A combative year for transparency

The fight for access to information in Puerto Rico says farewell to 2018 with important court victories, but we welcome 2019 with a red flag about how the execution of public affairs that affect us today, and will affect us for decades to come, is taking place under a shroud of darkness worse than the one we had before Hurricane María struck. The intention of being transparent about public affairs was one of the things that the hurricane blew away and which has not been recovered. That said, we anticipate the need — as it happened in 2018 — for more individuals and organizations to turn to the courts to exercise their constitutional right to access to information. One example that the government is counting on secrecy on public affairs now that decisions are being made regarding the hundreds of millions of dollars in recovery funds, the debt adjustment plans and the privatization of assets such as the power system, is contained in two legislative bills moving forward on the issue of transparency: Senate Bill 236 (about open data) and House Bill 1095 (about transparency.)

In both cases, the Transparency Network, a work group that comprises, among others, the Center for Investigative Journalism (CPI, by its initials in Spanish,) Open Spaces, Sin Comillas and GFR Media, presented amendments so the measures would not represent a step back or even a violation of current constitutional rights to access. However, after the suggestions were accepted and presented by House Speaker Carlos “Johnny” Méndez, all it took was one call from La Fortaleza to tear the amendments apart and return the bill to its dangerous original state.

Un año combativo para la transparencia

La intención de ser transparente sobre los asuntos públicos fue una de las cosas que el huracán se llevó y no se ha recuperado. Por eso, anticipamos la necesidad de que, como sucedió en 2018, cada vez más individuos y organizaciones tendrán que recurrir a ejercer en los tribunales su derecho constitucional al acceso a la información.

Rafael Rodríguez Mercado: el secretario ausente

A semanas del paso de María el Secretario de Salud desapareció de las conferencias de prensas, no estuvo disponible para entrevistas y no volvió a tocar el tema de las muertes causadas por el huracán y mal estado de los hospitales. Sin embargo, una investigación del CPI reveló que Rodríguez Mercado sí está muy activo en su sala de operaciones y en las redes sociales.

McKinsey: Puerto Rico Bondholder and Fiscal Board’s Lead Adviser

The world’s largest financial consulting firm leads the operations of Puerto Rico’s federally appointed Fiscal Control Board, as evidenced by emails obtained by the Center for Investigative Journalism. McKinsey also owns Puerto Rico bonds and is subject of various investigations, including one commissioned by the entity imposed by the federal PROMESA law.

Lersy Boria: “Yo no fiscalizo. Yo no tengo poderes delegados para imponerle [a la Policía] una multa por los actos de hoy”.

El ciclo de protestas de grupos feministas para exigir que se declare un “Plan de Emergencia Nacional contra la Violencia de Género” culminó hace unas semanas con enfrentamientos entre oficiales de la Policía de Puerto Rico y manifestantes frente a La Fortaleza. Las autoridades arrojaron gas y pimienta a las mujeres, admitió la Policía. Otras alegaron haber sido empujadas violentamente por los agentes para evitar que se acercaran a La Fortaleza a entregar un documento con sus peticiones. La Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria lamentó la respuesta violenta de la Policía; pero sostuvo que no podía investigar si hubo un manejo inadecuado de fuerza de la parte de la uniformada. “Nosotros estamos en total desacuerdo de violencia contra las mujeres.

Rosselló se aferra al secretismo del mantengo corporativo en tiempos de bancarrota

El Gobierno de Puerto Rico cierra el año 2018 como defensor de la desprestigiada práctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales. La organización Espacios Abiertos (EA), que promueve la transparencia gubernamental, tuvo que demandar al Gobierno para que este publique un informe con la cantidad de impuestos que le reduce al sector empresarial. La respuesta de la administración de Ricardo Rosselló, que llegó a Fortaleza con una promesa de gobierno transparente, fue indicar que no podía publicar el informe porque contiene información confidencial. Pero EA no está pidiendo detalles como números de seguro social patronal ni información de las planillas de los receptores de estos beneficios contributivos. Lo que solicita es un tax abatement report, que es un informe que detalla cuáles fueron esas reducciones de impuestos, a cuánto ascienden, con qué objetivos fueron otorgadas, qué compromisos contrajeron quienes las recibieron y si en realidad devolvieron a cambio un desarrollo económico.