CHEQUEO: “Nuestro gobierno está preparado… hemos actualizado estos protocolos” – Ricardo Rosselló

VEREDICTO: Engañoso

A menos de 24 horas de que la representación legal del gobierno dijera ante el tribunal que el Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico no está listo, el gobernador Ricardo Rosselló ofreció otra versión que contradice lo que sus abogados informaron ante el juez como parte de la demanda de acceso a la información radicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), para que la administración de turno entregara los planes de emergencia vigentes durante el paso de María y los actualizados. Además, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) también contradijo al gobernador este lunes al enviar al CPI un documento en el cual la agencia confirma que la mayoría de los planes y anejos que conforman el Plan Operacional Conjunto se encuentran en “desarrollo”, en proceso de actualización o traducción, por lo que no están finalizados. El NMEAD indica en el documento entregado el lunes que los planes de 29 agencias están actualizados, pero no los ha entregado. El Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos se compone de un plan general de respuesta a eventos catastróficos, y de tres tipos de anejos: los de los planes por agencia, los de los municipios, y los anejos particulares según el tipo de emergencia (huracán, terremoto, etcétera). Martes, 30 de octubre de 2018: Sala 904 Tribunal Superior de San Juan, Hato Rey, PR

La licenciada del Departamento de Justicia (DJ), Tania Fernández, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) informó en el tribunal que, distinto a lo que ha dicho a la prensa durante meses, el proceso de actualización del Plan Operacional Conjunto no está completado, y que los anejos suplementarios con los planes de emergencia detallados por agencia, municipio y por tipo de evento catastrófico no están listos en espera, en algunos de ellos, de que se complete la subasta para la contratación de las compañías que estarán a cargo de confeccionarlos.

Ideas para la cobertura de desastres y emergencias

La cobertura del huracán María resultó para muchos comunicadores una experiencia ardua, compleja y hasta abrumadora. Ante un panorama donde los periodistas carecieron de energía eléctrica, conexión inalámbrica, acceso a medios de comunicación, la gasolina para transportarse en busca de entrevistas y se enfrentaron a la falta de agua y alimentos para sustentarse, como la mayoría de la población, informar pudo parecer en ocasiones una misión casi imposible. Temas como la seguridad personal durante una emergencia, las fuentes para una cobertura de desastres, cómo manejar las fuentes de agencias federales, el escrutinio del proceso de recuperación y el impacto del cambio climático, entre otros se discutieron durante el tercer día de la jornada 365 días de María, organizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), donde se ofrecieron paneles y talleres prácticos para periodistas y estudiantes de periodismo. “Las historias deben ser más humanas”. Esa es la sugerencia principal del jefe de mesa de la National Public Radio (NPR), Russell Lewis, quien viajó Puerto Rico enviado por el Dart Center for Journalism and Trauma, de la Universidad de Columbia.

Broken island, costly bankruptcy

Puerto Rico’s bankruptcy has cost its people more than $225 million in a year, only in lawyers and financial consultants. The expense in restructuring professional services is projected to surpass $1.2 billion by 2023, including the budget of the island’s federally imposed Fiscal Control Board. I suggested to my editor lines such as these as possible leads for a series of stories over the billing in professional services as part of the Puerto Rico government’s bankruptcy process. I did not succeed. When talking about hundreds of millions of dollars, figures alone fall short in showing the magnitude of the matter.

Un pueblo quebrado, una quiebra costosa

La quiebra de Puerto Rico le ha costado al pueblo más de $225 millones en un año, solamente en abogados y consultores financieros. Se proyecta que el gasto ascenderá a $1,200 millones durante los próximos seis años, incluyendo los gastos de la Junta de Control Fiscal. Empujé líneas como estas, con sus variaciones, como apuesta para comenzar una serie de historias que indagara en la facturación en servicios profesionales dentro del proceso de bancarrota que enfrenta la isla. No tuve éxito. Cuando se habla de cientos de millones de dólares, cifras por sí solas no alcanzan a explicar la magnitud del asunto.

Gobierno confirma que no está listo el plan de manejo de emergencias para todas las agencias

Ante la demanda por acceso a la información incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el gobierno admitió hoy que, distinto a lo que ha dicho a la prensa en los pasados cuatro meses, el proceso de actualización del Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico no está completado, y que los anejos suplementarios con los planes de emergencia detallados no están listos. “Son documentos que al día de hoy no existen”, reconoció la licenciada del Departamento de Justicia (DJ), Tania Fernández, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y de su Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). El gobierno entregó solo una parte de este documento, que es la que está completada. Fernández informó al juez Anthony Cuevas que ni siquiera se ha completado la subasta para la contratación de compañías que confeccionarán estos anejos, por lo que no hay una fecha certera de finalización y entrega de los mismos. Los documentos forman parte de la demanda en contra del DSP, el NMEAD y el Departamento de Salud (DS) tras varios meses de solicitudes para que entregaran los planes de emergencia que estaban vigentes durante el paso del huracán María y los actualizados.

Gobierno hace entrega parcial de planes de emergencia tras demanda del CPI

Los planes de emergencia del gobierno central y del Departamento de Salud (DS) fueron entregados parcialmente el lunes al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), a solo horas de la vista citada para el martes por el juez Anthony Cuevas ante la demanda de acceso a la información que presentó el grupo de periodistas. El Plan de Emergencias Operacional del Departamento de Salud (POE) llegó cerca del mediodía del lunes, pero está incompleto, pues omite sus anejos alegando que no son de divulgación pública. El plan entregado fue promulgado por el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, en marzo de 2018 y tiene escasa información, está lleno de oraciones genéricas, e incluso contiene cifras obsoletas (como la población de Puerto Rico que ubica en 3.7 millones). El documento omite detalles esenciales como la lista de hospitales regionales que serían designados como ancla en situaciones de emergencia o desastres naturales, y los métodos alternos de comunicación en caso de que fallen la telefonía y el internet, como ocurrió por cerca de tres meses tras el paso del huracán María el año pasado. El plan entregado sin anejos no hace referencia a cómo se manejarán los servicios de salud a pacientes con condiciones crónicas como enfermedades renales, cáncer, y diabetes así como los oxígeno-dependientes, que estuvieron entre las principales víctimas mortales del huracán María debido al colapso del sistema de salud público y privado de Puerto Rico.

Organización demanda al gobierno de Puerto Rico por mantener secretos los planes de emergencia

San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este viernes una demanda contra funcionarios del gobierno de Puerto Rico por no hacer públicos los planes de emergencia del gobierno central y del Departamento de Salud. El recurso legal quedó sometido el viernes en la mañana luego de que cuatro periodistas del CPI solicitaran durante los pasados meses, en distintas instancias, el Plan para el Manejo de Emergencias vigente antes del huracán María y el mismo plan revisado luego del huracán, así como el Plan de Respuesta de Salud Pública a Desastres Naturales y Emergencias actual. La demanda está dirigida al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. “Esta administración ha enviado múltiples comunicados de prensa indicando que estos planes de emergencia están listos, sin embargo, se niega a mostrarlos y pretende que creamos por fe que lo están. Nuestro trabajo es fiscalizar”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

Rendición de cuentas durante el desastre

La falta de un protocolo para contabilizar muertes en caso de una catástrofe, la necesidad de que los médicos reciban adiestramiento para llenar los certificados de defunción como corresponde, el que el gobierno no haya implementado el plan de emergencia tras el huracán María fueron algunos de los temas que se destacaron durante el panel sobre rendición de cuentas, que se llevó a cabo durante el evento 365 días de María, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Al evento fueron convocados los funcionarios responsables de las decisiones tomadas tras María, a saber, el gobernador Ricardo Rosselló, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, entre otros, pero ninguno de éstos asistió. El senador Henry Neumann participó del panel junto con el exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Epifanio Jiménez, y Nancy Vega, exdirectora del Registro Demográfico. Culpan a los médicos
Neumann indicó que ninguna de las universidades que hicieron estudios relacionados a la cantidad de fallecimientos tras el paso del huracán María, incluyendo George Washington University, tiene las herramientas para llegar a un “cálculo responsable” de las muertes, ya que el problema principal estribó en la forma en que los médicos llenaron los certificados de defunción. Neumann, presidente de la comisión de Seguridad Pública, es autor Proyecto del Senado 713, que busca establecer un protocolo científico para contabilizar las muertes tras eventos catastróficos.