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En peligro hasta 51 “universidades en el campo”

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El Servicio de Extensión Agrícola, conocido como la universidad en el campo, planifica el cierre de hasta 51 oficinas: el 78% de todas sus instalaciones en el país. La información la confirmó Héctor Santiago, decano del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y director de este programa que educa a miles de agricultores, amas de casa y jóvenes de escasos recursos alrededor de la Isla. La casi eliminación del programa pone en juego servicios como el desarrollo de microempresas que buscaban ser una alternativa al despido de más de 30,000 empleados como parte de la Ley 7 del gobierno de Luis Fortuño. Se reducirían los lugares que brindan educación sobre huertos caseros, importantes para adquirir comida sana y fresca en un país que no tiene seguridad alimentaria (importa el 85% de los alimentos). Además, se afectarán los servicios de los Clubes 4-H, que enseñan valores de liderato y ciudadanía en un país que enfrenta una honda crisis social y aumento en la delincuencia.

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En veremos el escrutinio electrónico de votos

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A menos de diez meses de las elecciones, la implantación del conteo electrónico de votos en la elecciones de noviembre, es cada día más incierto. La jueza superior de San Juan,  Georgina Candal Segurola,  dio paso este martes a una solicitud de sentencia declaratoria e injunction del candidato al senado por acumulación Luis Santini Gaudier. Éste alega que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incumplió con el artículo 3.015 del Código Electoral. Con el fin de resolver el caso lo antes posible, la estrategia del peticionario es llamar a testificar primero al juez Héctor Conty, presidente de la CEE, en la vista del próximo martes 14 de febrero”, sostuvo el licenciado Fernando Torres Ramírez, abogado del candidato popular. “La mejor prueba de que la Comisión no cumplió estrictamente es que el propio presidente hable, y si dice la verdad, vamos a poder probar nuestro caso”, aseguró Torres.

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El riesgo principal del escrutinio electrónico: los de adentro

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La escritora y activista Bev Harris ha usado el bisturí de la investigación para destripar sistemas de voto y de escrutinio electrónico en Estados Unidos, para diagnosticar casos de fraude electoral. Y ahora se ríe para no llorar. Se ha enterado de que el debate principal en la Isla en torno a la implantación del primer escrutinio electrónico se centra, según ella, en una “tontería”: el requisito de una certificación federal de la empresa que dé el servicio. “Me siento triste al decirte esto, pero la US Election Assistance Commission no tiene ninguna credibilidad certificando máquinas”, aseguró Harris, directora de la organización independiente Black Box Voting, que vigila los procesos electorales en Estados Unidos. Y es que Election Assistance Commission no mide la capacidad de las máquinas y del software para evitar que quienes administren las elecciones se las roben.

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Requisito inútil empantana el escrutinio electrónico

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Los legisladores de mayoría Johnny Méndez y Margarita Nolasco exigieron que la empresa que dé el servicio del escrutinio electrónico tuviera una certificación federal para un equipo que no funciona en la Isla, lo que resultó en la selección de la empresa Unisyn, el postor más caro y con menos experiencia en procesos electorales, aunque sabe mucho de juegos de azar electrónicos. El objetivo de los legisladores era dar “lo mejor a Puerto Rico”, indicaron. Pero, ese supuesto afán de excelencia creó obstáculos legales innecesarios a uno de los procesos más importantes en la historia electoral del país: escoger la mejor empresa que dé el servicio para el conteo electrónico de votos para las elecciones generales del próximo 6 de noviembre. Esta es la primera vez que el conteo de los votos será electrónico. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty, decidió negociar de tú a tú con Unisyn Voting Solutions para que dé el servicio luego de que se declarara desierta la subasta porque es la única empresa, de entre las cuatro participantes, que posee la certificación más reciente de una agencia federal.

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Presunto diplomático tima a funcionarios y empresarios del sur

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Félix Mostelac
El empresario Félix Mostelac, de 39 años, presumió de su alegado éxito para ganar dinero, vistió un elegante traje Giorgio Armani azul para deslumbrar, y mordió un habano por aquello de terminar de impresionar a sus interlocutores, cuando visitó Ponce en julio pasado. Durante varias reuniones en las que participaron hasta políticos como la alcaldesa ponceña María Meléndez, y el ex gobernador Rafael Hernández Colón, presumió de jugosas relaciones comerciales con el grupo de países de Mercosur, el mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Nunca imaginaron los anfitriones boricuas la verdad de Mostelac, quien ha dejado una estela de presuntas estafas por cientos de miles de dólares en varios países de América Latina y Estados Unidos. El llamado “El Duque” cargaba un maletín marca Louis Vuitton donde supuestamente llevaba una laptop, pero eso era parte de su montaje escénico, porque siempre, lo que llevaba en el maletín era un libro, según Bárbara Hernández, la relacionista público cubana que trabajó por seis meses con él. Mostelac no usaba computadora portátil, sino una Blackberry para enviar mensajes a sus subordinados para que trabajaran por él.

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Los puertorriqueños no conocen sus derechos

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Si usted o un familiar cae en una redada, y un policía celebra el operativo como “exitoso”, alardeando de que se impusieron fianzas, sepa que lo que está diciendo es que la fianza es un castigo y está presumiendo que el arrestado es culpable. Pero la libertad bajo fianza no es un castigo, sino un derecho civil, así como la presunción de inocencia, el sufragio y la libertad de culto, entre otros. Y una de las mejores maneras para defenderse del Estado es que los ciudadanos sepan cuáles son estas protecciones legales. El 50.2% de los puertorriqueños, sin embargo, no puede mencionar un solo derecho civil, ni el 58% un derecho humano. Eso indica una encuesta llevada a cabo por estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados, Amnistía Internacional y abogados de la Comisión de Derechos Civiles.

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Amigos de Fortuño tras el contrato del conteo electrónico

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Difícil decisión la que tiene en sus manos el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty. Si escoge a la empresa Dominion Voting System para realizar el conteo electrónico de votos durante las elecciones de 2012, estaría confiando ese proceso a una empresa representada por el bufete McConnell Valdés. Este bufete tiene estrechos lazos con Luis Fortuño, quien aspira a revalidar como gobernador en las elecciones. El socio director de McConnell Valdés, Arturo García, administra los bienes del gobernador a través de una estructura legal denominada fideicomiso ciego. Fortuño, además, ha trabajado en varias ocasiones en esa firma de abogados.

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Monsanto’s environmental impact

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Versión en español

Third part of ‘Monsanto’s Caribbean Experiment’

American John Francis Queeny was inspired by a Puerto Rican woman to name, in 1901 in Missouri, the Monsanto company, which started as a pharmaceutical. Queeny named the company after his wife Olga, daughter of Emmanuel Mendes de Monsanto, who in turn funded the first steps of the corporation. This was to become a manufacturer of Agent Orange, the defoliant and herbicide that was tested in Aguadilla farms in the 50’s, and that was used in large scale to strip the jungle that under which the enemy of the United States hid during the Vietnam War. Today, Monsanto is the largest producer of transgenic seeds in the world, and uses Puerto Rico as a huge laboratory to develop genetically modified corn, soybean, sorghum and cotton. As an agricultural corporation, it occupies more than the 500 acres allowed under the Constitution, whose Article VI was intended to prevent monopoly and the displacement of small local farmers, as happened early last century when the sugarcane empire reigned, which Emmanuel Mendes Monsanto, funded in Vieques and in St.