CoreCivic: la empresa que falla pero consigue más contratos

Los acuerdos de los traslados, así como tres contratos que recibió CoreCivic para administrar cárceles en Puerto Rico durante la administración de Pedro Rosselló en 1994, fueron un fiasco. Pero aún así la administración de Ricardo Rosselló decidió dar otra oportunidad a CoreCivic. Hace cuatro meses el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le adjudicó un contrato que podría costar $125 millones en cinco años para trasladar de forma escalonada al 30 por ciento de la población penal de la isla a cárceles de esa empresa en Estados Unidos.

“Los planes que tenía el gobierno eran para enfrentar un huracán categoría 1”.

El Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo atribuyó las fallas del gobierno durante la respuesta tras María a que “los planes que tenía el gobierno eran para enfrentar un huracán categoría 1”, según dijo en una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo. El funcionario sostuvo que ni el gobierno de Puerto Rico, ni el federal, ni el sector privado estaban preparados para un evento atmosférico de la magnitud del ciclón ya que los planes de emergencia estaban basados en las experiencias de huracanes previos. “Yo siempre lo he dicho desde que tomé las riendas del Negociado, que Puerto Rico tenía un plan para un huracán categoría 1 que es lo Puerto Rico realmente ha vivido por los últimos años”, aseguró Acevedo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Señaló, que el desastre más reciente que se pudo haber utilizado como referencia fue el huracán Katrina pero, de acuerdo con el funcionario, Puerto Rico no tenía un plan basado en ese escenario porque no se pensaba en un huracán categoría cinco azotando la isla. Acevedo dijo al CPI que el plan utilizado para manejar la emergencia en María fue preparado por la pasada administración y no contemplaba aspectos que se tuvieron que atender, como la distribución de combustible y el colapso total de las comunicaciones; lo que alegadamente provocó que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) tuviera que tomar control del operativo de respuesta.

El acceso a la información durante una emergencia

“En un desastre natural, como en la guerra, surge el instinto de saber qué pasó y qué está pasando, y, el instinto de las estructuras de poder para manipular la realidad, para mover las cosas a como convienen que se conozcan; y ambos instintos están en conflicto”. Bajo esta premisa, el cofundador del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Oscar Serrano, inició el panel sobre los retos del acceso a la información celebrado en el evento 365 de María del 18 al 20 de septiembre de 2018. La conversación ocurrió una vez la periodista Omaya Sosa Pascual concluyó su conferencia magistral Los muertos hablan que comenzó la jornada de tres días. A pesar de que el gobierno muchas veces favoreció con información a los medios de comunicación internacionales dejando en segundo plano a los de Puerto Rico según se relató en el foro, CNN se vio en la necesidad de unirse al CPI en una demanda incoada contra el gobierno por acceso a información. “Puedes solicitar, pero nadie va a responder.

Las comunidades luchan por recuperarse

Las comunidades no esperaron por el gobierno cuando la destrucción y la necesidad se apoderaron de Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 tras el huracán María. Hubo organizaciones comunitarias que fueron la primera línea de ayuda para buscar soluciones inmediatas, salvar vidas y dar la mano a los damnificados. Y hay algunas que luchan, un año después, por ser protagonistas de su recuperación. Sin embargo, estas organizaciones y sus líderes enfrentaron grandes retos, según discutieron en el panel “Las comunidades luchan para recuperarse”, durante el evento 365 días de María, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) del 18 al 20 de septiembre de 2018 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El panel fue moderado por el profesor y psicoanalista, Alfredo Carrasquillo y los participantes fueron Lucy Cruz, presidenta del G8, que agrupa las comunidades del Caño Martín Peña, Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), José Oquendo, director ejecutivo del proyecto P.E.C.E.S de Punta Santiago en Humacao Wilfredo López Montañez, líder comunitario del barrio Sonadora de Aguas Buenas y Christine Nieves, líder comunitaria del proyecto Apoyo Mutuo Mariana en Humacao.

Los muertos hablan

El pasado 20 de septiembre, cuando cedieron los vientos de María y salí por el portón de mi casa supe que nada sería igual en Puerto Rico. En ese momento milagrosamente me entró un texto de la colega Frances Robles, del New York Times, dónde me preguntaba cuál era la historia más importante y, aunque aún no entendía bien el nivel de la devastación que había dejado atrás el huracán en menos de 12 horas, alcancé a decirle en ese último suspiro de señal, que no sabía, pero que esto era lo peor que había visto yo en mis 45 años de vida. 48 horas más tarde, ya estaba clara en lo que estaba pasando. La devastación de este huracán era de una magnitud abismalmente distinta a los anteriores en nuestra historia moderna. Como bien saben todos los que están aquí, la isla completa quedó sin electricidad, sin telefonía, sin internet, sin supermercados, sin acceso en las carreteras, sin combustible, y sin medios de comunicación.

La Jurado #10

Puerto Rico es una de solo dos jurisdicciones en todos los Estados Unidos donde la pena capital es inconstitucional a nivel local. En el 1927 se ejecutó a la última persona condenada a muerte en el sistema de justicia puertorriqueño. La constitución, ratificada en el 1952, parecía ponerle punto final al tema de la pena capital en la isla.

Demografía y prensa: Colaboración esencial para llevar la historia de las muertes de María

Las muertes relacionadas al huracán María fueron la principal historia de la prensa de Puerto Rico en los últimos meses.  Sin embargo, justo después del huracán esto no fue así.  Mientras muchos tratábamos de sobrevivir luego del huracán, la poca información que llegaba por la radio apuntaba a pocas muertes después del huracán.  La primera en desmentir la información oficial fue la reportera Omaya Sosa Pascual del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).  Prácticamente, el CPI estaba realizando la labor que el gobierno se negó hacer, llevar la verdad sobre las muertes después del huracán.  Contra vienta y marea, el CPI llevó las historias de las personas que fallecieron por el huracán mientras el gobierno seguía escondiendo los datos. Lo que comenzó con la reportera Omaya Sosa, se convirtió en un proyecto colaborativo con otros medios de comunicación y personas de diferentes áreas como la demografía y epidemiología.  Ante la negativa de revelar los datos públicos de mortalidad del Registro Demográfico, el CPI demandó y le ganó al gobierno de Puerto Rico.  El gobierno tuvo que hacer publicos los datos de mortalidad.  Los demógrafos debemos agradecer al CPI porque su iniciativa abrió la puerta para que por primera vez, en muchos años, los datos de mortalidad sean públicos y se actualicen semanalmente en el portal del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Con sus limitados recursos, el CPI buscó la ayuda de profesionales para trabajar con los datos de mortalidad.  Cuando me contactaron no dude en decir que sí porque el proyecto era demasiado importante.  Entré al proyecto del CPI, Prensa Asociada y Quartz luego que ganaran la demanda. Fue una experiencia de aprendizaje tanto para mí como para los periodistas del CPI.  Aprendí que en este tipo de historia la parte humana va por encima de los datos.  Los datos fueron un instrumento para validar los cientos de historias de los familiares de las personas que murieron directa o indirectamente por el huracán.  Los reporteros aprendieron que generar este tipo de datos requiere mucho trabajo y dedicación.  Al final valió la pena, el producto final tiene una calidad poco vista en Puerto Rico.