Seminario “PROMESA” para periodistas: el Título III

El gobierno de Puerto Rico entra en una nueva etapa del proceso que inició el 30 de junio de 2016 cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la “Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” o “PROMESA” (por sus siglas en inglés). El Título III de esta ley plantea que el gobierno, representado por la Junta de Control Fiscal para manejar las finanzas del país, vaya al tribunal a renegociar la deuda con los acreedores desde el 17 de mayo. ¿Cómo se interpreta el estatuto? ¿Quiénes protagonizarán este proceso? ¿Qué esperar del mismo?

Ante la Junta de Control Fiscal una petición para revelar privilegios fiscales a empresas como Monsanto

La Junta de Control Fiscal, entidad federal que negocia la bancarrota de la Isla, recibió una solicitud para que tome acción ante la necesidad de publicar  privilegios contributivos del Gobierno al sector privado, como el mantengo corporativo a Monsanto, en momentos de recortes a la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los servicios de salud y las pensiones. Espacios Abiertos (EA), una organización que promueve la transparencia gubernamental, envió este jueves una carta y un informe a la Junta de Control Fiscal, pidiendo el registro público o presupuesto de gastos fiscales, con el detalle de todos los subsidios, incentivos, exenciones de impuestos, tasas contributivas preferenciales y otros beneficios que recibe el sector privado. La Ley “PROMESA”, aprobada por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda, indica en la sección 208 (b) que los miembros de la Junta o sus empleados no podrán publicar los informes sobre subsidios, y que tendrán que cumplir con las leyes territoriales y federales en el manejo de información confidencial sobre los contribuyentes.

Tanto apretar hasta que explota el paro general

La proliferación de protestas en Puerto Rico era cuestión de tiempo. Sucedieron en Argentina, en Grecia y en la ciudad de Detroit, en respuesta a las políticas de austeridad implantadas por sus gobiernos ante las crisis financieras. En la Isla, el paro general pautado para el 1º de mayo no ha sido convocado exclusivamente contra los recortes de la administración de Ricardo Rosselló, sino contra la Junta de Control Fiscal, el poder que obliga a sacar la tijera, impuesta por Estados Unidos para que la isla pague la deuda. El paro tiene esta vez una dimensión más amplia que la del tradicional Día Internacional de los Trabajadores del 1º de mayo. Los estudiantes, profesores y empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico protestarán contra los agresivos recortes que ponen en jaque la educación pública.

Sick Employees of Transgenic Companies Report their Cases to the Government of Puerto Rico

Agronomist Iris Pellot walked up to a plain laid bare by herbicide. Only crops of genetically modified corn could withstand this agrochemical. With safety goggles, steel-tipped leather boots and a four-month-old pregnant belly, she showed for work with crops from the multinational Monsanto in the village of Isabela, northwest of the transgenic epicenter of Puerto Rico. Her hands brushed the plants like many times before, but that day, her skin was marked with embossed red lines, as if it had been whipped with a burning wand. Pellot raises her head to catch some air, scratching her neck as if her throat was still stinging, and goes back to that day of 2010 in a mental journey.

Una alfombra roja de mantengo corporativo impulsa los transgénicos en Puerto Rico

Durante la década de la crisis fiscal en Puerto Rico, cuando la Isla se convirtió en el primer centro de experimentos con semillas transgénicas, el gobierno regaló a estas multinacionales más de $526 millones. Estos beneficios incluyen descuentos en las patentes de Juana Díaz e irrigación para las fincas a precios reducidos, así como tasas contributivas preferenciales, exenciones, incentivos industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur.