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Un ambiente de hostilidad, acoso, hostigamiento laboral, persecución, intimidación y discrimen por edad y género parece reinar en la oficina de Asuntos Externos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en Puerto Rico, según hechos documentados desde 2019 por al menos diez empleados, en su mayoría, mujeres. La denuncia llegó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de dos fuentes por separado, que señalan a los directivos de esta oficina, Juan Andrés Muñoz Torres y Ricardo Agosto Castro, director y subdirector de Asuntos Externos, respectivamente, como presuntos responsables de estas situaciones de acoso que han conllevado la renuncia de empleados, relevo de funciones, asignación de tareas no relacionadas y la obstaculización en el progreso laboral dentro de FEMA. El CPI supo que al menos cuatro de estos empleados se querellaron formalmente ante la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés) de FEMA, guiados por la Ley sobre Notificaciones y contra la Discriminación y Represalias para Empleados Federales (No FEAR, en inglés), las protecciones de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO, en inglés), y la declaración de política contra el discrimen de la Oficina para Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al que está adscrito FEMA. “Tengo la obligación de denunciar que mis compañeras de trabajo y yo hemos sido perseguidas, presionadas, acosadas, degradadas como profesionales por estar aisladas y sin acceso a la información y por estar totalmente asignadas a tareas irrelevantes y tratadas de manera insultante”, informó una de las querellantes de esa oficina a un superior en FEMA en un documento al que el CPI tuvo acceso.
No obstante, a casi dos años de haber sido sometidas algunas de estas denuncias, la agencia federal mantiene a ambos funcionarios en sus puestos sin ninguna penalización y no ha ofrecido remedio o protección a las personas que han denunciado estas conductas, confirmaron las dos fuentes del CPI, quienes prefirieron hablar en condición de anonimato por temor a represalias. El CPI buscó conocer el estatus de esas querellas, si fueron desestimadas o hubo sanciones, pero ni Muñoz Torres ni Agosto Castro respondieron a una solicitud de entrevista o reacción.
