El Negociado de Energía declara ilegales los contratos de alquiler de paneles solares residenciales de la empresa Sunnova

Tenían razón los 436 consumidores que se habían querellado ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en contra de Sunnova Energy Corporation, una empresa de alquiler de paneles solares residenciales. El NEPR reconoció en un informe el entramado de problemas que enfrentan los querellantes: los equipos no rindieron el servicio ni los ahorros prometidos a los consumidores. Estos habían puesto su firma en una tablet para supuestamente hacer una verificación de crédito, pero la empresa usaba la firma para estamparla en un contrato que no les había enseñado. Los clientes se enteraban luego de que, para impugnar las facturas o buscar cualquier remedio, tenían que ir a un proceso de arbitraje (fuera de los tribunales y del NEPR), y pagar gastos de abogados. Así, terminaban amarrados por 25 años a un acuerdo de compra de energía que no habían visto antes de firmarlo y del que no había escapatoria.

Public power versus privatized power: the debate in Puerto Rico before and after Hurricane Maria

From the inside of a cargo container like the ones used to transport food overseas, the town of Sterling, Massachusetts implements the energy system of the future. The general manager of this power services company, Sean Hamilton, walks with his head protected by a white hard hat on his way to the container. He opens the door and proudly shows off some 40 battery towers. They are capable of energizing the town’s emergency management center for 12 hours uninterruptedly, in the case that an extreme weather event destroys the power grid. Between 2017 and 2018 the American Public Power Association granted the utility a distinction for keeping the highest financial, operational and safety standards, and for contributing to the prestige of public companies through his achievements and customer service.

Rosselló se aferra al secretismo del mantengo corporativo en tiempos de bancarrota

El Gobierno de Puerto Rico cierra el año 2018 como defensor de la desprestigiada práctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales. La organización Espacios Abiertos (EA), que promueve la transparencia gubernamental, tuvo que demandar al Gobierno para que este publique un informe con la cantidad de impuestos que le reduce al sector empresarial. La respuesta de la administración de Ricardo Rosselló, que llegó a Fortaleza con una promesa de gobierno transparente, fue indicar que no podía publicar el informe porque contiene información confidencial. Pero EA no está pidiendo detalles como números de seguro social patronal ni información de las planillas de los receptores de estos beneficios contributivos. Lo que solicita es un tax abatement report, que es un informe que detalla cuáles fueron esas reducciones de impuestos, a cuánto ascienden, con qué objetivos fueron otorgadas, qué compromisos contrajeron quienes las recibieron y si en realidad devolvieron a cambio un desarrollo económico.