Periodista investigativo especializado en medioambiente, agricultura y privilegios fiscales. Estudió lenguas extranjeras en la Universidad de Puerto Rico. Cursó el Máster de la Escuela de Periodismo UAM/El País, en Madrid en 2006. Ha participado en talleres de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y de la organización Investigative Reporters and Editors. Comenzó en 2001 su carrera periodística en El Nuevo Herald de Miami, y luego en las revistas dominicales de El Nuevo Día de Puerto Rico. Trabaja con el Centro de Periodismo Investigativo desde 2012. Las series y las crónicas ‘El impuesto secreto del alcalde Santini’, ‘El tesoro de una científica rebelde’, ‘El pueblo que volvió a soñar con la música’, ‘Le cambian el sabor a nuestro café comercial’ y ‘Paraíso transgénico’ le han merecido premios de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y del Overseas Press Club. Ha colaborado con artículos y producciones para medios internacionales como The New York Times y The Miami Herald.
La falta de reactivos para hacer pruebas ocurre en momentos en que Puerto Rico registra aumentos en muertes confirmadas por COVID-19 y 392 personas permanecían hospitalizadas a mediados de agosto.
La ineficiencia administrativa bajo el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, la falta de fondos y la oposición del sector de las aseguradoras contribuyeron al retraso del funcionamiento del PRHIN.
La localización de Puerto Rico en la ruta de las tormentas atlánticas aumenta la necesidad de terminar con el ciclo de negligencias y errores al momento de implantar la respuesta para este sector de la población.
Puerto Rico ha estado históricamente fuera de importantes estudios, informes y bases de datos de toda clase. El limbo colonial y el mal manejo de la información gubernamental son algunas de las causas. Ahora, cuando la pandemia exige actuar rápido, esa invisibilidad tiene consecuencias.
For almost a decade, the government of Puerto Rico wasted the opportunity to put together an information network that would have provided real-time data to save lives during a pandemic, such as the one caused by COVID-19. When Secretary Lorenzo González left the position as head of the Department of Health (DH) in 2013, that project was in a very early stage. Upon returning to steer the DH in 2020, the agency was not only mired in corruption scandals and mismanagement of the response to the pandemic, but the Puerto Rico Health Information Network (PRHIN) was not operating. PRHIN would have allowed the electronic exchange of medical records among all health care providers, to better care for patients, and send real-time alerts to the DH to monitor any public health threat. The information network system, which has cost more than $ 7.7 million in federal funds, should have been ready six years ago.
Durante casi una década, el Gobierno de Puerto Rico echó a perder la oportunidad de preparar una red de información que hubiera permitido tener datos en tiempo real para salvar vidas durante una pandemia, como la causada por la COVID-19. Cuando el secretario Lorenzo González dejó en 2013 el puesto de jefe del Departamento de Salud (DS), ese proyecto estaba en desarrollo. Al regresar en 2020 a dirigir la agencia, no sólo se encontraba sumida en escándalos de corrupción y malos manejos de la respuesta ante la pandemia, sino que la Corporación de Intercambio Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico (PRHIN, por sus siglas en inglés) no funcionaba. El PRHIN hubiera permitido compartir los récords médicos de los pacientes entre todos los proveedores de servicios médicos, para darles un mejor tratamiento, y enviar una alerta en tiempo real al DS para hacer una vigilancia de cualquier amenaza a la salud pública. El sistema, que ha costado más de $7.7 millones de fondos federales, debió estar listo hace seis años.
President Donald Trump’s administration is steering the response to the coronavirus like a pilot who flies blindfolded. The Department of Health and Human Services (HHS) for 12 years has failed to comply with its obligation to operate a centralized digital platform to share information, as close as possible to real time, about threats to public health such as pandemics. Now it lacks that tool to avoid deaths related to COVID-19. The Government Accountability Office (GAO) has filed three reports, two during the Trump term and one during former President Barack Obama’s tenure, noting that HHS has failed in its legal obligation to design the enhanced situational awareness network. Furthermore, the GAO sent a letter on March 28, 2019 to the highest federal health authority in the US, HHS Secretary Alex Azar II, outlining more than 42 critical actions that the agency has not complied with, including the implementation of this tool.
La administración del presidente Donald Trump dirige la respuesta al coronavirus como un piloto que vuela con los ojos vendados. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS) inclumple desde hace doce años con su obligación de poner a funcionar una plataforma digital centralizada para compartir información, lo más cercana al tiempo real, sobre las amenazas a la salud pública, como las pandemias. Y ahora carece de esa herramienta para evitar muertes por el COVID-19. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE UU (GAO) ha preparado tres informes, dos durante la presidencia de Trump y uno durante la administración del expresidente Barack Obama, en los que señala que HHS ha fallado en su obligación legal de crear esa red de estado de situación de la salud pública. Además, la GAO envió una carta el 28 de marzo de 2019 a la máxima autoridad de salud federal, Alex Azar II, secretario de HHS.
