If you are using the Newspaper or Carousel optional homepage layout, add this label to posts to display them in the featured area on the homepage.
En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.
Una caja de documentos enviada por el gobierno de Puerto Rico llegó el lunes en la tarde con parte de la información solicitada mediante una demanda por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). A la vez, la administración de Ricardo Rosselló notificó la remoción (removal) del caso al Tribunal Federal como parte de los litigios que se ven bajo el Título III de la Ley PROMESA. La remoción o removal se refiere a la transferencia de un caso de un tribunal en una jurisdicción estatal o territorial, en este caso la de Puerto Rico, a un tribunal de distrito federal. Este recurso dilata el proceso iniciado el 1 de junio, en el que el CPI demanda a La Fortaleza y el gobernador Ricardo Rosselló por peticiones de información que no han sido atendidas por el Ejecutivo. El gobierno admitió con esta entrega parcial que sí tenía pero no había divulgado parte de la información solicitada por el CPI.
El plan fiscal indica que la reducción a subsidios para la UPR, los municipios y el sector privado será de $1,044 millones de dólares en 2026. De ese total, la administración Rosselló planifica reducir $512 millones de las aportaciones actuales a la UPR.
Tras realizar múltiples solicitudes de información que no han sido atendidas
El gobierno de Puerto Rico entra en una nueva etapa del proceso que inició el 30 de junio de 2016 cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la “Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” o “PROMESA” (por sus siglas en inglés). El Título III de esta ley plantea que el gobierno, representado por la Junta de Control Fiscal para manejar las finanzas del país, vaya al tribunal a renegociar la deuda con los acreedores desde el 17 de mayo. ¿Cómo se interpreta el estatuto? ¿Quiénes protagonizarán este proceso? ¿Qué esperar del mismo?
La Junta de Control Fiscal, entidad federal que negocia la bancarrota de la Isla, recibió una solicitud para que tome acción ante la necesidad de publicar privilegios contributivos del Gobierno al sector privado, como el mantengo corporativo a Monsanto, en momentos de recortes a la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los servicios de salud y las pensiones. Espacios Abiertos (EA), una organización que promueve la transparencia gubernamental, envió este jueves una carta y un informe a la Junta de Control Fiscal, pidiendo el registro público o presupuesto de gastos fiscales, con el detalle de todos los subsidios, incentivos, exenciones de impuestos, tasas contributivas preferenciales y otros beneficios que recibe el sector privado. La Ley “PROMESA”, aprobada por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda, indica en la sección 208 (b) que los miembros de la Junta o sus empleados no podrán publicar los informes sobre subsidios, y que tendrán que cumplir con las leyes territoriales y federales en el manejo de información confidencial sobre los contribuyentes.
La proliferación de protestas en Puerto Rico era cuestión de tiempo. Sucedieron en Argentina, en Grecia y en la ciudad de Detroit, en respuesta a las políticas de austeridad implantadas por sus gobiernos ante las crisis financieras. En la Isla, el paro general pautado para el 1º de mayo no ha sido convocado exclusivamente contra los recortes de la administración de Ricardo Rosselló, sino contra la Junta de Control Fiscal, el poder que obliga a sacar la tijera, impuesta por Estados Unidos para que la isla pague la deuda. El paro tiene esta vez una dimensión más amplia que la del tradicional Día Internacional de los Trabajadores del 1º de mayo. Los estudiantes, profesores y empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico protestarán contra los agresivos recortes que ponen en jaque la educación pública.
La lista de “proyectos críticos” contiene viejas propuestas de infraestructura sin permisos, sin financiamiento privado, y que cuentan con el fuerte rechazo de grupos ambientales.
