Tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha levantado la voz de alerta sobre el uso doméstico de estos drones denunciando su uso contra ciudadanos estadounidenses.
El listado de diversas querellas presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental incluye a alcaldes de varios municipios y a otros funcionarios que se aprovechan de sus cargos.
Las operaciones revelaron además, un patrón de atraso de hasta tres meses desde la fecha de radicación de las querellas a la publicación de las mismas en el portal cibernético de la agencia.
El ex administrador de la Administración de Servicios Generales, Carlos E. Vázquez Pesquera, se expone a multas de sobre $100,000 de progresar una querella en su contra ante la Oficina de Ética Gubernamental.
La Administración de Servicios Generales (ASG) revocó una subasta ya otorgada para acomodar a la compañía de seguridad St. James Security Services Inc., propiedad del mecenas de la cultura y prominente contribuyente del Partido Nuevo Progresista, Guillermo Martínez. En el ojo de la tormenta está la feroz competencia por uno de los principales mercados de la industria de la seguridad y las cámaras de vigilancia: las dependencias de todo el gobierno. En las bandas exteriores, una funcionaria que, tras revocar la subasta fue nombrada fiscal federal auxiliar, y una compañía con poderosas conexiones políticas en Puerto Rico y Estados Unidos. Trasfondo de la controversia
En julio de 2011, la ASG convocó la subasta 10-7-227 para recibir propuestas para servicio de vigilancia para las agencias, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico.
El mismo fiscal Francisco Sánchez Rodríguez, a quien se le imputan serias irregularidades en el caso de Comunidades Especiales, está nuevamente cuestionado, esta vez ante el Tribunal Supremo, por los abogados defensores de un hombre que está encarcelado hace once años reclamando su inocencia. El Centro de Periodismo Investigativo entrevistó al convicto en la cárcel y al fiscal. También reseñamos los argumentos de la defensa ante el Tribunal Supremo que enumeran las alegadas irregularidades de este caso.
Las advertencias de las comunidades vecinas a la empresa Applied Energy Systems (AES) en el sur sobre la amenaza a su salud y al ambiente de las cenizas que produce la planta generatriz fueron confirmadas en un informe del Senado que exhorta a detener el uso de los desperdicios del carbón y compara su peligrosidad al asbesto. Las más de 1,000 toneladas de desperdicios producto de la quema del carbón para generar energía son utilizados, entre otras cosas, en el producto conocido como Agremax que se usa como relleno en obras de construcción y pavimentación de carreteras en la Isla. La contundente recomendación está contenida en un informe de la Comisión senatorial de Recursos Naturales y Ambientales que rechaza la aprobación de la Resolución Concurrente de la Cámara 877 que recomendaba que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) adoptara un reglamento sobre la utilización de los productos derivados de la combustión de carbón. Los derivados son utilizados en proyectos de infraestructura. “…aprobar la R.C. de la C. 877 significaría legitimar unos usos que creemos que deben ser evaluados mucho más profundamente, a la luz de lo planteado.
El Departamento de Salud de Puerto Rico carece de una política pública para el tratamiento de la Hepatitis C, lo que resultará en que unos $2 millones en medicamentos para tratar la enfermedad comiencen a expirar en varias semanas y vayan a parar al zafacón, confirmaron por separado varias fuentes al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Las fuentes, de diversas disciplinas profesionales, advirtieron que la falta de fondos públicos paralizó una iniciativa comenzada con una asignación de la Asamblea Legislativa de $10 millones bajo la incumbencia de la exgobernadora Sila María Calderón y Johnny Rullán como secretario de Salud aproximadamente a mediados de la pasada década. Para entonces, el gobierno contrató los servicios de clínicas de gastroenterología en el sur y oeste de Puerto Rico para recibir los pacientes referidos por los médicos primarios que atendían a los beneficiarios de la Reforma de Salud. Para esa década, se instituyó el Día Nacional de Hacerse la Prueba de Hepatitis C y los resultados iniciales fueron alarmantes, al registrarse cerca de 3,000 casos positivos a la condición, lo que puede calificarse de epidémico, según expertos. Por falta de información oficial no fue posible lograr una estadística confiable sobre la cantidad de casos en el País.
