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En su segundo término, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el movimiento Make America Great Again han decidido poner su estampa en la entidad creada por la ley federal PROMESA. Una vez más, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reconstrucción del sistema energético son el botín de guerra.

VEREDICTO: FALSO

Los números del plan fiscal, una vez se presenten los estados financieros auditados, pueden variar para bien o para mal, admitió la integrante de la JCF Ana Matosantos en una conferencia el martes junto al director ejecutivo interino de la Junta de Control Fiscal, Ramón Ruiz Comas. Según ella, en esos procesos es normal trabajar “a base de estimados” y se trabaja “con la mejor información disponible”, porque si esperan a tener los números "cuadra’os al chavo, se acabó lo que se daba".

La renunciante presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo, podría activar, nuevamente, la llamada revolving door o puerta giratoria entre el gobierno y la empresa privada. En una conversación con el Centro de Periodismo Investigativo a unas horas de anunciarse su salida de la agencia el próximo 31 de julio, la funcionaria no mostró reparos a la idea de trabajar para los bonistas, con los que hasta hace unos días, estaba en la mesa negociando a nombre del gobierno.

Entre quienes acudieron la semana pasada al 1er Encuentro de Bonistas de Puerto Rico en el Centro de Convenciones, se paseaban con traje y corbata algunos de los personajes que han sido señalados como responsables de la debacle financiera del gobierno.

Domingo Rosado empezó a invertir en bonos de Puerto Rico en el año 2009, un año después de que explotara la crisis financiera global que había comenzado en Estados Unidos. Debido a esa crisis, el mercado de bonos ya había cerrado para algunas entidades del gobierno de la Isla, como la Administración de Sistemas de Retiro. Tal vez no era la mejor época para invertir en bonos, pero Rosado hizo caso a las recomendaciones de su corredor en Popular Securities.

La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.

Cómo parte de la crisis económica que vive Puerto Rico, el impacto emocional que tendría para la isla un embargo por parte de los bonistas sería tan fuerte como la huella financiera, de acuerdo con Carlos Burgueño, periodista y economista argentino, quien fue invitado por el Centro de Periodismo Investigativo para compartir la experiencia de su país natal.

La cultura del buitre nunca le dará una mano al perdedor. La cultura del buitre vive de la abundancia de la tierra. A todo el mundo en Wall Street le tiembla la mano. (Alan Parsons, “Vulture Culture”).

El CPI sigue en su búsqueda de información sobre las personas y organizaciones que influyen en los procesos de la negociación de la deuda e insiste en la transparencia que amerita este proceso y que es reclamada por el país.

Abogadas del Estado insisten en que la información sobre los bonistas solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico no existe. La jueza Aileen Navas se reservó el fallo.