Public power versus privatized power: the debate in Puerto Rico before and after Hurricane Maria

From the inside of a cargo container like the ones used to transport food overseas, the town of Sterling, Massachusetts implements the energy system of the future. The general manager of this power services company, Sean Hamilton, walks with his head protected by a white hard hat on his way to the container. He opens the door and proudly shows off some 40 battery towers. They are capable of energizing the town’s emergency management center for 12 hours uninterruptedly, in the case that an extreme weather event destroys the power grid. Between 2017 and 2018 the American Public Power Association granted the utility a distinction for keeping the highest financial, operational and safety standards, and for contributing to the prestige of public companies through his achievements and customer service.

Rosselló se aferra al secretismo del mantengo corporativo en tiempos de bancarrota

El Gobierno de Puerto Rico cierra el año 2018 como defensor de la desprestigiada práctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales. La organización Espacios Abiertos (EA), que promueve la transparencia gubernamental, tuvo que demandar al Gobierno para que este publique un informe con la cantidad de impuestos que le reduce al sector empresarial. La respuesta de la administración de Ricardo Rosselló, que llegó a Fortaleza con una promesa de gobierno transparente, fue indicar que no podía publicar el informe porque contiene información confidencial. Pero EA no está pidiendo detalles como números de seguro social patronal ni información de las planillas de los receptores de estos beneficios contributivos. Lo que solicita es un tax abatement report, que es un informe que detalla cuáles fueron esas reducciones de impuestos, a cuánto ascienden, con qué objetivos fueron otorgadas, qué compromisos contrajeron quienes las recibieron y si en realidad devolvieron a cambio un desarrollo económico.

Republican Senators Quietly Pushed Privatization of Puerto Rico’s Power Utility

Republican Senators Jeff Flake of Arizona and Mike Lee of Utah sought to keep secret their interest in the privatization of the Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA), a government-owned corporation. Almost a month after Hurricane María destroyed the island’s energy grid, a representative of Sen. Flake began to send emails to Andrew Biggs, a conservative, pension expert who sits at Puerto Rico’s Fiscal Control Board (FCB), the federally appointed entity tasked with the island’s debt restructuring. “The Flake and Lee offices have quietly been kicking around the idea of legislation to implement the PREPA privatization that members of the [FCB] have advocated,” wrote Chuck Podolak, a former adviser to Sen. Flake, in an email sent to Biggs. “We’re pretty new to the PREPA game and were wondering if we could grab a few minutes for a phone call with you to get some background on what thinking has been done on how to do this [the privatization],” he continued. These communications with FCB members not only reveal the intention of both senators to secretly pull the strings of privatization from the federal sphere, but they also demonstrate the depth of the political subordination of the Puerto Rican territory before the U.S. They further show a lack of independence from the FCB, which is called to act by its own criteria.

Senadores republicanos promovieron “en voz baja” la privatización de la AEE

Los senadores republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Mike Lee, de Utah, querían mantener en secreto su interés de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico. Casi un mes después de que el huracán María destruyera el sistema energético del país, un representante de Flake comenzó a enviar correos electrónicos a Andrew Biggs, un conservador experto en planes de retiro e integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad nombrada por el Gobierno federal para asegurarse de que Puerto Rico pague su deuda pública. “Las oficinas de Flake y Lee han estado impulsando en voz baja la idea de legislación para la privatización de la AEE por la cual los miembros de la JCF han abogado”, escribió Chuck Podolak, entonces asesor del senador Flake, al buzón de Biggs. “Somos novatos en el juego de la AEE y queremos saber si nos pueden dar unos minutos al teléfono para tener trasfondo acerca de qué se ha pensado para hacer esto [la privatización]”, continuaba Podolak. Estas comunicaciones con miembros de la JCF no sólo revelan la intención de ambos senadores de mover los hilos de la privatización de forma encubierta desde el teatro de poder federal, sino que demuestran la profundidad de la subordinación política del territorio puertorriqueño ante EE UU.

Desenfocados los proyectos críticos de Promesa

Construir infraestructura pública para un Puerto Rico en quiebra y rematado por dos huracanes parece una buena idea ante la necesidad de obras urgentes, la falta de empleos y la exigencia de fortalecer la economía. Pero los “proyectos críticos” que se deben aprobar por vía rápida, según lo ordena la ley federal PROMESA, apenas comienzan a ponerse en marcha y generan cuestionamientos. La Junta de Control Fiscal (JCF), el organismo impuesto por el gobierno estadounidense por medio de la Ley PROMESA para mandar sobre las finanzas de Puerto Rico, acaba de aprobar un proyecto crítico que más bien parece uno de esos numerosos parchos con los que el Gobierno resuelve los problemas. Se trata de la expansión del vertedero del municipio de Fajardo, lo que permitirá a nueve ayuntamientos del noreste de la Isla tener un lugar para depositar la basura durante los próximos 20 años. Esa iniciativa da la impresión inicialmente de ser un gran paso, pero sólo compra tiempo ante la crisis generalizada de la basura del País, que no cuenta con un plan inmediato, contundente y abarcador para reducir desperdicios y aumentar el reciclaje.