La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.
The Center for Investigative Journalism reveals how the rules for company AES in Puerto Rico were changed backstage. In addition, officials from government agencies react to the coal ash problem.
Lograr que las agencias federales a cargo de la inmigración a Puerto Rico informen sus datos es una verdadera odisea.
Mientras preparábamos una serie sobre el tema de la migración caribeña, algunas dependencias federales brindaron al Centro de Periodismo Investigativo información incorrecta, que en ocasiones corrigieron y en otras no, y en otros casos nunca ofrecieron sus datos o tardaron entre diez y 12 días en dar la información. Además, el CPI identificó incongruencias y errores en estadísticas oficiales que de no haber sido corroboradas, hubieran sido publicadas e inducido a error a los lectores. La información fue solicitada por el CPI para la serie sobre inmigración haitiana y dominicana hacia Puerto Rico a la Guardia Costera de los Estados Unidos, a la Oficina de la Fiscalía Federal, al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (conocida como Border Patrol). Estas agencias están obligadas por el Freedom of Information Act (FOIA) a ofrecer la información solicitada, además de que deben mantener los números actualizados y disponibles, así como tener coherencia entre ellas, o al menos eso se esperaría para que su trabajo sea efectivo. Fiscalía Federal se cuelga medallas que no le tocan
La jefa interina de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, declaró al CPI que la cantidad de inmigrantes que llegan a la isla ha bajado considerablemente en los últimos años y atribuyó la baja a los esfuerzos del “Grupo Interagencial de la Frontera Caribeña”, compuesto por la Guardia Costera, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico y otras agencias federales “para atajar el tráfico ilegal a través del Canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico”.
Con el auspicio de The Fund for Investigative Journalism
Primera parte de la serie
Rina Landrau, vecina de Santurce que pagó el tax Santini / Foto por Carla Cavina
Hasta Rina Landrau, del humilde vecindario del Caño Martín Peña, pagó el impuesto ilegítimo del alcalde Jorge Santini. La Oficina de Permisos del Municipio de San Juan le cobró $2,050 por una autorización para remodelar su casa de dos niveles, en el sector Buena Vista-Santurce, en el corazón de la capital. Se trataba de una transferencia de derechos de desarrollo que, según la Alcaldía, estaba obligada a pagar aparte de las patentes municipales. Para Landrau, ese cobro se convertiría en un misterio. Ella no intentaba desarrollar nada.
