En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.
El email venía de La Fortaleza y leía:
¡Buenas tardes editores!
Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal remiten el comunicado adjunto. La Junta solicitó colaboración con la distribución del mismo. (Los signos de exclamación no son énfasis mío.)
Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (la “Junta”) creada bajo el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (“PROMESA” ó la “Ley”) confirmaron el martes que la segunda reunión de la Junta será en la ciudad de Nueva York el próximo viernes, 14 de octubre de 2016 a las 8:30 a.m.
La reunión se llevará a cabo en el salón de la junta de directores del piso 20 de los MTA Headquarters, 2 Broadway, Ciudad de Nueva York. Esto indicaba el comunicado de prensa. La Junta sigue sesionando fuera de la Isla Grande, Vieques y Culebra, donde los puertorriqueños que tendrán que acatar sus designios no pueden participar, interpelarles, darles sugerencias y propuestas o pedirles cuentas.
La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.
El CPI sigue en su búsqueda de información sobre las personas y organizaciones que influyen en los procesos de la negociación de la deuda e insiste en la transparencia que amerita este proceso y que es reclamada por el país.
Abogadas del Estado insisten en que la información sobre los bonistas solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico no existe. La jueza Aileen Navas se reservó el fallo.
Los demandantes solicitan la totalidad de los documentos relacionados a la investigación que condujo durante seis meses la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre la firma UBS Financial Services en Puerto Rico.
El Centro de Periodismo Investigativo y la Unión Americana de Libertades Civiles publican esta información para explicar el derecho de acceso a la información y la forma de ejercerlo, algo que cada persona puede hacer por derecho propio, sin necesidad de representación legal.
Ningún ciudadano tiene que demostrar para qué quiere un documento público que solicita al estado o cuál es su interés en el mismo, sino que es el funcionario público quien tiene que probar la necesidad del Gobierno de mantenerlo en secreto. Este derecho al acceso a la información también es aplicable a las comunicaciones electrónicas de los gobernantes y funcionarios.
