El sistema de clasificación correccional impide que se sepa el número exacto. Pero el Centro de Periodismo Investigativo obtuvo por primera vez una muestra que permite echar una mirada a esta población históricamente invisibilizada.
El sistema de clasificación correccional impide que se sepa el número exacto. Pero el Centro de Periodismo Investigativo obtuvo por primera vez una muestra que permite echar una mirada a esta población históricamente invisibilizada.
Entrar aquí era una condena. Ahora hay una fila de por lo menos 60 personas que pagaron un boleto para entrar a la Penitenciaría Estatal del Este de Pensilvania. Es domingo 3 de septiembre, una tarde completamente despejada con un calor de 90 grados. Esta es una de las últimas oportunidades que habrá para ver la penitenciaría a la luz de la puesta del sol, antes de que terminen los twilight tours del verano.
Dentro de la penitenciaría hay una exposición. Incluye objetos, fotos y grabaciones sonoras de los encarcelados, los guardias y los empleados que habitaron esta estructura inmensa, considerada una de las primeras cárceles modernas del mundo. Entre los pasillos y los archivos de esta prisión, que estuvo activa del 1829 al 1971 en plena ciudad de Filadelfia, se ve que la población puertorriqueña encarcelada en Estados Unidos ha sido invisibilizada desde siempre.
“Teníamos a este tipo puertorriqueño que llegó a la penitenciaría estatal y yo creo que no sabían qué hacer con él, porque aquí a los negros los tenían en un bloque y a los blancos en otro. Yo ni siquiera recuerdo haber visto a un negro en el bloque de los blancos, o a un blanco en el de los negros”, dice en un audio de la exposición Wilson Floy, guardia que trabajó en la penitenciaría en la década de 1940.
Ocho décadas más tarde, en 2023, el método de identificación y clasificación del sistema correccional todavía hace imposible saber cuántos boricuas hay encarcelados en Estados Unidos, país en donde viven más puertorriqueños que en Puerto Rico.
Aunque los departamentos de Corrección de los estados recogen la información sobre el lugar de nacimiento de las personas privadas de libertad, no la publican como parte de sus informes. Mientras, los puertorriqueños y latinos que nacieron en Estados Unidos quedan invisibilizados bajo las categorías de Black, White, Hispanic o Other.
Por alrededor de seis meses el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hizo solicitudes de información a los departamentos de corrección de cada uno de los seis estados con más puertorriqueños, Florida, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut, para obtener los datos demográficos sobre la población boricua en sus cárceles. La respuesta y forma de entrega de cada uno fue distinta y refleja un sistema de recolección de información fragmentado, desigual y deficiente.
“Estructuralmente estás viendo cómo opera el racismo: tratan de minimizar los argumentos que se han hecho históricamente en términos de que el encarcelamiento en Estados Unidos es un fenómeno racista no teniendo la información de una forma adecuada”, dijo Carmelo Campos, abogado y profesor de penología en el Colegio Universitario de San Juan.
Estados Unidos encarcela a más gente per cápita que cualquier país democrático del mundo, según un estudio del Prison Policy Initiative, un think tank enfocado en política pública sobre el sistema penal. Y además encarcela desproporcionadamente a ciertos grupos, de ahí la importancia de saber las identidades de las personas encarceladas, dijo al CPI Emily Widra, analista senior de Prison Policy Initiative.
En el Censo de Estados Unidos, muchos puertorriqueños se identifican como blancos o como negros, ni siquiera como latinos. Esto, y la deficiencia de los datos recopilados por el sistema correccional, impide que se pueda saber con precisión si los puertorriqueño están siendo encarcelados de forma desproporcionada en comparación con otros grupos.
En el caso de las personas negras estadounidenses, la tasa de encarcelamiento para 2021 era cinco veces más alta que la de las personas blancas en cárceles estatales, según The Sentencing Project, una organización sin fines de lucro que investiga el discrimen racial en el sistema de justicia de Estados Unidos y que aboga por la reducción de la población penal.
La tasa de encarcelamiento entre latinos o hispanos (categorías con la que se identifican algunos puertorriqueños) era de más de 400 entre cada 100 mil habitantes, para 2020. Mientras que la de los blancos era de menos de 200, según el Bureau of Justice Statistics del Departamento de Justicia federal. Pero hay una sospecha generalizada entre organizaciones defensoras de los derechos de las personas encarceladas y entre estudiosos del tema, de que el número de latinos en cárceles en Estados Unidos es mayor que el que reportan las agencias gubernamentales.
The Sentencing Project lo adjudica a un problema de inconsistencia cuando se clasifica a la población latina encarcelada: “con frecuencia se cuentan con métodos conflictivos o contradictorios. Por ejemplo, los ‘hispanos’ se miden racialmente como negros o blancos, y no como un grupo distinto”.
En los seis estados con mayor población puertorriqueña, hay 5,326 hombres y 148 mujeres que nacieron en Puerto Rico y están cumpliendo sentencias que van de un año a cadena perpetua en cárceles estatales, según datos de entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, encontró el CPI.
Pensilvania, el estado en donde se firmó la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, y hogar del equipo de pelota de Roberto Clemente, los Piratas de Pittsburgh, tiene la mayor cantidad de puertorriqueños nacidos en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales: 1,431, a diciembre de 2022. De ese total, 21 eran mujeres. La población boricua en Pensilvania, la tercera más grande en Estados Unidos, es de 466,450, según la Encuesta sobre la Comunidad del Censo de 2021.
En una cárcel municipal de Filadelfia, la ciudad más grande de ese estado, Clay Pizarro, de 49 años y nacido en San Juan, experimentó periodos de aislamiento total cuando estaba encarcelado a la espera de su sentencia. Era el año 2021 y estaban vigentes las restricciones implementadas por la pandemia del COVID-19.
En noviembre de ese año Pizarro tenía una vista sobre su caso. Pero en vez de ser transportado al tribunal lo dejaron encerrado en una sección de la cárcel que fue designada para hacer cuarentena, a pesar de que estaba vacunado y de haber dado negativo al virus. Esto provocó que su procedimiento legal se retrasara por meses, según una demanda de clase por derechos civiles en contra de la Ciudad de Filadelfia que se resolvió a favor de los demandantes.
Pizarro estaba en Riverside Correctional Facility, y temía ser víctima de violencia, porque fue testigo del abuso de guardias correccionales que usaron gas pimienta indiscriminadamente, agredieron físicamente a otros encarcelados y no protegieron a la población penal, según la demanda.
En 2022 Pizarro ingresó finalmente a una cárcel estatal para cumplir su sentencia, convirtiéndose así en una de las 334 personas nacidas en Puerto Rico que entraron a cárceles estatales de Pensilvania tan solo en ese año. En la base de datos públicos de Corrección, Pizarro es identificado como negro.
Al sur, en Florida, cuando tenía 22 años, Ricardo González fue acusado de asesinar a un policía en medio de un robo a un banco que ocurrió en 1992 en Miami. El mismo año fue encarcelado y en 1998 lo sentenciaron a la pena capital. Desde entonces ha apelado su sentencia en varias ocasiones.
En uno de esos intentos por salvar su vida, en 2001, la defensa presentó el testimonio de un neuropsicólogo, quien opinó que, al momento del crimen del que se le acusó, González estaba “bajo una presión mental y emocional extrema porque se crió entre Puerto Rico y Estados Unidos”, por su déficit en el lenguaje inglés, problemas de aprendizaje, necesidad de hacer dinero y una herida cerebral. El estado decidió mantener la sentencia de muerte en contra de González, quien aparece identificado como hispano en la base de datos oficial.
En Florida, la nueva capital de los puertorriqueños en Estados Unidos, había 1,144 hombres y 45 mujeres que nacieron en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales para febrero de 2023. De esos, cinco están sentenciados a muerte, entre ellos González. Florida es el segundo estado, después de Pensilvania, en donde hay más boricuas privados de libertad.
El tercero es Nueva York, con 1,002 hombres y 25 mujeres que nacieron en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales para octubre de 2022. En el vecino Nueva Jersey, había 435 hombres y 14 mujeres, para la misma fecha.
En febrero de 2023, el CPI sometió una solicitud de información sobre los puertorriqueños en cárceles federales al U.S. Department of Justice Federal Bureau of Prisons. La agencia respondió que procesar la solicitud podría tardar hasta nueve meses.
El número de puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos que pudo recopilar el CPI es solamente de personas nacidas en Puerto Rico que están en cárceles estatales. No incluye a puertorriqueños nacidos en Estados Unidos, ni a personas en cárceles municipales que esperan por una sentencia, o las que están en prisiones juveniles, bajo libertad condicional, o en cárceles federales.
Aunque es una cifra incompleta, la población boricua confinada en cárceles estatales de los seis estados con más puertorriqueños es más numerosa que la población del municipio de Maricao en Puerto Rico, que tiene 4,755 habitantes.
Desde afuera, la Penitenciaría Estatal del Este de Pensilvania se ve como una fortaleza medieval. Ocupa alrededor de nueve cuerdas de terreno con muros de 30 pies de alto en Fairmount Avenue, una calle comercial de Filadelfia en donde la gente toma café en mesas al aire libre que miran hacia la entrada de la antigua prisión.
Al Capone, el gangster por excelencia de la era del prohibicionismo, estuvo en esa cárcel en 1930. El mismo año, el 4 de diciembre, ingresó allí un personaje mucho más noble y totalmente desconocido, un marinero puertorriqueño de nombre Mario Pacheco, alias Tony Jerry, Mario Reyes o Margaro Pacheco.
Reyes nació en 1904 en el pueblo montés de Comerío. Cuando fue ingresado por segunda vez a la penitenciaría en Filadelfia, en 1934, tenía 31 años. Pero en la foto de identificación penal se ve mayor. Tal vez por el cansancio. Se le nota en los ojos, la seriedad, el aire de resignación
En el encasillado de residencia de la tarjeta dice, “este prisionero ha estado en la cárcel casi todo el tiempo desde que llegó a Estados Unidos”. Y se le describe como de ojos marrones, pelo rizo y “swarthy complexion”, un término ya obsoleto que podría traducirse como “de tez morena”. En otro documento de la penitenciaría fue clasificado como “negro”.
Pacheco, quien según la identificación tenía un tatuaje de una lápida y la palabra "Mother” en el hombro izquierdo, fue acusado, en 1934, de robar “dry goods” de una bodega. Pudo haber sido café, azúcar, telas o tabaco, pero los documentos no especifican el producto exacto, ni la cantidad. Pasaron seis años hasta que pudo salir de la cárcel bajo libertad condicional.
Manuel Fernández, de Lancaster, Pensilvania, entró a la misma penitenciaría en 1936, también por robo, y salió en 1944. En el censo penal de 1940 fue clasificado como “blanco”. Lugar de nacimiento: “Porto Rico”.
En 1940 la mayoría de las personas encarceladas en la penitenciaría eran estadounidenses, según el censo. Había un ruso, un italiano, un letón, un cubano y un puertorriqueño, Fernández. Si esta penitenciaría continuara funcionando hoy, habría muchos más latinos en su interior cumpliendo sentencias.
Entre 1985 a 1995, el número de latinos en cárceles estatales y federales en Estados Unidos aumentó 219%. La tendencia continuó hasta que los latinos se convirtieron en el 2021 en el grupo de personas encarceladas de mayor crecimiento. Actualmente representan alrededor del 15% de todas las personas sentenciadas en cárceles estatales y federales en Estados Unidos, según The Sentencing Project.
En un patio exterior de la Penitenciaría Estatal del Este Pensilvania hay una escultura llamada The Big Graph. Es color gris y roja, mide más de 16 pies y pesa 3,500 libras. Es una gráfica de barra gigante que representa la expansión del sistema carcelario estadounidense en los últimos 40 años, calificada como una “histórica en escala”. Esas columnas, que se dibujan contra el cielo como una ciudad que ha crecido vertiginosamente, condensan una historia de racismo institucional y criminalización de la pobreza.
Por más de un siglo, Estados Unidos encarceló entre 100 a 200 personas por cada 100 mil habitantes. Eso comenzó a cambiar a partir de 1970. Leyes nuevas y sentencias más largas comenzaron a aumentar dramáticamente la población penal, hasta el punto en que para el 2014 encarcelaron cerca de 700 personas por cada 100 mil habitantes.
La tasa de criminalidad ha ido subiendo y bajando a través de los años y mayormente es independiente de la tasa de encarcelamiento, se explica en la exposición de la penitenciaría de Pensilvania. Esto implica que el aumento de personas en la cárcel no se relaciona con un aumento en la criminalidad, sino que se trata de un sistema que se ha vuelto cada vez más punitivo.
La expansión de lo que los expertos llaman el “estado carcelario” ha ido de la mano con el discurso de “Ley y Orden”, lanzado en la campaña presidencial de Richard Nixon en el ‘68, y revigorizado en la década de los ‘80 bajo la presidencia de Ronald Regan.
En su libro de 1994, El día menos pensado: Historia de los presidiarios en Puerto Rico, el historiador Fernando Picó dice que “la cárcel no es la solución. Es el problema. Eliminar la cárcel debería ser una prioridad pública”.
En Estados Unidos la inmensa expansión carcelaria de las últimas décadas tiene pocos defensores. Pero las reformas para disminuir el número de personas encarceladas han sido mínimas también, dice Marie Gottschalk, profesora de la Universidad de Pensilvania y especialista en justicia penal, en su libro Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics.
Una de las reformas que deberían implementarse para reducir el tamaño de la población correccional, además de expandir los bonos por buena conducta y la libertad condicional por edad o causas médicas, es tener un mejor sistema de recolección de datos, dijo Widra, del Prison Policy Initiative.
“Los departamentos de Corrección pudieran hacer eso tan fácilmente, sin que un gobernador les tenga que decir que lo hagan, sin que haya que pasar legislación, ellos pueden, simplemente, recolectar mejor la información… Si supiéramos lo que está pasando en las cárceles el 100 por ciento del tiempo, y quiénes son las personas afectadas, creo que la gente no estaría tan dispuesta a enviar gente a prisión”, apuntó.
