Opinión

La Junta y el disfraz de la supervisión

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El traductor Alejandro Álvarez se le adelantó al gobierno local y al federal. Publicó en su perfil de Facebook, en julio pasado, la traducción al español que había hecho sobre la llamada ley federal PROMESA. Profesor del Programa Graduado de Traducción de la Universidad de Puerto Rico, propuso una versión no oficial, que no pretende abordar con precisión los términos legales y financieros, y sí que los puertorriqueños tengan acceso a la información en su idioma sobre una ley inminente. PROMESA no ordena que su propio texto se traduzca al español, ni los documentos que de su puesta en marcha se desprendan. Se trata de un asunto crítico para quienes aspiran a vivir en democracia.

Actualidad

PROMESA: un experimento que crea más dudas que certezas

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Una de las partes centrales de la Ley, el título VI, que establece las reglas para una negociación voluntaria de la deuda, no garantiza que se logrará un acuerdo entre los bonistas y el gobierno. Si no hay acuerdo a través del título VI, entonces el título III de la misma ley estipula que Puerto Rico entraría en un proceso de quiebra en un tribunal del distrito federal. Varios expertos que han estudiado la ley PROMESA anticipan que será el título III y no el VI el que regirá la solución final entre Puerto Rico y sus acreedores.