The construction and reconstruction of the university dorms will not be ready by August 2023. Students are forced to work multiple jobs to pay for increasingly expensive apartments, and others must commute from their homes daily. In some cases, they can only study part-time.
El Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico (UPR) nunca ha tenido una residencia estudiantil, sin embargo, datos de la Administración Central de la UPR señalan que el 40.4% de sus 2,634 alumnos viven hospedados mientras se espera por la construcción de una vivienda para estudiantes de 40 unidades, diseñada hace tres años y cuya subasta todavía está pendiente de adjudicarse.
En el Recinto Río Piedras, los contratos para el diseño de la remodelación de los hospedajes Torre Norte y Resi Campus se otorgaron hace tres y cuatro años. Solo para ResiCampus se abrió una subasta en febrero para su rehabilitación.
Entretanto, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó el contrato para la remodelación del Hotel Colegial del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) al tiempo que una alianza público privada propuesta hace seis años ni siquiera cuenta con un comité para negociar el acuerdo para la construcción de residencias en los predios del campus.
En ausencia de una respuesta institucional ante la falta de residencias estudiantiles y la escasez generalizada de vivienda accesible, estudiantes de la UPR se ven en la obligación de pagar apartamentos cada día más caros, constató el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en entrevistas con universitarios de estos tres recintos, así como administradores de hospedajes en Humacao.
“La situación de vulnerabilidad entre el estudiantado es bien tangible. Hay estudiantes pagando unas rentas absurdas de mil y pico de dólares en un espacio que ciertamente no vale eso. Hay menos hospedajes y más caros. Sé que hay inflación y todo lo demás, pero hay veces que es abusivo”, señaló el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Humacao, Luis Onel González, quien destacó que la mayoría de los huracanes llegan al país por la zona Este, lo que hace aún más frágil la situación del estudiantado de este recinto.
Además de las emergencias del último lustro, provocadas por huracanes y terremotos, la JCF recortó $445 millones del presupuesto de la UPR proveniente del Fondo General e impuso un aumento de entre $56 y $157 por crédito subgraduado a través del Plan Fiscal de la institución.
“Fue tu decisión. Es tu responsabilidad”. Esta es la advertencia que hace el profesor John Stinson Fernández, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, a estudiantes que son madres o están embarazadas y se matriculan en sus cursos. En los prontuarios de sus clases les insta a no usar sus situaciones de vida “como una muletilla” para solicitar excepciones.
El documento circulado a los estudiantes de los cursos de El Campesinado en América Latina y Etnohistoria Indígena y Colonial de Puerto Rico indica además, a las estudiantes con hijos “tampoco quiero que piensen que puedes utilizar tu situación personal de vida como muletilla para siempre solicitar excepción”, por lo que insta a no usar estas circunstancias para pedir un trato distinto. La “advertencia” va dirigida expresamente a las mujeres.
Este es un lenguaje discriminatorio, denunciaron expertas en equidad de género.
Cuando Amanda Torres Cruz estaba embarazada, en 2018, continuó su bachillerato en Ciencias Políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con la esperanza de cumplir su meta de convertirse en abogada y proveer a su hija los recursos que ella nunca ha tenido. “Yo seguía comoquiera yendo a la universidad, pero, a mí, nadie me alertó de algún tipo de prejuicio, de discriminación a la que yo me podía estar enfrentando, en cuestión del entorno universitario”, dijo quien pausó sus estudios, por un año, luego de convertirse en madre.
Durante su periodo de gestación, la joven que hoy tiene 23 años, recuerda que tenía la impresión de que uno de sus profesores solo se aprendió su nombre por la frecuencia en la que se refería a ella en clase, le dirigía preguntas para ridiculizarla y le hacía burlas frente a sus compañeros.
“En algunas ocasiones, a mí me gustaba ponerme falditas y me decía: ‘Ay, yo tengo otra estudiante que también está embarazada, pero ella no se pone las faldas así como tú te las pones’. Y yo decía, ¿pero qué tienen que ver?”, cuestionó la estudiante. La Carta de Consideraciones y Derechos a Estudiantes Embarazadas dice que ella tenía derecho al “disfrute de un ambiente de paz, tranquilidad y respeto al derecho a su intimidad y dignidad”. También indica que personas gestantes no serán víctimas de abuso corporal, emocional o presiones psicológicas por razón de su embarazo.
Sin embargo, no fue hasta tres años después de tener a su hija — y durante su entrevista con este medio — que la joven supo de la existencia de esta carta de derechos que, desde 2015, se supone que protege a estudiantes embarazadas en el sistema UPR.
Quien quiera encontrar información de algún caso criminal de alto perfil o del desempeño de algún funcionario de los años 90 o 2000, o sobre la trayectoria de una comerciante, un artista o una atleta, no tiene de otra que ir a la colección de periódicos y revistas de la Biblioteca José M. Lázaro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Hace dos semanas intenté corroborar algunos datos históricos mientras editaba varios textos. ¿Quiénes habían sido los periodistas que cubrieron el Departamento de Educación en los 90 antes de que Víctor Fajardo fuera acusado de corrupción en esa agencia? ¿Qué reporteros fueron clave en revelar el caso del Instituto del SIDA, además del fallecido ex representante David Noriega? Me volví a topar con uno de los obstáculos más terribles para cualquier investigador puertorriqueño: no hay archivos históricos en línea de los periódicos, más allá de los últimos 14 años.
Hasta principios de febrero, dos años y medios después de María y un mes después de los sismos de enero, la administración universitaria solo ha resuelto cinco de los 92 señalamientos estructurales identificados por ingenieros.
La universidad pública ha recibido menos del 1% de los fondos reclamados para su recuperación. El ambiente post huracán prevalece en los once recintos, mientras la administración culpa a FEMA y COR3 pero estas agencias se lavan las manos.
En su más reciente libro analiza la cultura del automóvil y sus consecuencias para la vida urbana
