En tanto, ocho empleados de Corrección pueden ser destituidos en relación con la liberación del feminicida Hermes Ávila Vázquez tras un diagnóstico de salud errado que fue avalado por la compañía de servicios de salud.
La empresa, conocida por autorizar erróneamente la liberación del feminicida Hermes Ávila, enfrenta hace años serias imputaciones, pero se niega a contestar preguntas.
Tanto la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) así como la compañía SecureAlert que provee al gobierno de Puerto Rico los grilletes electrónicos con teléfonos integrados para imputados de delitos, se pasaron la papa caliente al momento de asumir la responsabilidad por posibles violaciones a los derechos de las personas que portan los aparatos. José Armando Quiñones, vicepresidente para Latinoamérica de SecureAlert, reconoció la importancia del asunto pero rehusó comentar. “Su reportaje incluye unos temas muy importantes”, expresó Quiñones en declaraciones escritas. “SecureAlert está estrictamente impedido de hablar a favor o en nombre del Gobierno de Puerto Rico, quien es el único responsable de la ejecución, regulación, interpretación de las directrices judiciales, protocolos de aplicación de la ley y la supervisión de su programa de monitores electrónicos”. “Además, cada uno de nuestros clientes del sector público tiene plena confianza que nuestra empresa mantendrá los mas estrictos estándares de confidencialidad y privacidad en la información de cada uno de los proyectos”, agregó Quiñones.
Entendidos en temas de Derecho en Puerto Rico y Estados Unidos expresaron serias preocupaciones de que el gobierno y compañías privadas que proveen grilletes electrónicos tengan la capacidad de husmear y grabar las conversaciones privadas de los imputados de delito que los portan. El abogado experto en derecho constitucional, Carlos E. Ramos, afirmó que “la pretensión del Estado de escuchar o grabar las conversaciones no autorizadas de un sumariado con su abogado a través de un grillete-GPS electrónico, constituye la más absoluta y crasa violación a los derechos constitucionales de esa persona”. “Si esa acción la hace a través de una compañía privada, la violación se magnifica”, advirtió el también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. “Están implicados cuando menos los siguientes derechos constitucionales: el derecho a estar asistido de abogado, el debido proceso de ley, la presunción de inocencia, el derecho de intimidad y posiblemente la prohibición contra las grabaciones telefónicas. El Estado estaría violando de forma crasa el privilegio abogado-cliente que provee la ley”, dijo.
Aunque los argumentos de los abogados de un acusado en libertad bajo fianza no convencieron a la jueza superior Elizabeth Linares Santiago de que se le habían violado los derechos constitucionales al imputado al espiar sus conversaciones mediante el grillete electrónico que portaba, ésta advirtió que de demostrarse que el aparato sí sirve para espiar, la práctica sería ilegal. Además, la jueza advirtió que hay ciertas lagunas en los procedimientos o falta de formalidad de reglamentos y protocolos de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) respecto a los grilletes. La controversia se dilucidó en una vista judicial en el Tribunal Superior de San Juan a petición del licenciado Fermín Arraiza navas en representación de un cliente quien asegura que por medio del grillete electrónico le “hablan”. Arraiza Navas argumentó, entre otras cosas, que la práctica viola el derecho a la intimidad de su representado. El agente supervisor de la OSAJ, José Torres Valle, declaró en sala que existe un reglamento interno sobre estos procedimientos que no es oficial ni está inscrito en el Departamento de Estado, en la propia OSAJ, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ni en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Un caso de violencia doméstica ha destapado la posibilidad de que los grilletes electrónicos utilizados en Puerto Rico y Estados Unidos estén siendo usados para violar los derechos constitucionales de quienes tienen que portarlos como requisito para su libertad condicional. Estos grilletes están equipados con una especie de teléfono celular que puede espiar las conversaciones de quienes los llevan puestos. Antes de comenzar la entrevista Arraiza Navas le preguntó casualmente a su cliente sobre el grillecfgdfgddfte electrónico con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que le habían colocado como condición para su libertad bajo fianza y el hombre le comentó que “me hablan por ahí”, refiriéndose al aparato. Arraiza Navas canceló de inmediato la reunión y radicó una moción en el Tribunal Superior de San Juan para que se removiera el aparato de su cliente. Arraiza Navas relató al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que había tenido otro cliente con un grillete electrónico con GPS el cual comenzó a vibrar durante una consulta legal entre ambos.