Salud no supervisa la administración de las vacunas COVID-19

El Departamento de Salud llevaría casi dos meses repartiendo las vacunas del COVID-19 a ciegas, sin requerir ver la justificación de a quiénes los proveedores le administran las dosis y por qué. Así lo alega una certificación emitida por la subsecretaria de Salud y persona a cargo del esfuerzo de vacunación, la Dra. Iris Cardona, en respuesta a la demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitando los datos que ella misma dijo que tenía y que utilizaría para fiscalizar a los proveedores para que cumpliesen con las directrices de la agencia en el proceso de inmunización. El secretario Carlos Mellado también ha dicho públicamente que está investigando casos de personas vacunándose fuera de fase y que habría consecuencias, sin embargo, no ha precisado la cantidad de casos que investiga y no fue sino hasta la semana pasada, tras la demanda del CPI, que dijo que establecería un sistema para poder multar a los que incumplan con las directrices de vacunar en este momento solo a los adultos mayores de 65 años.  
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El CPI publicó la semana pasada que hay decenas, sino cientos o miles de personas, que se han vacunado desde el 15 de diciembre saltándose la fila de los grupos de prioridad según las fases establecidas por el Departamento de Salud (DS), incluyendo personas de 20, 30 y 40 años sin exposición directa al virus.

Gobierno no implanta su propia estrategia de vacunación contra COVID-19

El Departamento de Salud de Puerto Rico no ha dado prioridad en la vacunación contra el COVID-19 a las personas más vulnerables a morir por la pandemia, los adultos mayores, quienes esperan en fila por sus dosis mientras decenas de personas, sino cientos o miles, se saltan el turno y se vacunan fuera de fase, según ha documentado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de confidencias, documentos y evidencia colgada en las redes sociales. Varias decenas de personas han dado testimonio de que se ha vacunado a empleados públicos, a allegados a hospitales y a médicos que no tienen contacto con pacientes y trabajan remoto, a periodistas, a empleados de la empresa privada y a otras personas que no cualifican para las fases en proceso, la 1A y el primer inciso de la 1B, pese a que no hay suficientes dosis llegando a la Isla para los 600,000 residentes mayores de 65 años. Entre los vacunados hay jóvenes y adultos de 20, 30 y 40 años que no están en escenarios de exposición directa al virus. Entre los empleados públicos vacunados a destiempo figuró personal del Municipio de San Juan bajo la administración de la ex alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, y de la Comisión Estatal de Elecciones, según trascendió en los medios. El CPI también recibió evidencia de que el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Segundo Rodríguez Quilichini, se colocó en el primer lugar de prioridad de vacunación junto a los ex rectores de la institución, a pesar de estos no estar necesariamente en contacto con pacientes, e incluyó a estudiantes y miembros de la facultad “seleccionados para representar a su escuela” para ser vacunados el pasado 28 de diciembre.

Puerto Rico Excluded From Trump’s White House COVID-19 Task Force Reports

The White House COVID Task Force has been conducting state-by-state weekly analyses of the status of the pandemic and has issued reports with specific recommendations to all state governments for more than six months but has left Puerto Rico out. Apparently, the White House also forgot about the other US territories: Virgin Islands, Guam, Samoa and Mariana Islands. When combined, 3.6 million people live in the four territories. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) detected the omission during a review of the reports, obtained and published by The Center for Public Integrity. In the case of Puerto Rico, the exclusion was also confirmed by the Puerto Rico Health Secretary under the prior administration, and with new Gov. Pedro Pierluisi.

Puerto Rico quedó fuera de los informes del Task Force sobre COVID-19 de la Casa Blanca de Trump

El COVID Task Force de la Casa Blanca ha estado haciendo análisis semanales del estado de situación de la pandemia y emite un informe con recomendaciones a cada uno de los gobiernos estatales hace más de seis meses, pero ha dejado afuera a Puerto Rico. Al parecer, la Casa Blanca también se olvidó de sus demás territorios: Islas Vírgenes, Guam, Samoa e Islas Marianas. Entre los cuatro territorios, viven 3.6 millones de personas. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) detectó la omisión en una revisión de los informes, obtenidos y publicados por The Center for Public Integrity, y en el caso de Puerto Rico, confirmó la exclusión con el secretario de Salud de la pasada administración, el Dr. Lorenzo González Feliciano, y con el nuevo gobernador Pedro Pierluisi. Ambos indicaron a través de sus portavoces que no habían recibido informe o comunicación alguna de parte del COVID Task Force de la Casa Blanca.

El Gobierno dejó en la nada el plan para proteger del COVID-19 a las personas sin hogar

Hace ya casi diez meses, dos días después de que se estableciera un periodo de cuarentena, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una orden ejecutiva que pretendía atender las necesidades de las personas sin techo durante la pandemia. Mientras la mayoría de los puertorriqueños debían permanecer en sus hogares, las personas sin hogar requerían especial atención. 

La orden establecía que los secretarios de Vivienda, Salud y Familia deberían trabajar en conjunto con las organizaciones comunitarias para crear centros de asistencia que fueran espacios seguros, donde las personas sin hogar pudieran hacer cuarentena, recibir servicios de apoyo y realizarse las pruebas de COVID-19. Para esto, el Departamento de la Vivienda federal asignó $12.4 millones del Emergency Solutions Grant Program (ESGP) el pasado mes de abril. Un mes después de firmada la orden, el plan sobre papel era crear un centro de asistencia en Santurce. 

A punto de finalizar el año, el plan que aseguraban tener casi listo, ya no existe. Según el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, la orden para que se detuviera el proceso vino del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, ya que, a su parecer, los hospitales darían abasto para que las personas sin techo que dieran positivo a COVID-19 pudieran tratarse y hacer cuarentena en los mismos. 

González Feliciano no ha atendido durante más de un mes una petición de entrevista del CPI para explicar por qué no se cumplió la orden ejecutiva, cómo se atendió a esta población y qué se hizo con los fondos asignados.

Alza de COVID-19 en menores e indicadores de riesgo deben evaluarse para reabrir escuelas

Miguelina Rojas no se siente cómoda con tener que llevar a la escuela a su nieto, Chenel Saúl Minaya, si finalmente el Gobierno opta por la reapertura de los planteles en enero. “No me gustaría la cuestión presencial por este aumento en los casos [de COVID-19] en Puerto Rico”, aseguró Rojas. Su nieto, sin embargo, quisiera dejar las clases virtuales para volver a interactuar en persona con sus amigos. Rojas, quien vive en Santurce en el residencial Las Margaritas con Chenel, asegura que no ha tenido ninguna comunicación o información de la escuela pública donde estudia su nieto sobre la posibilidad de comenzar clases presenciales. Incluso, visitó esta misma semana el plantel para hacer una gestión sobre el subsidio del internet para los estudiantes y dice que del regreso a la escuela, no le mencionaron nada.

Abuelos que crían ahora también son maestros

Estar sentado en un pupitre. Mirar la pizarra, llena de números y palabras. Anotar la fecha en el lado superior derecho de la libreta. Mirar hacia al lado y saludar al compañero de clases. 

Ahora, todo es diferente para miles de estudiantes que han pasado de ocupar los salones de clase a estudiar desde las casas de sus abuelos y observar desde una pantalla a sus maestros. El lápiz ahora es un teclado.

COVID-19: The Excess of Hundreds of Deaths in Puerto Rico Has Not Been Investigated by the Government

Atypical death trends during the pandemic have gone unnoticed, but expert analysis begins to identify the keys as to why they occurred and what lessons they hold for the immediate future. By Omaya Sosa Pascual and Jeniffer Wiscovitch | Center for Investigative Journalism

Six months after the government reported the arrival of COVID-19 in Puerto Rico, more than 600 people have officially died from the disease but, in addition, hundreds have died from other causes that have gone unnoticed and that could be directly or indirectly linked to the pandemic. These excess deaths have been masked in the total mortality figure due to the sharp drop that has been registered in deaths due to crimes, accidents, and trauma on the island. The Department of Health (DS, in Spanish) has been using so far the monthly death toll number on the island to monitor the status of COVID-19, without detailing the significant changes in deaths from specific causes. These deaths, identified as deaths in excess of those that regularly occur in Puerto Rico, happened mainly during the period of the initial strict lockdown that the government of Puerto Rico implemented between March and April, and were focused on chronic conditions that have been associated as high risk for the virus, according to an investigation by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) that included mortality data and interviews with more than a dozen experts.