Además de la restauración del ecosistema y el flujo de agua, el dragado traerá cambios en la demografía, ecología y geografía de las ocho comunidades contiguas a este cuerpo de agua urbano.
Diez mujeres que cumplían sus sentencias en el Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan fueron trasladadas la semana pasada a una institución carcelaria en Bayamón como parte del cierre de seis instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que el Hogar se traslada a lo que una vez fue el Centro de Tratamiento Social y de Clasificación, donde ubicaban a menores de edad hasta el 2019. Los cierres en el DCR responden a una medida de austeridad requerida por la Junta de Control Fiscal a Corrección para ahorrar $5.1 millones al cierre del año fiscal 2020 y así consta en el Plan Fiscal certificado. Según Escobar Pabón, la Junta “requirió al Departamento de Corrección y Rehabilitación hacer un análisis de la planta física, las estructuras, los recursos humanos, la misión de cada institución, y cuán efectivo o no ha resultado lo que estábamos haciendo al momento”, y así establecer un plan de optimización. El cierre del Hogar Intermedio de Mujeres ubicado en Puerta de Tierra representará un ahorro anual de sólo $70,000, tomando en cuenta los gastos del 2021.
Cuando sus hijos estudiaban en la Escuela Elemental Santiago Iglesias Pantín de Barrio Obrero, Aileen Morales tenía que cargarlos a sus espaldas cada vez que se inundaban las calles contiguas al Caño Martín Peña. No quería que llegaran al salón de clase con sus piernas mojadas ni con el hedor causado por las aguas sucias que por décadas han afectado la paz de comunidades, cada vez que experimentan un evento de lluvia fuerte. Morales, quien es residente y líder comunitaria en el sector Parada 27, lleva más de una década viendo las noticias que reseñan los sucesos de inundación relacionados al Caño. También ha participado de reuniones anuales con integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés). El problema de inundaciones y la necesidad de dragar este cuerpo de agua urbano son asuntos ampliamente conocidos tanto en Puerto Rico, como en algunos círculos políticos de Estados Unidos, como un asunto de justicia ambiental y de salud.
Las deudas millonarias son $2.6 millones con Mapfre, por el seguro médico de los empleados, con el Seguro Social, Hacienda, el Fondo de Seguro del Estado, el seguro por desempleo del Departamento del Trabajo y los sistemas de retiro, entre otros.