que deben ser indemnizadas luego de respirar y tragar por años cenizas de AES que llegaron a Arroyo Barril, en Puerto Rico el gobierno presenta un reglamento que perpetúa el desecho tóxico en la isla.

While in Dominican Republic there is a debate over the number of people who must be compensated after breathing and swallowing — for years — AES coal ashes that reached Arroyo Barril, in Puerto Rico the government is presenting a regulation that perpetuates the toxic waste on the island.

El cuerpo de agua, del cual se extraen millones de galones diarios, llega a alrededor de 140 mil personas en el sur de Puerto Rico. Las muestras realizadas en el acuífero han detectado químicos altamente contaminantes como el arsénico.

Según la Agencia de Protección Ambiental federal, el límite de seguridad aceptado de arsénico en suelos residenciales es 0.68 partes por millón. En algunos suelos al sur de Puerto Rico este verano se recogieron muestras que sobrepasan 22 veces el límite aceptado por la agencia.

Email exchanges, meetings with key personnel from the Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) and the discussion of a Memorandum of Understanding to renegotiate AES Puerto Rico’s (AES-PR) contract with the government of Puerto Rico six years before it expires. This all has happened over the past 11 months, away from public scrutiny. However, a letter from Natalie Jaresko, executive director of the Fiscal Control Board, to PREPA’s Governing Board uncovered what until today had been a secret between AES executives and members of Pedro Pierluisi’s administration: that the coal energy producer is going through its worst economic crisis and to get out of it, is demanding that the government of Puerto Rico come to its rescue. “The cash flow problem at AES-PR is dire,” AES President Jesús Bolinaga Serfaty said in a letter written on March 24, 2021 to PREPA executives that had been kept secret, but that the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) and La Perla del Sur obtained after months of requests and the filing of a request for Mandamus for access to public information. Screenshot of the communication.

Envío de correos electrónicos, reuniones con figuras clave de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la discusión de un Memorando de Entendimiento para renegociar el contrato de AES Puerto Rico (AES-PR) con el Gobierno de Puerto Rico seis años antes de que se venza. Todo ha ocurrido durante los pasados 11 meses, fuera del escrutinio público. Sin embargo, una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko a la Junta de Gobierno de la AEE destapó lo que hasta hoy había sido un secreto entre ejecutivos de AES y miembros de la administración de Pedro Pierluisi: que la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de ella reclama que el Gobierno de Puerto Rico salga a su rescate. “El problema de flujo de efectivo en AES-PR es grave”, revela Jesús Bolinaga Serfaty, presidente de esa empresa, en una comunicación escrita el 24 de marzo de 2021 a ejecutivos de la AEE que se había mantenido en secreto, pero que el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur obtuvieron tras meses de solicitudes y la presentación de un recurso de Mandamus para acceso a información pública. Captura de pantalla de la comunicación escrita.