Les îles des Caraïbes se ressemblent par leurs plages turquoise qui captivent les touristes, mais leur gestion de la pandémie a été pleine de contrastes. Lorsque les îles Caïmans avaient 81% de sa population entièrement vaccinée contre le COVID-19 fin octobre 2021, Haïti, avec 0,3%, était l’un des trois pays au monde avec le moins de personnes vaccinées. Et en Guadeloupe, malgré des doses de surplus, la majorité de la population ne veut pas se faire vacciner.
Las islas del Caribe se asemejan en sus playas turquesa que cautivan al turista, pero su manejo de la pandemia ha estado lleno de contrastes. Cuando las Islas Caimán tenían el 81% de su población completamente vacunada contra el COVID-19 a finales de octubre del 2021, Haití, con 0.3%, era de los tres países del mundo con menos inoculados. Y en Guadalupe, a pesar de contar con dosis de sobra, la mayoría de la población no se quiere inmunizar.
The islands of the Caribbean are similar in their turquoise beaches that captivate tourists, but their handling of the pandemic has been full of contrasts. When the Cayman Islands had 81% of its population fully vaccinated against COVID-19 at the end of October 2021, Haiti, with 0.3%, was one of the three countries in the world with the least number of people vaccinated. And in Guadeloupe, despite having doses to spare, most of the population does not want to be immunized.
porPor Sydney P. Freedberg, Agustin Armendáriz y Jesús Escudero | ICIJ |
Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que este asesor y sus socios utilizaron las empresas para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del Gobierno. Un fabricante ruso de rifles Kalashnikov, sometido a sanciones internacionales por conducta indebida, quería vender sus acciones en una gran mina de cobre a una turbia empresa de Mongolia. La venta desató una investigación por corrupción contra el entonces primer ministro de Mongolia. El gigante tecnológico Apple estaba buscando un paraíso fiscal para depositar su montaña de dinero en efectivo en el exterior.
¿Qué son los Pandora Papers? Es una nueva filtración de archivos que fue entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades. ¿Qué es el ICIJ? Es una entidad sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, producto de una alianza de reporteros de investigación de todo el mundo.
Desde una oficina en San Juan, Blue Ocean International Bank brinda un “expertise suizo” a sus clientes. Ofrece servicios bancarios a extranjeros que no sean residentes de Puerto Rico: recibe depósitos, abre cuentas bancarias offshore y realiza transacciones en cualquier tipo de moneda.
Su página web destaca que son discretos. También dice que cumplen con la ley y que están comprometidos con una cultura de cumplimiento. Es decir, verifican la identidad de sus clientes y cuestionan sobre la procedencia del dinero, “cuando es apropiado”.
El dueño de Blue Ocean International Holding LLC — la empresa matriz del banco — es Gilles Rollet, un banquero francés que vive en Miami. Su LinkedIn menciona que preside la Junta de Directores de International Rollet Capital y ExPAM Capital, fundó un banco en Dubai llamado La Trésorerie y trabajó en Goldman Sachs.
Desde el momento en que con su firma la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el nuevo Código Electoral, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se aseguró inmediata e indefinidamente el control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), reveló una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La Ley 58 del 20 de junio de 2020 le otorgó al presidente de la entidad, en aquel momento Juan Ernesto Dávila, nombrado por el pasado gobernador Ricardo Rosselló, el poder de escoger a todos los directores de las diferentes oficinas administrativas sin que tengan que ser confirmados por el voto mayoritario de los comisionados electorales, por ser ahora considerados “funcionarios de confianza” del presidente. Además, el estatuto perpetúa al PNP en la presidencia de la CEE ya que dispone que la nominación a ese cargo recae en el partido de mayoría, redefinido en la nueva ley como el partido que más votos íntegros saque en las elecciones generales. Hasta la aprobación del nuevo Código Electoral, se consideraba partido de mayoría aquel cuyo candidato a gobernador obtuviera el mayor número de votos.
“Corresponderá al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoría, cuyo partido hubiere obtenido en la anterior Elección General la mayor cantidad de votos íntegros en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de Alterno al Presidente”, lee el artículo 3.7 del nuevo Código Electoral. Desde su creación en 1967 y su primera participación en las elecciones generales de 1968, el PNP ha logrado obtener la mayor cantidad de votos íntegros en 10 de los 14 eventos electorales, constató el CPI. La última vez que el Partido Popular Democrático (PPD) obtuvo más votos íntegros que el PNP fue en las elecciones generales de 2000 en las que prevaleció Sila María Calderón.
It was the morning of November 18 when federal Judge Laura Taylor Swain asked several times if anyone had come to the offices of Piloto 151 in Hato Rey to participate in the hearing. A dozen people with masks waited outside, but the official from the federal court in Puerto Rico who was there told the judge that no one had arrived. People were told to go back home. Carmen López was furious when she left, with the lawyer who was there and with the government of Puerto Rico, which, she claims, owes her money. She worked as a public school principal and claims that the Department of Education never paid her salary increases that she should have received since at least the 1980s.
